Un paso hacia atrás

Emigración
Un paso hacia atrás

Lejos de suavizar la burocracia, el régimen impone nuevos mecanismos
para bloquear los viajes de los profesionales al exterior.

Yodel Pérez Pulido, Manaos | 12/12/2008

Todos los lunes, en la sede del Ministerio de Educación (Obispo, 160) en
La Habana, hay concentraciones masivas. Profesionales en activo y
jubilados acuden para entregar solicitudes de permiso para viajar al
exterior, porque la salida sólo será posible si cuentan con el cuño y la
firma de la ministra.

Ese día, una secretaria aconseja cuál solicitud es "tramitable" o "digna
de análisis" por parte de la ministra, y cuál no debe seguir los
escalones establecidos.

Para algunos, surgen esperanzas; para muchos, incluso quienes acuden
desde el interior de la Isla en busca del "amparo" ministerial, la peor
de las frustraciones.

El Ministerio de Educación es uno de los que más se opone a la
inmigración legal, instituida como derecho ciudadano y baldíamente
refrendada en la Constitución de la República. Los maestros también son
rehenes, como ya se dijo en este diario sobre los médicos que aspiran a
viajar al exterior.

Hasta aquí, nada nuevo. Sin embargo, hechos recientes hacen creer que la
política de limitar la salida de profesionales de los ministerios de
Educación y Salud, ha sido ahora extendida a la mayoría de los que
conforman la Administración Central del Estado.

Desde constructores hasta agricultores

Como se sabe, al asumir el poder, Raúl Castro esperanzó a la opinión
pública sobre una supuesta "eliminación del permiso de salida", la
autorización gubernamental necesaria para viajar al exterior.

Varios periódicos internacionales publicaron notas y reportajes que
apuntaban en esa dirección. Incluso, CUBAENCUENTRO.com supo, en su
momento, de seminarios organizados por la dirección de Inmigración y
Extranjería para "adaptarse" a los supuestos nuevos procesos. Hasta las
nuevas planillas de viaje y solicitud de pasaporte se imprimieron.

Todo se paralizó, de un momento a otro. El régimen dio marcha atrás a la
que podría haber sido las más importante reforma del raulismo. Ahora,
los hechos apuntan a un fortalecimiento de las medidas gubernamentales
para frenar la emigración legal de los cubanos.

En temas de política exterior, acudimos a la concreción de nuevos
acuerdos migratorios con países de la región para atajar el tráfico
ilegal e incluso a los que escapan sin acudir a las mafias. Los primeros
cubanos repatriados desde México llegaron a la Isla la semana pasada.

Internamente, el gobierno ha reforzado el sistema de permisos y avales,
que deberán ser otorgados mucho antes de pagar los 150 pesos
convertibles que cada ciudadano tiene que abonar para obtener la famosa
"carta blanca".

Un constructor, un pequeño agricultor miembro de cualquier cooperativa,
un trabajador simple de una empresa citrícola, un trabajador bancario,
cualquier egresado de las universidades, precisa ya de varias
"licencias" para ser autorizado a viajar al exterior.

Los pedidos de solicitud comienzan en los centros laborales, luego en el
municipio de residente y posteriormente en las instancias provinciales.
Sólo tras obtener esos avales puede presentarse una petición a los
ministros correspondientes, que ahora son los únicos autorizados para
permitir el viaje. No importa el sector, ni el país.

Si antes los Ministerios de las Fuerzas Armadas, Educación y Salud eran
los más restrictivos, dichas políticas se han extendido al resto de la
administración central. Ya existen departamentos en las diferentes
estructuras para atender la "escalera burocrática", la nueva alternativa
del régimen para mantener en prisión perpetua a los profesionales
graduados en la Isla.

¿Jubilado? ¿Y qué?

Hay una trampa mayor en este revival de las restricciones migratorias.
Con la carencia de fuerza de trabajo, reconocida públicamente, debido a
los bajos niveles de natalidad, el gobierno ha comenzado a reinsertar
laboralmente a los jubilados.

Por contrato a tiempo parcial o indeterminado, muchos ciudadanos, desde
el punto de vista legal, son vistos como trabajadores activos y, por
tanto, entran en los nuevos procedimientos ministeriales para obtener un
permiso de viaje.

Rafael Carmenates lo ha sufrido en carne propia. Ingeniero desvinculado
del sector, estaba contratado por tiempo determinado (tres meses) en la
ECOA-8, de Camagüey, para la ejecución de un proyecto patrimonial.

En la planilla de solicitud (quería viajar al exterior y reencontrase
con su hija, residente en Italia), puso su ocupación actual: jubilado.
Sin embargo, las autoridades de Inmigración le negaron el permiso de
salida porque, según ellos, Carmenates había omitido su reinserción
laboral, "y eso ya necesita un aval del ministro de la Construcción".

Constreñido por la disposición, el camagüeyano consiguió el famoso aval
del ministro, luego de obtener los nuevos permisos locales, municipales
y provinciales. Pero su sorpresa fue mayor al escuchar de un oficial de
Inmigración que ya su "actitud" le costaría la penalización de "un año
sin salir del país por ocultar información a los procesos investigativos".

La decisión es irreversible. Su visa también caducó y tendrá que empezar
la tramitación cuando pase un año. Es la historia del nunca acabar.

¿Hasta dónde llegarán? Quizás algún día se sume, a la prohibición de
vivir en La Habana, la necesidad de permiso para viajar entre
provincias. La idea ya se ensaya con algunos disidentes. Según el trote
que vemos, cualquier empeoramiento tiene fundamento.

http://www.cubaencuentro.com/es/cuba/articulos/un-paso-hacia-atras-138694