Más claro ni el agua
Tania Díaz Castro
LA HABANA, Cuba - Marzo (www.cubanet.org) - No lo digo yo, lo dijo el
colega Eliades Acosta, que es nada menos y nada más que el jefe del
Departamento de Cultura del Comité Central del Partido, cuando clausuró
en días pasados el acto nacional por el Día de la Prensa Cubana: "En la
primera línea de la Batalla de Ideas está la prensa revolucionaria".
Efectivamente, la prensa oficialista, pagada, orientada y dirigida por
el régimen castrista, sirve a sus intereses: el mantenimiento del poder.
Ese es su papel.
Me pregunto de qué manera entonces esa prensa oficialista podría ejercer
la crítica, puesto que como se sabe el pueblo es cada vez más exigente
con los medios de comunicación.
De esta forma ¿cómo se hace un periodismo que se parezca a nuestro
pueblo? Muy fácil: En primer lugar, hay que reflejar en la prensa, con
fotos, nombres, apellidos y centro laboral, a los trabajadores que han
robado en sus centros laborales, como ocurrió en el periódico Tribuna de
hace unos días.
Wilmer José Rodríguez, perteneciente al centro de desgasificación Julio
Trigo, del municipio habanero Arroyo Naranjo y Alexander Mendoza, del
mercado de Neptuno y Lealtad en Centro Habana, llamados por la Tribuna
pícaros delincuentes, fueron condenados a varios años de prisión. Sus
fotos aparecen en la primera página del periódico.
También se divulgaron las severas multas impuestas a más de noventa
personas del interior del país que se dedicaban a vender productos
agrícolas de forma clandestina al mercado de 124 y 51, del municipio
habanero de Marianao.
Sin embargo, ¿por qué entonces altos ejecutivos de empresas cubanas que
cometen ilegalidades y son condenados a prisión no aparecen en nuestros
periódicos?
En enero de este año el periódico Granma dedicó varias páginas a
divulgar el perfeccionamiento empresarial cubano. Un mes antes la prensa
extranjera se hizo eco de una breve información aparecida en la Revista
Bohemia sobre once ejecutivos de CIMEX, la principal cadena de empresas
cubanas, condenados a penas entre cuatro y veinte años de cárcel por los
delitos de malversación, falsificación de documentos, proxenetismo,
trata de personas y contrabando, hechos ocurridos en 2001 y denunciados
en 2003 por un gerente español de Provimar.
Bohemia no publicó los nombres de los encartados. Mucho menos sus fotos.
Solamente se sabe que a un tal Iván le fueron decomisados numerosos
equipos electrodomésticos, cuatro automóviles y tres cuentas bancarias
que hacían un total de 129,000 dólares.
El juicio de estos once altos ejecutivos se celebró a finales de
noviembre de ese año, pero la prensa nada publicó.
Más claro ni el agua: es el pueblo el que debe verse reflejado en la
prensa nacional. Cuando se trata de pícaros dirigentes o delincuentes de
alto nivel, ya es otra cosa.
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