Ginebra: Seis países europeos preguntarán a La Habana sobre las
violaciones en la Isla
República Checa, Letonia, Liechtenstein, Países Bajos, Suecia y Reino 
Unido tomarán la palabra el 5 de febrero, después de la presentación de 
los informes.
Mary Simón, Ginebra | 30/01/2009
Seis países europeos preguntarán a La Habana, durante la examen 
periódico universal del próximo 5 de febrero en Naciones Unidas, sobre 
las violaciones a los derechos humanos que se producen en la Isla.
Las inquietudes están inscritas en una lista separada, de 23 preguntas, 
a la que ha tenido acceso este viernes CUBAENCUENTRO.com. Seis Estados 
de la Unión Europea formularán inquietudes a La Habana acerca de las 
denuncias y sobre la voluntad de extender invitaciones a todos los 
relatores del sistema de derechos humanos.
Las preguntas han sido expuestas individualmente por República Checa, 
Letonia, Liechtenstein, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
Suecia es la más crítica al exponer sus preguntas, tomando como base 
"informaciones confiables que indican que desde 1998 se han incrementado 
en el país los niveles de detenciones arbitrarias de disidentes, así 
como continuas restricciones a la libertad de expresión, de prensa, de 
asociación, de movimiento y el derecho a participar en la estructura de 
gobierno".
Al respecto, plantea que generalmente se recurre a términos definidos en 
el Código Penal, como "peligrosidad, propaganda enemiga, y atentado 
contra la autoridad" para penalizar el ejercicio de las libertades 
fundamentales.
Estocolmo recuerda que ha habido "persistentes llamamientos" de Estados 
miembros, ONG y del propio sistema de derechos humanos de la ONU, "para 
que La Habana establezca un cuerpo independiente encargado de recibir 
las quejas de violaciones a los derechos humanos".
Más aún, insiste en que dadas las repetidas evidencias de "malos tratos, 
torturas y la falta de alimentos, cuidados médicos e higiene en los 
centros de detención y en las prisiones", es importante conocer cuáles 
medidas adoptará el gobierno para garantizar el bienestar de los 
prisioneros y detenidos, según los principios de la Convención de la ONU 
contra la Tortura.
En sentido general, estos países consideran que, de una u otra forma, La 
Habana debería responder ante el órgano de derechos humanos si, después 
de la invitación al relator de la ONU encargado de los casos de tortura 
y malos tratos, el gobierno cursará otras al conjunto de relatores 
encargados de cuestiones tan sensibles como la libertad de expresión, de 
asociación pacífica, de los derechos de los hijos de prisioneros, entre 
otros.
República Checa, por su parte, quiere saber sobre las garantías 
jurídicas establecidas para "proteger a los defensores de derechos 
humanos de la persecución". Asimismo, insiste en "cómo se garantiza las 
libertades de expresión y asociación". En tanto, Liechtenstein, solicita 
mayor explicación sobre las medidas adoptadas para impedir el abuso de 
menores.
En ese sentido, se plantea conocer si se ha establecido un "sistema de 
detención temprana de la violencia contra los menores que tome en cuenta 
la oportunidad del menor de reportar abusos y otras violaciones a sus 
derechos, tanto en la familia como en la escuela u otras instituciones".
La preocupación de los Países Bajos está encaminada a saber si en un 
futuro próximo La Habana considera "dar acceso a organizaciones 
independientes, como la Cruz Roja Internacional, a las prisiones".
Gran Bretaña, que cita el texto del informe presentado por La Habana en 
el que dice que "la libertad de opinión, expresión y de prensa", así 
como "de reunión pacifica, asociación y manifestación" son derechos 
establecidos en la Carta Magna, pregunta "por qué entonces el gobierno 
pide garantías de que visitantes oficiales extranjeros no se reunirán 
con ciertos ciudadanos cubanos".
En general, los países coinciden en la importancia de que La Habana 
ratifique los pactos económicos y sociales y, sobre todo, la Convención 
sobre los Derechos Civiles y Políticos, un instrumento clave de la ONU, 
respaldado por la mayoría de los gobiernos democráticos.
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