Preguntar sí, pero revocar no

Preguntar sí, pero revocar no
El parlamento cubano es simbólico: no hay posibilidades de control
alguno sobre el Gobierno
Marlene Azor Hernández, México DF | 02/03/2016 2:43 pm

Las instituciones en Cuba son todas disfuncionales. Ninguna responde a
los fines explícitos para los cuales han sido creadas. Ni siquiera el
MININT. Hoy analizo el Poder Popular.
La Asamblea Nacional, según la Constitución y el Reglamento de ley, es
el máximo órgano de dirección y fiscalización del Estado cubano: falso.
El máximo órgano de dirección y fiscalización del Estado cubano es el
Buró Político del PCC —que por Constitución lo es—, y es el que
destituye o aprueba los ministros y funcionarios públicos sin consulta
previa con la ciudadanía.
El Gobierno y sus voceros hacen hincapié en que el 50 % de los diputados
no reciben salario alguno por su puesto, y además enarbolan esto como
virtud. Sin embargo ocultan que sólo participan en el parlamento cuatro
o cinco días al año, de tal manera que no pueden controlar ninguna
gestión del Gobierno. La otra mitad de los diputados son todos los
dirigentes estatales y partidarios del nivel nacional provincial y
municipal, que son funcionarios profesionales, de los cuales no se sabe
el salario ni las ventajas concomitantes con su puesto de acuerdo a la
decisión del Buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC). Son
estos funcionarios profesionales los que componen las direcciones de la
comisiones permanentes del Parlamento y gran parte de sus miembros.
Todos desconocidos para la población.
Estudiando el reglamento del Poder Popular[1] y viendo lo que se
televisa y se publica en Granma sobre sus sesiones, uno puede llegar a
la conclusión, de que el parlamento cubano es un elemento decorativo
para apoyar las reiteradas políticas fallidas de los gobernantes
cubanos. Ecured[2] se vanagloria de la unanimidad del Parlamento en 40
años de existencia, es decir en las ochentas sesiones que han realizado
cada semestre.
El ejemplo del rol decorativo del Parlamento lo tenemos cuando el
ministro de Economía y Planificación, y jefe de la implementación de los
Lineamientos en el país, Marino Murillo, ha estado declarando en cuanta
reunión gubernamental ha sido reseñada por Granma en los últimos cinco
años, que la implementación de los Lineamientos se estaban "cumpliendo
como estaba previsto", sin dar ninguna explicación y el 15 de enero
último, cinco años después, declara que solo el 21 % de esos
Lineamientos se han aplicado. Todavía este calamitoso resultado no ha
sido explicado a los ciudadanos ni al Parlamento, que deberá esperar
hasta julio de este año para "preguntar", solo para preguntar, nada
controlan ni fiscalizan.
En el reglamento de la Asamblea Nacional, Provincial y Municipal están
recogidos los derechos y deberes de los diputados. En el orden de los
primeros, tienen derecho a preguntar por vía oral o escrita por algún
asunto, pero entre los derechos no aparece la de revocar a los propios
diputados, dentro de los cuales están los 33 ministros del Gobierno
cubano. En el reglamento no está legislada la manera en que los
ministerios tienen que "rendir cuentas" a la Asamblea, así que deja las
manos libres para que cada ministro informe en la Asamblea lo que mejor
se le antoje. Las diez comisiones permanentes del Parlamento tienen la
misma libertad para no informar realmente a los restantes diputados y a
la ciudadanía. No hay ningún tipo de control de los diputados sobre el
Gobierno. El reglamento plantea la posibilidad de la revocación pero no
la regula. Dice que de acuerdo a la ley —¿cuál?, no aparece. En la
Constitución no aparece cómo revocar a un ministro, la ley de la cual
debía partir este reglamento de ley no existe o es "Secreto de Estado"
porque no es posible consultarla.

Parlamento secreto
Otro elemento realmente penoso es que las sesiones de la Asamblea
Nacional deben ser abiertas a la ciudadanía, salvo pedido expreso de
hacerla cerrada. Todas las sesiones son cerradas y los ciudadanos se
enteran por las reseñas tontísimas de un Granma que desinforma a la
población. Pude saber por el periódico independiente 14ymedio dos
aspectos de estas reseñas superficiales pasadas por la televisión. Una
conductora de televisión, diputada, preguntó a Murillo por qué no hay
mercados mayoristas. Murillo empezó a explicar la dualidad monetaria y
el Big Brother del departamento ideológico del PCC que es el que decide
qué se hace público y qué no, corta la respuesta del ministro y deja a
la ciudadanía sin información.
Otro aspecto que me entero por la prensa independiente es que en la
última reunión del Consejo de Ministros, ante la declaración de Murillo
del calamitoso resultado de los Lineamientos, el general Raúl Castro le
dice al ministro que "no se sonroje por esos resultados". ¿Democracia
para los amigos del general? Nadie se hace responsable por el resultado
errático de las políticas públicas del país, que se prolongan por
quinquenios y décadas sin que se corrijan.

Las "Organizaciones de Masas" son parte sustantiva del Estado y el
Gobierno
En realidad no son organizaciones paraestatales, son parte del Gobierno.
Si se revisa el Consejo de Estado, máximo órgano de dirección estatal
del país, y que dirige los 365 días del año —y comenta algo a los
diputados en los cinco o seis días que sesiona el Parlamento—, estas
organizaciones son parte del Gobierno. No solo son financiadas y
reglamentadas por el PCC sino que son parte constitutiva del Gobierno.
Pero el Gobierno y sus voceros dicen que son "la sociedad civil
socialista" en el disparate habitual de los manuales soviéticos, según
los cuales el Estado y la sociedad son lo mismo y nadie ha sometido a
votación semejante presupuesto. Es parte de la doctrina que se impone
desde el Partido sin derecho a cuestionarse y que es copia fiel del
derrumbado "socialismo real"[3].
Así con la visita del presidente estadounidense Barack Obama, el
Gobierno cubano enviará a sus propios integrantes a reunirse con el
presidente norteamericano, diciendo que esa es "la sociedad civil
cubana". Puro fraude y sin sonrojo. Para eso es el monopolio informativo
y decisional del PCC.
Los Consejos Populares, creados en los años 90 sufren el mismo problema
de ser una estructura sin resultados. Si los diputados no pueden hacer
nada para variar las políticas erráticas de los ministros, y del
Gobierno, los delegados ejecutivos de los Consejos Populares menos.
Hasta ahora nadie puede exigir cuentas a los funcionarios estatales en
los distintos niveles: nacional provincial y municipal, porque no hay
procedimientos legales que lo estipulen y mucho menos penalidades para
los que no rinden cuentas, ni resuelven nada de las necesidades de la
población. La impunidad de los funcionarios públicos es el signo más
sobresaliente del sistema estatal y político cubano. Todos pueden robar
e incumplir hasta tanto no los descubran "por casualidad".
Así, el erario público mantiene un sistema estatal y partidario inmenso,
con millón y medio de funcionarios profesionales que no rinden cuenta a
nadie y son dirigidos por el Buró Político de PCC, que "a dedo" decide
quién está y cuándo se sustituye. El Poder Popular encuadra a los
ciudadanos, para recibir las órdenes del Buró Político: solo 14 personas
deciden los destinos de 11 millones de cubanos y sin apelación. Por eso
el país se hunde cada vez más en la miseria material y espiritual.

[1] Reglamento de las Asambleas nacionales provinciales y municipales
del Poder Popular en Cuba. Granma, 11 de marzo de 2014.
[2] Ecured, enciclopedia creada en el 2010 y dirigida y financiada por
el Ministerio de Informática y Comunicaciones del Estado cubano.
[3] La diferencia con el Soviet Supremo de la URSS, es que el soviético
tenía dos cámaras y no una. La segunda era para "la representación" de
las nacionalidades. La subordinación del Soviet Supremo al Buró Político
del PCUS es el mismo y la ausencia de control del Parlamento sobre el
Gobierno, idéntico. Tanto el soviético como el cubano son parlamentos
simbólicos.


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