Fines del embargo

TRIBUNA: RAFAEL ROJAS
Fines del embargo
El aislamiento comercial de Cuba ha sido un instrumento ineficaz para
lograr la democratización de la isla. Pero Obama no puede liquidar esta
política fracasada sin obtener permiso del Congreso, algo muy difícil

RAFAEL ROJAS 05/05/2009

Barack Obama comienza a gobernar Estados Unidos cuando está a punto de
cumplirse medio siglo de la medida que ha caracterizado históricamente
la política de Washington hacia La Habana: el embargo comercial
decretado el 19 de octubre de 1960. Desde la desaparición de la URSS,
1991, esa política ha despertado el rechazo creciente de la comunidad
internacional, como se evidencia cada otoño en la Asamblea General de
Naciones Unidas. Para la mayoría del mundo, el aislamiento comercial de
Cuba, en el contexto posterior a la guerra fría, no es la mejor manera
de alentar reformas en el Gobierno cubano ni de transmitir solidaridad a
una ciudadanía que sufre enormes carencias económicas y, a la vez,
graves limitaciones a sus derechos civiles y políticos.

Para la mayoría del mundo, así no se alientan reformas ni se transmite
solidaridad a los cubanos

Obama puede intentar promover la democracia en Cuba si busca apoyo
internacional

Cinco décadas es mucho tiempo, y el embargo ha debido reinventar sus
fines luego de la caída del Muro de Berlín. Cuando fue aplicada, aquella
medida era un castigo contra un Gobierno que confiscaba decenas de
compañías de Estados Unidos, sin indemnización, y se aliaba a los
principales rivales de Washington en la guerra fría -en octubre del 60,
Cuba ya había firmado acuerdos comerciales y crediticios con la URSS, la
RDA, Checoslovaquia, Bulgaria, Corea del Norte y China-. Este
alineamiento económico con el campo socialista se dio acompañado de un
tránsito veloz al totalitarismo que no debe ser entendido como una
reacción contra la hostilidad norteamericana, sino como un acto de
voluntad política de la joven dirigencia revolucionaria.

Mientras existió el bloque soviético, el embargo era la manera como
Estados Unidos obligaba a Cuba a circunscribirse a esa alianza
comercial, encabezada por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).
Durante 32 años, es decir, entre 1960 y 1992, el Gobierno cubano
entendió el embargo como una consecuencia inevitable de su orientación
ideológica y su estrategia geopolítica, y nunca demostró incomodidad con
aquel pacto entre aliados, basado en "precios preferenciales" y
subsidios energéticos. En aquellas décadas eran poco frecuentes las
protestas contra el "bloqueo imperialista", que se han convertido en el
tópico central de la propaganda cubana en los últimos 17 años.

Hacia 1992, con el bloque soviético desmoronado y el socialismo real de
la isla en pie, Estados Unidos tuvo que refuncionalizar el embargo.
Entonces, como ahora, iniciaba su presidencia un político demócrata,
Bill Clinton, quien se encontró una bien articulada clase política
cubano-americana en la Florida y en Washington. Fue esa élite la que,
con respaldo de la mayoría del exilio cubano, impulsó, no el abandono
del embargo, sino su reforzamiento por medio del Cuban Democratic Act, o
Ley Torricelli, de 1992. El objetivo, entonces, no era el mismo que en
1960 -limitar el comercio de la isla al bloque soviético-, sino obstruir
la reconstrucción de la red comercial y financiera de La Habana en el
contexto de la posguerra fría.

Pero la Ley Torricelli, en sintonía con la estrategia latinoamericana
del Partido Demócrata y el Gobierno de Clinton, agregó a las
restricciones al comercio con terceros países una agenda democratizadora
que perseguía la promoción de una sociedad civil más vertebrada y de un
mejoramiento de la situación de los derechos humanos, incluidos los de
asociación y expresión. Esa política, conocida como el carril dos de la
Ley Torricelli y que implicó el respaldo a viajes y remesas de la
comunidad cubana y al intercambio cultural y académico, fue tenazmente
combatida desde ambos lados del estrecho de la Florida.

El clima de distensión bilateral que se ganó en los cuatro años del
primer mandato de Clinton, y que no estuvo desligado de una serie de
tímidas reformas en la isla -despenalización del dólar, trabajo por
cuenta propia, cooperativas agrarias, mercado libre campesino, mayor
apertura a la inversión extranjera, reducción de la burocracia-, se
deshizo en febrero de 1996 con el derribo, en aguas internacionales, de
dos avionetas civiles procedentes de Miami. Una semana después, el
presidente Clinton firmó otro reforzamiento del embargo, el Cuban
Liberty and Democratic Solidarity Act o Ley Helms-Burton, también
promovida por políticos cubano-americanos.

Esta nueva ley, que Clinton tal vez habría vetado de no haberse
producido el derribo de las avionetas, introducía una significativa
innovación: transfería el control de la política hacia Cuba del
presidente al Congreso de EE UU. La ley ha sido muy criticada por su
extraterritorialidad -a pesar de que los títulos tercero y cuarto de la
misma nunca han entrado en vigor- y por su definición maximalista y
normativa de lo que debe ser un "Gobierno de transición" y un "Gobierno
democrático". Esta última característica, en efecto, restó incentivos a
las corrientes reformistas dentro del Gobierno cubano, aunque los
primeros indicios de una contrarreforma, en La Habana, se manifestaron
antes del atentado contra Hermanos al Rescate.

A partir de 1996, las élites insulares abandonaron la precaria agenda
aperturista y entraron en un endurecimiento de 10 años que se verificó
en el congreso del Partido Comunista de 1997, la campaña por la
repatriación de Elián González, la "batalla de ideas", la despiadada
represión de la primavera del 2003 y la obsesiva alianza con Chávez,
hasta la convalecencia de Fidel Castro en 2006. Las sanciones adoptadas
por el Gobierno de George W. Bush, en 2004, que restringieron viajes,
remesas e intercambios entre ambos países, fueron la respuesta de
Estados Unidos a dicho endurecimiento. Es cierto que esas medidas
afectaron a la ciudadanía de la isla y del exilio, pero no es menos
cierto que las mismas respondieron a una lógica de confrontación
alimentada por ambos Gobiernos.

¿Cómo se coloca Barack Obama frente a ese legado de medio siglo? Por lo
pronto, el nuevo presidente ha comenzado a hacer lo que depende
únicamente de la Casa Blanca y el Departamento de Estado: revocar las
sanciones de la pasada Administración. Obama puede avanzar aún más por
ese camino, sin hacer caso a la intransigencia de La Habana, pero no
podrá llegar, por ahora, al levantamiento del embargo, el cual requiere
de consenso legislativo. El Gobierno cubano sabe que desde 1996 el
embargo es una ley del Congreso porque una acción suya contribuyó a que
así fuera. La Habana ha convertido la derogación unilateral del embargo
en su principal demanda, precisamente, porque sabe que es muy difícil de
lograr sin un proceso de reformas en la isla.

No existe el menor indicio de que el Gobierno de Obama vaya a renunciar
a la idea de contribuir a la liberalización de la economía y la
democratización de la política cubanas. Todo parece indicar que el
presidente demócrata regresará a la estrategia de utilizar los viajes,
las remesas y el intercambio académico y cultural como incentivos para
la apertura. Exigir al Gobierno de Estados Unidos que excluya de su
diplomacia el tema de los derechos humanos es tan ilusorio como pedir a
La Habana que no haga del fin del embargo su principal arma. Las dos
demandas, embargo y democracia, por su dificultad, permitirían colocar
la negociación en temas concretos y más accesibles, como libertad de
movimiento, ley de ajuste o liberaciones de presos. Pero el Gobierno
cubano, por lo visto, no quiere negociar nada: ni lo máximo ni lo mínimo.

El embargo no es, como afirman tantos defensores acríticos del
socialismo insular, un castigo para que otros países latinoamericanos no
sigan el ejemplo de Cuba, ya que ninguna izquierda de la región, ni
siquiera la venezolana, desea adoptar el modelo cubano. Pero el embargo
es una estrategia de liberalización y democratización de la isla que,
medio siglo después de su establecimiento, ha demostrado una gran
ineficacia y ha ofrecido a La Habana las mejores excusas para la
negación de libertades públicas. La nueva Administración demócrata tiene
en sus manos la posibilidad de experimentar nuevas formas de promoción
de la democracia que partan, como se vio en la pasada Cumbre de las
Américas, de una premisa insoslayable: el apoyo de la comunidad
internacional.

Rafael Rojas es historiador cubano exiliado en México. Acaba de publicar
El estante vacío. Literatura y política en Cuba (Anagrama).

Fines del embargo · ELPAÍS.com (6 May 2009)

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fines/embargo/elpepiopi/20090505elpepiopi_14/Tes