Derechos reconocidos, pero pisoteados
En el editorial del diario Juventud Rebelde ''El imperio del espíritu
humano'', que refleja el aumento de la indisciplina, violencia y
desorden en la sociedad cubana en los últimos años, hay un párrafo muy
ilustrativo de la actual realidad cubana. ``Se requiere que la voluntad
del Estado cubano de fortalecer la institucionalidad, la legalidad, el
respeto a la norma jurídica y la disciplina en todos los órdenes, se
plasme cada día en cada rincón del país, con señales elocuentes de las
autoridades, más con hechos que con palabrería y retórica, y de conjunto
con las instituciones, organizaciones y todo el espectro de la sociedad
cubana''.
Esto es sólo la punta de un iceberg inimaginable. Al periodista le
faltaron algunas cosas por decir, lo cual es comprensible, pues de
haberlo hecho no hubieran publicado su editorial. Humildemente trataré
de complementarlo.
La voluntad del Estado cubano por volver a la legalidad debe comenzar
por el principio: cumplir la Constitución de 1976, que hasta la fecha ha
sido violada impunemente. De hecho, las tibias medidas de ''apertura''
declaradas recientemente son un reconocimiento tácito ante el mundo de
esta práctica, pues lo único que han hecho es reconocer un derecho
plasmado explícitamente en nuestra Constitución.
Estamos dando los primeros pasos, pero aún falta mucho por recorrer. Las
palabras de Eusebio Leal en el reciente congreso de la UNEAC en defensa
del exilio, sobran desde el punto de vista legal. Todos los cubanos
tienen los mismos derechos civiles y políticos, independientemente de
donde vivan, a pesar de lo cual los derechos de los exiliados son
impunemente pisoteados.
Las reiteradas violaciones de los derechos civiles ciudadanos por parte
del Estado y sus instituciones, como el derecho a residir en cualquier
parte del país sin autorización de ningún organismo, a estudiar en
cualquier escuela y no en internados obligatorios a kilómetros de su
familia, a juicios justos sin la intervención y presión del Estado, a
permutar, comprar, vender, viajar, disponer de sus propiedades, heredar,
etc., obligan al pueblo a cometer actos de ilegalidad en su lucha por la
supervivencia. Lo demás es una reacción en cadena. El propio presidente
Raúl Castro lo reconoció en su discurso de asunción.
No hay nada peor para un Estado que promulgar decretos antinaturales e
incumplibles. El pueblo, como en la época cuando las órdenes las
impartía su majestad en la lejana metrópoli, los acata, pero no los
cumple. Y además, piensa: ¡qué sabrá el rey ése de las realidades de
Párraga o Guaracabuya!
Comencemos a solucionar los problemas del tronco y veremos como las
ramas mejoran.
Alicia Franklin
La Habana, Cuba
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/story/190802.html
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