Para que no respiren
Odelin Alfonso Torna
LA HABANA, Cuba - Marzo (www.cubanet.org) - Es difícil precisar en qué
momento se aventuraron los fabricantes clandestinos a poner en el
mercado estatal productos auténticamente copiados. El objetivo principal
en tan mañosa, pero necesaria tarea: emplearse al mercado negro para
paliar las crisis de un metafórico "Periodo Especial" y lograr un
marketing paralelo a la nueva distribución socialista.
La prioridad del cubano era sobrevivir con economías negras y
subterráneas, bajo el nuevo concepto totalitario de mercado mixto.
A principio de los 90, empezaron a operar las empresas mixtas. El
producto a distribuir presumía de un mejor acabado y presentación. Los
fabricantes clandestinos necesitaban los nuevos embalajes, estuches,
etiquetas, chapas, envases y materias primas para que sus adulteraciones
estuvieran a tono con la manufactura estatal.
Una serie de irregularidades, nada nuevas en la red de Comercio y
Gastronomía, fueron expuestas el domingo 25 de febrero, en las páginas 4
y 5 del diario Juventud Rebelde. La muestra estuvo a cargo de los
periodistas Yailin Orta Rivera y Norge Martínez Montero.
La red minorista fue el centro de la crítica, el blanco más seguro y
certero de los inspectores que no cesan en fustigar a los que sobreviven
detrás de un mostrador. No creo que haya sido tarea difícil para Yailin
y Norge llegar al primer y más visible peldaño de las violaciones. Sí
los creo incapaces de husmear en las ilegalidades hacia arriba. No
tendrían acceso nunca, existen sus límites y sobrepasarlos se considera
oposición al gobierno.
Recordemos a Niurka Brito, quien denunció los desvíos ilícitos de leche
en polvo, donde estaban involucrados dirigentes y administrativos de las
altas esferas del gobierno. Luego Niurka se convirtió en notoria
"disidente" para las autoridades cubanas.
Entre los productos adulterados, expuestos por Juventud Rebelde,
figuraba la cerveza. Me detengo a hacer una breve reseña de su plagiada
e ilícita historia.
La falsificación de cerveza data de 1997, momento en que aparecieron las
primeras copias de Hatuey, Polar y Tínima. Los fabricantes clandestinos
contaban con variedades de etiquetas y chapas, producidas por el estado.
El contenido a beber era el mismo, un producto ya terminado, nada de
cardos patentizados por algún ingenioso criollo. Toda la materia prima
provenía de las cervecerías del gobierno.
El líquido se vendía en grandes cantidades en las afueras de la antigua
cervecería Tropical. Un hectolitro de cerveza, equivalente a mil litros,
oscilaba entre 400 y 600 pesos, de primera mano. La cerveza a granel
elaborada en la Tropical, era y aún es, la más idónea para ser envasada
a manos de particulares. Su transparencia y calidad avalaban su consumo
los primeros quince días, luego se tornaba turbia y avinagrada.
Los fabricantes clandestinos omiten el proceso de pasteurización una vez
envasado el líquido en las botellas.
Cientos de termos, utilizados para el enfriamiento y gasificación de la
cerveza a granel, les han sido confiscados a los fabricantes
clandestinos. Los termos decomisados hoy en día se utilizan para vender
refresco gaseado en establecimientos estatales. ¡Vaya iniciativa tardía!
¿De dónde salen los termos?
En la esquina de Dolores y Calzada de Güines, municipio capitalino de
San Miguel del Padrón, se encuentra un pequeño taller perteneciente al
sector metalúrgico. En esta entidad se confeccionan termos industriales
y se reparan camiones cisternas, todo con el empleo de gruesas laminas
de acero níquel. De este propio taller salieron los tanques para las
fábricas clandestinas. Luego serían adaptados con maquinas de
enfriamiento, instrumentos de presión, medidores de temperatura etc. La
"venta autorizada" de un termo en el mercado subterráneo, oscila entre
los 2 000 y 2 500 pesos.
Otra de las ventas ilícitas, de manufactura estatal, son las etiquetas,
collarines y chapas para vestir las botellas. Las primeras ventas
ilegales de estos elementos provenían de la cervecería Hatuey, en el
municipio Cotorro, con el conocimiento o no de sus administrativos.
En sus inicios, el millar de etiquetas, collarines y chapas costaba en
el mercado negro 150 pesos. Actualmente estos precios se han duplicado.
Los botellones, utilizados en la gasificación se rellenan en la planta
de CO 2 de Puente Grande, en el municipio Marianao. El costo actual de
su venta ilícita es de 1 000 pesos por botellón.
Los operativos policiales y las inspecciones de la Unión de Empresas de
Gastronomía y Comercio continúan en la capital. Paralelamente, Yailin y
Norge cubren de ilegalidades las páginas del diario Juventud Rebelde.
Las violaciones siempre se reflejarán abajo, multando y confiscando a
menores. Para los Poncios Pilatos no hay auditorias. El que inventa la
ley, prepara la trampa.
odelinalfonso@yahoo.com
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