Oscar Sánchez Madan
Bitácora Cubana, 24 de marzo de 2007
Matanzas, Cuba - Hace pocos días recibí una carta del prisionero
político Benito Ortega Suárez, de 49 años de edad, injusta y
arbitrariamente sancionado en la Causa 85 de 1999 del Tribunal de Villa
Clara a 9 años de privación de libertad, acusado de cometer delitos de
desacato y atentado, después de recibir una golpiza de parte de varios
militares, de cuya cruel condena ha extinguido ya ocho años.
Me dice el confinado en la misiva, que las autoridades de dicho penal
manifestaron nuevamente su odio visceral contra él, ya que el pasado 13
de enero, en horas de la noche, un reo, nombrado Rolando Pérez
Hernández, se fugó del campamento de trabajos forzados donde ambos
estaban recluidos, y supuestamente regresó a los Estados Unidos, lugar
donde tiene su residencia.
Por dicha razón, señala en la carta, como venganza, las autoridades
carcelarias lo trasladaron el día 19 del mismo mes para la unidad de
atención a los campamentos conocida como el "Cuncuní", lugar en el que
lo recibió un Mayor nombrado Castillo, quien al conocer de su amistad
con el prisionero evadido le dijo en forma irónica y arrogante que en
sus manos estaba la posibilidad de hundirlo o de salvarlo.
Según Benito, el oficial ordenó que como represalia no se le permitiera
trabajar más en un campamento abierto, por lo que fue conducido a una
celda donde lo encerraron con el objetivo de que concluyera allí el
tiempo que resta de su sanción. El opositor me dice que formuló una
denuncia ante la fiscalía y ante el jefe local de cárceles y prisiones,
pero que en el momento de enviarme la misiva, no había recibido respuesta.
Creo muy difícil que las autoridades le vayan a responder y si lo hacen
lo más probable es que sea para ratificar la arbitraria decisión. Digo
esto, porque en Cuba no hay justicia, mucho menos cuando el protestante
es un reo político que sobrevive como el resto junto a los presos comunes.
El prisionero es hijo de Benito Ortega Juliá, quien fuera condenado en
la Causa 106 de 1963 a pena de muerte por rebelarse contra el régimen
castrista cuando inició éste el camino hacia el totalitarismo. Dicha
sentencia fue ejecutada mediante el fusilamiento. La Policía Política no
permitió que la familia pudiera dar al occiso cristiana sepultura.
Ni siquiera su esposa ni su hijo Benito, entonces menor de edad,
pudieron despedirse de su cadáver como Dios manda. A buen entendedor,
pocas palabras.
http://www.bitacoracubana.com/desdecuba/portada2.php?id=4358
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