El drama de la vivienda

Sociedad
El drama de la vivienda

Una de las causas del éxodo masivo, conflictos familiares y
matrimoniales y fuente de desesperanza y descontento.

Dimas Castellanos, Ciudad de La Habana

viernes 12 de mayo de 2006 6:00:00

La familia es la célula fundamental de la sociedad y el hogar su asiento
natural. Por ello desde que el hombre abandonó los refugios naturales y
la vida nómada, la vivienda pasó a constituir, por su insustituible y
privilegiada función en el disfrute, educación y estabilidad, una
condición básica de existencia, una de las necesidades más determinantes
para los seres humanos y uno de los problemas de mayor preocupación y
ocupación para los individuos, las instituciones, la familia, la
sociedad y el Estado.

En Cuba su satisfacción siempre fue precaria. El ritmo de crecimiento
aventajó la oferta de habitáculos y si el déficit resultante no fue
mayor en la primera mitad del pasado siglo, se debió a las diversas
opciones existentes de arrendamiento, compra y construcción.

En la segunda mitad del siglo la revolución priorizó el tema. En los
primeros dos años se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda
para dedicar los fondos de la Lotería Nacional a ese fin; se planteó "a
todo el que construya una casa para vivirla" eximirlo de impuestos
durante 10 años; se dictó la Ley sobre la Rebaja de Alquileres para
favorecer a los sectores de menores ingresos; se aprobó la Ley 218 sobre
la venta forzada de solares yermos; se creó la Dirección de Viviendas
Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de
Reforma Urbana en la que se reconocía la "posesión de la vivienda como
derecho imprescindible e inalienable del ser humano".

Sin embargo, no se le prestó la debida atención a la importancia de la
participación ciudadana, de forma autónoma y paralela al Estado, en la
solución del problema habitacional.

Desde esa limitada óptica comenzó el primer plan para construir los
32.000 apartamentos anuales que requería el crecimiento demográfico en
aquel momento; plan que no pudo rebasar, en los 11 años que van de 1960
a 1970, las 11.000 viviendas anuales como promedio. Agregando unas
230.000 al déficit antes existente. Un discurso de la época expresaba el
"revés" sufrido mediante una falsa contradicción: "o nos desarrollamos
—decía— o nos dedicamos a construir viviendas", cuando el planteamiento
debió ser "desarrollarnos y construir viviendas".

La temprana experiencia puso en evidencia la ausencia de la
participación autónoma de la sociedad. Eso, al parecer, fue lo que
condujo a la idea de la "participación popular", pero sin autonomía,
desde y dependiente del Estado. Esta nueva visión se puso en marcha en
1971 con la creación de las "microbrigadas": 33 trabajadores que,
transformados en constructores, erigían un edificio, cobraban sus
salarios por la empresa estatal, mientras la vivienda terminada pasaba a
ser propiedad de la empresa para que esta la entregara en usufructo a
los seleccionados.

Leyes y regulaciones

A pesar del auge alcanzado por ese movimiento de "participación
popular", el ritmo de las construcciones entre 1971 y 1980, que
demandaba entonces unas 38.000 viviendas anuales para cubrir el
crecimiento poblacional, fue inferior a las 17.000 anuales de promedio,
lo que añadió otras 200.000 al ya abultado déficit. La década de los
años ochenta irrumpió con una población superior a los 10 millones de
habitantes, para los que se requerían entonces unas 45.000 nuevas
viviendas por año.

Ante ese reto, el gobierno se propuso a partir de 1981 elevar las
construcciones hasta unas 100.000 anuales para satisfacer el crecimiento
y disminuir gradualmente el déficit acumulado, pero nuevamente, a pesar
de los enormes esfuerzos, no se pudo rebasar la cifra de 40.000 anuales
como promedio en la primera década, lo que arrojó otro déficit de unas
50.000 viviendas.

La crisis habitacional —en una sociedad donde el trabajo había dejado de
ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral estaba
subordinada a la sobrevivencia— encontró una salida en las ocupaciones y
construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se
desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis lo ocupó la promulgación
de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48, "Ley General de la
Vivienda", la cual autorizó la "transferencia de la propiedad" a los
usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y legalizó aquellas
situaciones pendientes de solución jurídica. Ello generó decenas de
miles de "propietarios", pero sin construir nuevos habitáculos.

La continuidad de las ilegalidades condujo a la Asamblea Nacional del
Poder Popular en 1988 a aprobar la ley 65, una segunda "Ley General de
la Vivienda", encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para
"propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control
estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda.

En ese momento la escasez de materiales de construcción y la
paralización del movimiento microbrigadista, como efecto de la caída del
Muro de Berlín, se reflejó en un descontrolado boom de construcciones,
compraventas y alquileres al margen de la Ley, a lo que el Estado
respondió con nuevas regulaciones complementarias y con la creación, en
diciembre de 1995, del Grupo Nacional, una nueva institución integrada
por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los
ministerios de Justicia y del Interior para controlar el desenfreno. Las
medidas restrictivas, por su propia naturaleza, agudizaron el déficit
ante una población en constante crecimiento.

En julio de 2000 se aprobó un nuevo Decreto-ley, el 211, para regular
las construcciones por esfuerzo propio y los trámites de permuta. Este
decreto prevé inspecciones físicas a los inmuebles, exige una
imprescindible autorización institucional para permutar y autoriza a
funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona,
menoscabando así el derecho de propiedad reconocido antes por la Ley 65.

En febrero de 2001, el Consejo de Estado aprobó otro Decreto-ley para el
control de las contravenciones. De acuerdo con esta última medida, el
Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que ahora elimina
definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las
entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

Como consecuencia de las medidas restrictivas y de la disminución del
ritmo de las construcciones, en la década del noventa —con un cálculo
bastante conservador— se dejaron de construir no menos de 100.000
viviendas, que unidas a las de décadas anteriores arroja unas 600.000
casas dejadas de construir en los 40 años que van de 1960 a 2000: el
preludio de una posible tragedia que ya hoy es realidad.

Como efecto de estas medidas y de la incapacidad del Estado cubano para
resolver por sí sólo el problema habitacional en los 40 años que van de
1960 a 2000, se agregó al déficit existente otras 600.000 viviendas.

Factores de la crisis

A la insuficiencia de las construcciones se unen el envejecimiento
natural del fondo de viviendas, la falta de mantenimiento, y los
crecientes y peligrosos derrumbes. La Habana, con su magistral,
reluciente y bella capital, es fiel exponente de la crítica situación
habitacional. La caducidad de los edificios y la ausencia de
mantenimiento han generado un proceso de derrumbes que, además de
abultar las estadísticas del déficit, ha ocasionado cuantiosas pérdidas
de vidas humanas. Dos ejemplos de los últimos cinco años son suficientes
para ilustrar esta afirmación.

El añejo edificio de cinco plantas, signado con el número 558 en la
calle Águila entre Barcelona y Zanja, fue víctima de la quinta y última
etapa de un prolongado proceso de derrumbes que duró 18 años hasta
desplomarse definitivamente el 5 de diciembre de 2001, con el doloroso
saldo de seis muertos y varios heridos. La afectación sufrida por el
edificio colindante hizo que sus ocupantes lo abandonaran
inmediatamente. Uno de los cuales, diez años atrás, había sufrido un
proceso similar al derrumbarse un inmueble de la calle Amistad.

El miércoles 29 de junio de 2005, en otro edificio de tres plantas
situado en la calle Manrique número 622, entre Reina y Salud, se
desplomaron partes del techo y de la escalera que comunicaba los 22
apartamentos. Aunque no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas,
sus ocupantes quedaron aislados del mundo exterior debido a los
escombros acumulados en el área de la escalera.

Esta edificación, que data de la segunda década del pasado siglo, estaba
apuntalada por dentro y, como la anterior, declarada inhabitable desde
hacía varios años sin que se hubiera procedido a su reparación. Esos
derrumbes, que de forma permanente dejan sin vivienda a nuevos vecinos,
constituyen un acontecimiento cotidiano en la capital del país.

Una tercera agravante han sido los peligrosos huracanes que desde 1996
entraron en una etapa de alta actividad, con un efecto devastador sobre
el fondo habitacional. En la Isla de la Juventud y en la provincia de
Pinar del Río hasta hace poco tiempo estaban pendientes de recuperación
un número indeterminado de casas destruidas por los huracanes Isidore y
Lili, que azotaron el occidente del país en el año 2002. El Charley, en
el 2004, afectó unas 70.000 viviendas, de las cuales 31.000 corresponden
a la capital, con 469 derrumbes totales.

Unos días después, Iván "El Terrible", calificado así por la crueldad
del zar ruso, azotó nuevamente el occidente de la Isla, dejando una
considerable cantidad de hogares destruidos total o parcialmente. Sólo
en la provincia de Pinar del Río, entre 2002 y 2004, se calculan "98.000
inmuebles dañados". El más reciente de ellos, el huracán Dennis, en
julio de 2005 destruyó la mayor parte de las casas existentes en algunos
lugares de la provincia Granma, como Niquero y Cabo Cruz, y en general
dejó un saldo de 120.000 viviendas con daños parciales o totales. Es
decir, cientos de miles de viviendas destruidas que se agregan a las
dejadas de construir y a las que desaparecen a causa de los derrumbes.

El crecimiento poblacional, el envejecimiento del fondo de viviendas, el
aumento del deterioro por la falta de mantenimiento, los continuos
derrumbes, el efecto de los ciclones y la disminuida capacidad
constructiva del Estado conforman el trágico cuadro del problema
habitacional. Cuadro que con el efecto del huracán Dennis devino tragedia.

Sorprendentemente, en junio de 2005 La Habana fue sede del V Encuentro
Mundial de los Programas Ciudades Sostenibles y Agenda 21 Local. En el
evento se dio a conocer que en el año 2004 se pudieron construir
solamente algo más de 15.000 viviendas, cuando el crecimiento
demográfico demanda no menos de 50.000 anuales. También se supo que el
43 por ciento del fondo habitacional "se encuentra en regular y mal
estado" y que hasta abril de 2005 la "falta de liquidez" impidió
resolver 15.889 derrumbes totales y 12.563 parciales.

En el discurso por el aniversario del 26 de julio de 2005, el jefe del
Estado cubano informó que hay ya 7.300 viviendas, terminadas en el 2005
(lo que apunta a unas 14.000 durante el año). En su intervención anunció
también que se construirán "100.000 nuevas viviendas en el año 2006"; es
decir, se retoma la aspiración de la década del ochenta.

Tomados en conjunto, los datos analizados indican que el déficit actual
de viviendas no debe ser menor del millón y que el actual crecimiento
demográfico demanda unas 50.000 nuevas cada año. De cumplirse la nueva
promesa al ritmo de 100.000 anuales, cada año se rebajarían 50.000 al
déficit de un millón. Ello significa 20 años construyendo a ese ritmo de
forma permanente, cosa imposible de lograr si se intenta nuevamente
realizarlo solamente desde el Estado, como lo demuestra la experiencia
del casi medio siglo anterior.

Por la magnitud, la falta de perspectiva y las afectaciones humanas, se
impone una reflexión nacional con la participación conjunta de
autoridades, especialistas, instituciones y ciudadanos impedidos hasta
ahora de una real participación como sujetos activos, para entre todos
analizar causas, experiencias, posibles soluciones y desatar toda la
creatividad, inteligencia e intereses en la solución de la tragedia.

La solución

El creciente déficit habitacional registrado en Cuba —aproximadamente de
un millón de viviendas—, unido al crecimiento de una población que exige
un ritmo de construcción de unas 50.000 nuevas casas cada año, ha
convertido el problema habitacional en tragedia.

Ante los fracasados intentos y la persistencia del Estado en ignorar la
participación activa, paralela y autónoma de la sociedad en un problema
que le aqueja tan directamente, se impone una reflexión nacional con la
participación conjunta de autoridades, especialistas, instituciones y
ciudadanos impedidos hasta ahora de una real participación en la
solución de la crisis.

La concepción ética y humanista del hombre como fin lleva a la esencia
del erróneo e inviable enfoque de las relaciones entre Estado y
sociedad, o mejor dicho, a la subordinación de la sociedad al Estado;
una tergiversación que desconoce el hecho cierto de que los hombres y
sus familias empezaron a construir viviendas antes de la aparición e
intervención del Estado, lo que aconseja desterrar la concepción estatal
de la vivienda desde la limitada visión de los números: cantidad de
viviendas construidas y cantidad dejadas de construir, déficit
habitacional, proyectos, cifras para el nuevo período y promesas
incumplidas.

Hay que situar definitivamente, de hecho y de derecho, al ser humano
como lo primero, lo que implica favorecer su participación activa en un
problema que le afecta tan directamente como el hogar. La disyuntiva se
presenta así: el Estado promueve y respeta la autonomía y las libertades
que propicien la participación activa, paralela y subsidiaria de la
ciudadanía y de la sociedad civil; o sencillamente, el Estado, en su
omnipotente arrogancia, lo promueve todo y con ello también lo paraliza
todo.

Lo anterior no significa que se pueda prescindir del Estado. Sin él
tampoco hay solución. No se trata de simple maniqueísmo, sino de
coparticipación Estado-sociedad civil-individuo; pues la vivienda como
necesidad social primaria es también materia de responsabilidad pública.

El Estado cubano, como cualquier otro, debe y tiene que participar en la
solución del problema, sólo que debe dejar a los demás su
correspondiente cuota de participación. Al menos tres razones justifican
y exigen su presencia: 1) La vivienda es al mismo tiempo un bien de
consumo y de inversión que satisface una necesidad básica pero, por ser
muy oneroso, requiere de un largo período de construcción y de fuentes
de financiamiento; 2) Hay componentes de la construcción como el cemento
y la madera, por sólo citar dos, que dependen de grandes empresas y de
mercados abastecedores de materiales constructivos; y 3) La edificación
y el urbanismo exigen normas tecnológicas de habitabilidad, diseño
urbano, sistemas sanitarios, energéticos, viales y de comunicación,
entre otros, que no se pueden dejar al libre albedrío.

Si impensable es la solución sin el Estado, impensable es también sin la
participación autónoma de la sociedad a través de pequeñas y medianas
empresas privadas o cooperativas, comunitarias, familiares e incluso
personales para la producción y venta de materiales, la construcción y
reparación de inmuebles, como fuente alternativa de recursos
financieros, y como inversionista y fuente de mano de obra.

Lo que está agotado en Cuba es la opción del Estado omnipotente. Toca
ahora el turno a la relación armónica entre Estado y sociedad. En ese
sentido, la experiencia cubana de casi medio siglo es bastante
aleccionadora.

La función social de la vivienda

Resumo algunos de los factores que son de obligada presencia en
cualquier intento sensato de solución. En primer lugar, situar en primer
plano al ser humano y desde ahí definir la función social de la
vivienda. Aquello que los ingleses expresaron de forma sucinta desde el
siglo XIX: "no se puede tratar con la gente y sus viviendas por
separado". Ello permitiría la participación ciudadana al margen de
criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo.

Segundo: es necesario volver a analizar del derecho de propiedad, un
derecho natural emanado del instinto de posesión de bienes que explica
el derecho milenario que los hombres tuvieron sobre herramientas y
utensilios del hogar y que hoy se extiende a cuantos bienes brindan
seguridad y estabilidad, entre los cuales la casa ocupa un lugar
privilegiado. La propiedad constituye una institución necesaria al
ciudadano y al desarrollo por razones puramente prácticas y se justifica
en la medida que sea útil para el bien de los hombres.

En tercer orden, la realización de estudios multidisciplinarios sobre el
problema habitacional, que, junto a los factores físicos y económicos,
abarquen los psicológicos, sociológicos y demográficos que requiere el
enfoque humanista del asunto. Cuarto: por la magnitud del problema y la
cantidad de factores a integrar se requiere de un nuevo organismo rector
con rango de ministerio que absorba las funciones que realizan los
organismos existentes e incluya otras nuevas, pues ninguno de los
actuales abarca toda esa complejidad.

En quinto lugar, la creación de bancos especializados; exploración de
nuevas fuentes de financiamiento, como lo fue el Instituto Nacional de
Ahorro y Vivienda en 1959 o las experiencias republicanas de las cajas
de ahorro y las sociedades de créditos mutuos; libre comercio de
materiales y libertad de compraventa; derecho a la creación de pequeñas
y medianas empresas para construir y reparar casas y producir materiales
de construcción, acompañado todo de un trabajo educativo dirigido a
crear una conciencia urbanística y de protección al entorno.

La tragedia de la vivienda en Cuba es una de las causas del éxodo
masivo, constituye un problema de seguridad nacional, es responsable de
gran parte de los conflictos familiares y matrimoniales y fuente de
desesperanza y descontento ciudadano. Se impone dejar a un lado los
intereses políticos e ideológicos y actuar responsablemente ante la
crítica situación existente.

La experiencia histórica, nacional y foránea, ha demostrado que sin la
participación activa de la ciudadanía y de la sociedad civil es
imposible e inviable la realización de los nuevos proyectos anunciados
desde el Estado.

URL:
http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro_en_la_red/cuba/historias_de_fondo/el_drama_de_la_vivienda