El derecho olvidado
ADOLFO RIVERO CARO
La lucha por los derechos humanos ha sido una de las banderas políticas
más importantes de los últimos 50 años. Aunque hayan sido una de las
características esenciales de la civilización occidental, los intentos
alemanes de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial impulsaron la
conveniencia de que la nueva organización mundial dejara formalmente
establecidos esos derechos como universales. Posteriormente, el proceso
de descolonización trajo muchas decenas de nueva naciones a la
organización de las Naciones Unidas. La mayoría no estaba preparada para
la democracia. Eso significó que en Naciones Unidas iba a haber una
mayoría de estados no democráticos y sin ningún compromiso cultural con
los derechos humanos universales. Esto le facilitó un enorme respaldo
político a Rusia y a su vasto imperio mundial comunista. Sin embargo,
nadie se atrevió a desafiar los principios mismos de los derechos
humanos. Y, cuando estos cobraron una particular importancia política
tras los acuerdos de Helsinki de 1975, la disidencia de los países
comunistas los levantó como bandera.
En esta lucha, la disidencia esgrimió fieramente los principales
derechos políticos. Uno de los derechos fundamentales, sin embargo, se
utilizó relativamente poco. Se trata del artículo 17 de la Carta: ''Toda
persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente'', y
''Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad''. Recientemente,
mi amigo Ricardo Bofill me decía que habíamos hecho poco énfasis en este
derecho fundamental. Hemos protestado contra abusos tan dolorosos como
quitarles a los que se van de Cuba sus anillos de compromiso y otras
prendas personales, pero no hemos destacado suficientemente lo que
significa quitarle una empresa a su legítimo dueño. Protestar contra la
violación de la propiedad de los medios de producción parece una
reivindicación menor y hasta un tanto mezquina. Pero, aunque
comprensible, se trata de un grave error. No es un fenómeno casual.
La propiedad privada ha perdido su respetabilidad intelectual desde hace
un siglo. Esa tendencia empezó a principios del siglo XIX pero, con la
publicación del Manifiesto comunista (1848) la guerra contra la
propiedad privada se hizo pública, y respetable. Según Tom Behell
--autor de The Noblest Triumph, Property and Prosperity thorough the
Ages-- inicialmente la guerra contra la propiedad privada se disfrazó
como subestimación. En los 12 tomos del estudio de la historia de
Toynbee, por ejemplo, la idea de la propiedad privada no juega ningún
papel importante. A mediados de los años 30, en Estados Unidos no se
pensaba que los derechos de propiedad merecieran protección
constitucional. El profesor Richard Pipes de Harvard reportó que para
los años 80, casi no había habido trabajo empírico ni teórico sobre la
psicología de la posesión aunque, desde un siglo antes, William James
había dicho que las implicaciones psicológicas de la propiedad eran
considerables. En el terreno de la economía, los populares libros de
Paul Samuelson y otros ignoraban las cuestiones sobre la propiedad o las
relegaban a un párrafo bajo la increíble rúbrica de ''ideología
capitalista''. En efecto, todo era parte de la ola anticapitalista que
recorrió buena parte del siglo XX y cuyos efectos culturales seguimos
sufriendo.
La propiedad privada siempre ha estado indisolublemente vinculada con la
libertad política. Desde las formas más antiguas de monarquía --como en
el Egipto faraónico, por ejemplo-- hasta el siglo XVIII en Europa
occidental, la tierra era propiedad del rey, que la concedía en
usufructo. Y lo mismo era válido para la monarquía absoluta de Francia y
la de España. La excepción fue Inglaterra. Fue la Carta Magna en 1215 dC
la que estableció el derecho de los barones a su propiedad. Y el
principio fue irradiando a todo el resto de la sociedad. De ahí que
fuera la cuna de nuestras libertades.
Ha sido una ilusión anticapitalista que las nacionalizaciones sean
''progresistas'' y ''revolucionarias''. En realidad no son sino un
retroceso a formas antiquísimas de propiedad estatal para beneficio de
unos pocos privilegiados. Y también pueden ser el inicio de una
dictadura totalitaria, como parece ser el caso de Chávez en Venezuela.
Atención. Muchos gangsters han descubierto que es mejor asaltar un país
que asaltar un banco. Los trabajadores de las empresas amenazadas de
''nacionalización'' deben movilizarse para combatir esas pretensiones.
Esa lucha, sin embargo, también tiene que ser cultural. No podemos estar
de acuerdo con las ideas de Chávez y luego lamentar sus consecuencias.
Las grandes batallas del futuro pudieran estar donde menos lo
imaginamos. Es interesante que en Cuba la disidencia esté discutiendo la
conveniencia de que los trabajadores por cuenta propia se organicen en
grupos o cooperativas de ayuda mutua y autodefensa amparados en el
artículo 17 de la Declaración universal. El Partido Obrero Campesino,
radicado en Manzanillo, dirigido por Alberto Moreno Fonseca, ha
planteado la realización de un congreso campesino en diciembre del 2007
dirigido a presentarle a la nación las demandas del campesinado. El
derecho a la propiedad privada constituye un elemento fundamental de sus
reivindicaciones. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Antonio Alonso,
el presidente de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de
Cuba. Algunos disidentes, por su parte, están incorporando las
violaciones al artículo 17 a sus denuncias sobre las violaciones de
derechos humanos que se presentan en Ginebra. Todo esto es alentador.
Hoy, como ayer, la lucha por la propiedad privada es parte indisoluble
de la lucha por la libertad.
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