Moises Leonardo Rodríguez Valdés
21 de septiembre de 2007
La Habana – A pesar de los continuos desalojos que tienen lugar en el
país conforme a la ley vigente, han transcurrido más de siete años desde
que fueran ocupadas ilegalmente naves antes destinadas a la cría de
animales y aproximadamente 1/3 de las tierras de la finca San Isidro,
ubicada en el Km. 5 ½ de la carretera que une a Santiago de las Vegas
con Managua, sin que se efectúe el procedente desalojo conforme a la
resolución 293 del 2007 del Ministerio de la Agricultura en la que se
reconoce el pleno derecho de los propietarios y por tanto el carácter
ilegal de la ocupación.
Según la fuente de esta información, Rodolfo Ramírez Cardoso, promotor
de la Corriente Martiana e hijo de la copropietaria de la finca,
Margarita Cardoso Flores, esta situación ha sido presentada a las
instituciones correspondientes del municipio Boyeros, al que pertenece
la finca, así como a las instancias provinciales y nacionales de la
Fiscalía, el Comité Central del PCC, el Consejo de Estado, la dirección
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y al
Ministerio de la Agricultura.
La politización de este caso se ha llevado a cabo con la mentira de que
el cuñado de Ramírez Cardoso, quien estuvo al frente de la finca hasta
su fallecimiento en octubre del 2006, era un opositor al régimen,
explica Ramírez.
"Esto último se basó en que elementos desconocidos colocaron folletos de
Cubanet en las tierras y cercas de la finca con el fin de involucrar a
mi cuñado y el disgusto que provocaron con esta acción contribuyó a su
muerte por infarto unos días después", asevero Rodolfo.
El jurídico de la dirección provincial de la agricultura, nombrado
Justo, ha sido uno de los más negligentes en este caso al extraviar
reiteradamente documentos del proceso entregados por los demandantes,
entre otras irregularidades.
Concluye Ramírez Cardoso refiriendo que sus familiares afectados, todos
integrados al proceso revolucionario, confían en que la ley recién
dictada por el presidente interino sobre los malos desempeños y la
corrupción entre funcionarios públicos conllevara a la aplicación de lo
debido en justicia en este caso inexplicablemente prolongado y con ello
se evitara un muy probable desenlace fatal, dado que ya han sido
victimas los demandantes de amenazas y hasta agresiones físicas y
verbales por parte de los ilegales.
http://www.bitacoracubana.com/desdecuba/portada2.php?id=5482
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