Miami (19 de marzo de 2007).- Los asesinatos, amenazas, acusaciones y
demandas judiciales contra periodistas y medios de comunicación
independientes; así como la supresión de la publicidad oficial para
castigar, son alguno de los temas destacados en las conclusiones de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitidas hoy tras finalizar en
Cartagena, Colombia, su reunión semestral que revisó el comportamiento
de la libertad de prensa en las Américas.
A continuación reproducimos el texto íntegro:
CONCLUSIONES
de la Reunión de Medio Año
Cartagena de Indias, Colombia
16 al 19 de marzo del 2007
Seis periodistas fueron muertos y dos desaparecieron en los últimos seis
meses en México, mientras que otro fue asesinado en Haití. Estos han
sido los ataques más violentos perpetrados contra los medios en las
Américas, donde en general la libertad de prensa ha sufrido un marcado
deterioro en el semestre pasado.
Todos los periodistas asesinados fueron víctimas de las guerras de
pandillas y narcotraficantes, lo que refleja cómo el crimen organizado
ha sido una amenaza física más grande que las diferencias políticas de
antaño para los periodistas en toda la región. Se reportaron cerca de
dos decenas más de casos de amenaza de muerte en Guatemala, Honduras,
Colombia Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Paraguay, Uruguay,
Perú, Venezuela y Brasil, algunos de ellos relacionados con informes de
casos de corrupción.
Las amenazas más típicas contra la libertad de prensa fueron aquéllas
que involucraban presión por parte del gobierno. Los casos más
sobresalientes fueron los de Cuba y Venezuela, donde el presidente
Chávez sigue copiando a las dictaduras latinoamericanas de los años 40.
El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez amenaza con silenciar
la principal cadena de televisión de dicho país, Radio Caracas
Televisión, tras anunciar reiteradamente que no será renovada su
licencia de transmisión por la línea editorial independiente que
mantiene. Un tribunal administrativo le impuso al canal una multa de
1.500 millones de bolívares (700.000 dólares) y el presidente Chávez
declaró que el gobierno pensaba comprar la estación y amenazó
públicamente con expropiarlo si es que no se llegaba a un acuerdo en el
precio. El gobierno manifestó que sus acciones se basaban en las quejas
recibidas sobre la forma en que el canal cubría las noticias. En
Venezuela se lamenta la falta de independencia del organismo judicial,
lo que se traduce en el fracaso del Estado de Derecho, que impide la
defensa legal de los derechos de los medios y los periodistas. Mientras
tanto, aumentó su presión sobre el canal de noticias Globovisión,
imponiéndole multas, presentando demandas judiciales en su contra y
denegándole la autorización para ampliar sus frecuencias. Paralelamente
a la presión sobre los medios, el gobierno continuó imponiendo su
programación ideológica en sus tres canales locales oficiales, su canal
internacional Telesur y sus llamadas radioemisoras "comunitarias". El
presidente de Telesur ha declarado que "la hegemonía en los medios es
una herramienta necesaria para la revolución".
Por otro lado, se reportaron varios incidentes de periodistas de medios
independientes que habían sido atacados físicamente o que se les había
denegado el acceso a ciertos eventos por parte de las fuerzas de
seguridad y partidarios del gobierno, hechos que han contribuido a
mantener las tensiones en dicho país.
En Cuba, la sustitución de Fidel Castro por su hermano Raúl al frente
del Estado ha provocado un recrudecimiento de la represión contra
periodistas independientes y corresponsales extranjeros. Se presentaron
47 actos de hostigamiento contra periodistas (amenazas policiales,
interrogatorios, actos de repudio por grupos progubernamentales,
golpizas en la calle, arrestos temporales, multas por desobediencia,
allanamientos domiciliarios, desalojos, incautación de dinero y objetos
personales, despidos laborales y limitaciones de movimiento dentro de
Cuba). Tres corresponsales extranjeros fueron expulsados de Cuba con el
argumento de que "su forma de enfocar la situación cubana no es la más
conveniente para el gobierno cubano". En un ataque a las fuentes, cuatro
ciudadanos fueron enjuiciados por fabricar o reparar equipos de
televisión por satélite y pueden ir a la cárcel por tres años. Mientras
tanto, 28 periodistas siguen encarcelados, con penas que van hasta 27
años de prisión.
La represión cubana se está extendiendo ahora a los usuarios de
Internet. Ningún cubano puede acceder libremente a Internet. El
gobierno, a través de su ministro de Informática y Comunicaciones,
Ramiro Valdés, ha proclamado su intención de domar al "potro salvaje" de
las nuevas tecnologías bajo el argumento de que son "uno de los peores
mecanismos de exterminio global que se hayan inventado".
En menor grado, pero igualmente preocupante, es la situación que se vive
en Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia, donde las tensiones entre el
gobierno y los medios han sido evidentes.
En Argentina, funcionarios del gobierno han seguido dividiendo
arbitrariamente a los periodistas y los medios como amigos o enemigos,
recurriendo al uso de la publicidad oficial para apoyar a unos y
castigar a otros. Hay un proyecto de ley para regular la publicidad
oficial que duerme el sueño de los justos en el Congreso. Tanto el
presidente Kirchner en declaraciones públicas, como el Senado en una
resolución sobre un caso específico del asesinato de una empresaria en
Río Cuarto (Córdoba), han seguido envenenando el ambiente público
mediante fuertes ataques a la prensa.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa, en respuesta a un comunicado
que señalaba inconstitucionalidades en acciones de distintos poderes del
Estado publicado por los diarios, ha atacado a los miembros de la
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), calificándolos
de "corruptos", "inmorales" y "defensores de mafias". Ha llamado,
además, a movilizaciones para acosarlos.
Un clima de temor creado por este tipo de acusaciones se ha extendido
hasta Bolivia, donde el presidente Evo Morales manipuló las protestas
callejeras que incluían entre sus blancos a los medios privados de
comunicación. La creación de una red de radioemisoras comunitarias bajo
el modelo venezolano, así como las vagas propuestas de censura que
vienen circulando en el Congreso son factores que aumentan el grado de
preocupación existente.
En esta misma tónica, el presidente del Uruguay Tabaré Vázquez, así como
su secretario, sus ministros, parlamentarios oficialistas y hasta su
esposa, han acusado a diferentes medios de prensa de "conspiraciones" y
"complots" contra el gobierno, que nunca probaron, de "jugar sucio",
"trampear", "estafar", "tergiversar" y "mentir canallescamente" al
publicar noticias ciertas, de hacerle una "lucha sorda" al gobierno con
el "objetivo político" de debilitarlo y de coordinar la publicación
simultánea de noticias, en el marco de una "escalada orquestada por la
derecha y sus medios contra el gobierno". Eso incluye convocatorias
públicas para "dar una cerrada batalla en todos los ámbitos" al alcance
del oficialismo. Un informe del sindicato de periodistas
"reveló la falta de transparencia en la distribución de la publicidad
oficial y trabas para acceder a documentos públicos", así como el
favorecimiento de medios identificados con el gobierno, en perjuicio de
la prensa independiente o crítica.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha prometido no repetir la
censura de su primer gobierno de los años 80, lo que constituye una
buena señal. Pero luego ha colocado el control de la publicidad oficial
en manos de su esposa, Rosario Murillo, jefa de comunicaciones. Los
primeros informes del despacho de Murillo exageran los montos gastados
en el pasado en los principales diarios privados, lo cual ha causado
preocupación por lo que esta señal podría indicar.
En muchos otros países, las batallas de los últimos seis meses se han
librado mayormente en los tribunales. Brasil y Colombia han sido
testigos de órdenes de censura previa, mientras que en el Perú y en
muchos otros países el problema se dio más por el lado del acceso a la
información. En países tales como Panamá y Paraguay, querellas por
calumnia interpuestas por funcionarios públicos contra periodistas
buscaron desalentar los reportajes agresivos. Tan sólo en Panamá, 33
reporteros enfrentan demandas por calumnia, en su mayoría interpuestas
por funcionarios. La despenalización de delitos como "difamación",
"calumnia" e "injuria" no ha avanzado. Recién en México, el 2 de marzo,
concluyeron los trabajos legislativos para alcanzar ese propósito, pero
los trámites no han concluido.
En Estados Unidos continúa la preocupación por la confidencialidad de
las fuentes. Las propuestas para la creación de una ley escudo federal
no han llegado a buen puerto, a pesar del reciente encarcelamiento de
periodistas y de la creciente presión de fiscales sobre periodistas para
que éstos atestigüen ante los tribunales.
En Guyana, el gobierno volvió a retirar la publicidad oficial de un
diario privado en represalia por una cobertura crítica.
http://www.sipiapa.org/espanol/pressreleases/chronologicaldetail.cfm?PressReleaseID=1866
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