FIU gasta $110,00 en revisión sobre el caso de espías
NOAH BIERMAN
The Miami Herald
Cuando el profesor de la Universidad Internacional de la Florida Carlos
Alvarez y su esposa fueron acusados el año pasado de ser agentes del
gobierno cubano, funcionarios de la escuela prometieron una completa
revisión independiente para determinar si se habían violado las
políticas de FIU.
El costo de la investigación: $110,000.
El mes pasado, Alvarez se confesó culpable de cargos reducidos: ser un
agente no registrado del gobierno de Fidel Castro. El profesor de
Psicogía había renunciado a su cargo profesoral en FIU en noviembre. Su
esposa Elsa, una asesora de FIU en licencia sin sueldo, se confesó
culpable en un tribunal federal de Miami de estar consciente de las
actividades ilegales de su esposo, de haberlo protegido y de no haber
revelado sus actividades a las autoridades. Ambos esperan sentencia.
FIU, mientras tanto, le pagó $105,000 a uno de los principales abogados
de Miami para que revisara sus acciones, ayudara a la escuela a cumplir
con la investigación federal y actualizara sus procedimientos para
viajar a Cuba. Pero el abogado, el antiguo fiscal federal Roberto
Martínez, no suministró ningún reporte escrito documentando las
actividades de Alvarez en la escuela.
Martínez afirmó haber revisado si otros empleados estaban violando la
ley y haber estado informando verbalmente al presidente de la
universidad Modesto Maidique, y a la Asesora General Cristina Mendoza,
desde el inicio de la causa en enero del 2006.
''Determinamos que, aparte de ellos [los Alvarez] y de lo que hicieron,
la universidad no violó ninguna política ni ningún procedimiento'',
explicó Martínez.
El abogado indicó que no había revisado las acciones de los Alvarez
porque no habría sido apropiado interferir con la investigación del FBI.
Ni tampoco buscó pruebas de que otros pudieran estar informando a Cuba
desde FIU.
''Mi tarea no era buscar espías. Definitivamente esa no era mi tarea'',
aclaró.
Martínez produjo un documento escrito, una compilación y sumario de 66
páginas sobre las leyes y políticas que rigen los viajes a Cuba y que la
escuela piensa utilizar como manual si se vuelven a permitir los viajes
académicos a la isla. Desde julio, la ley estatal les prohíbe a los
empleados de la Universidad Internacional de la Florida viajar a Cuba.
El senado de la facultad de FIU ha planteado una demanda para revocar la
prohibición de viaje, impuesta como resultado del caso de Alvarez.
Maydel Santana, portavoz de FIU, resumió los hallazgos de Martínez y
añadió que el profesor no llevó ningún estudiante de FIU a Cuba bajo la
licencia de viaje de la escuela, pero aseveró que el abogado de la
escuela, Mendoza, no comentaría sobre los detalles específicos de su
trabajo.
''Creo que vamos a dejar que los documentos hablen por sí mismos'', subrayó.
Martínez, que sirve en la junta estatal de educación y preside el equipo
de transición del gobernador Charlie Crist, le cobró a FIU $500 la hora
por su tiempo. Otros dos abogados de su firma cobraron $400 y $450 la
hora. Un paralegal cobró $160.
FIU también gastó $5,000 para que los investigadores pudieran archivar y
filmar los contenidos de las oficinas de los Alvarez.
El principal trabajo de Martínez implicaba ayudar a la escuela a cumplir
con los procedimientos de registro del FBI sin alterar las actividades
de la escuela durante un emotivo período en la universidad.
''Parte de las consecuencias de su trabajo [de los Alvarez] es que la
universidad sintió la necesidad de contratar un abogado y gastar el
dinero para hacerlo'', alegó Martínez.
Las universidades públicas no tienen que hacer licitaciones cuando
contratan abogados externos. La FIU había contratado a Martínez en otra
ocasión, en el 2003. Martínez dijo que normalmente no hace trabajo
gubernamental y que le dio a FIU un descuento de su tasa de $550 a $575
la hora.
El abogado de Miami Dade, Murray Greenberg, aseguró que generalmente su
oficina no contrata abogados externos. Pero, cuando lo hace, trata de
connseguir tasas por hora por debajo de los $300. El Miami Dade College
gasta entre $175 y $450 la hora en abogados externos, en dependencia del
tipo de trabajo, sostuvo el portavoz Juan Mendieta. La comisión del
condado estuvo de acuerdo en contratar a los especialistas en leyes
electorales Gary Robinson a $200 la hora en octubre, en un fallido
intento de matar una medida de alcalde fuerte en la boleta. La firma de
Tallahasee cobró $325 la hora para socios y $200 la hora para asociados.
La Junta Escolar de Miami-Dade le pagó entre $171 y $414 la hora al
abogado Richard Ovelmen para defender al distrito contra los retos
legales tras haber removido un libro para niños, Vamos a Cuba, de sus
bibliotecas escolares.
nbierman@MiamiHerald.com
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