Jueves, 15 de Diciembre de 2011 12:26
Wilfredo Vallín Almeida
Comentarios sobre leyes
La Víbora, La Habana (PD) Termina ya el año 2011 y el cable desde
Venezuela que debía proporcionar Internet para todos los cubanos no
acaba de entrar en funcionamiento. Lo que sabemos en torno a eso son
solamente rumores. No hay una información oficial clara y específica que
nos diga a los cubanos qué ha sucedido y para cuándo estarán
solucionados los problemas con esa instalación.
El caso que acabo de exponer es sólo un ejemplo del problema mucho mayor
que los nacionales hemos confrontado desde el triunfo de la revolución
con un aspecto tan importante de la vida moderna cual es la información.
El carácter absolutamente estatal que tomaron los medios de información
en Cuba a raíz de su nacionalización total en los primeros años de
constituido el poder socialista, hicieron depender esa información de la
forma, la extensión y la oportunidad que a partir de entonces dictó el
supuesto representante del pueblo a su representado: sería cómo
entendiese el primero.
Así, comenzó a darse un fenómeno inusitado: los cubanos nos enterábamos
de lo que sucedía, no ya en el exterior, sino dentro del país, por
cualquier vía o fuente, antes de que nos lo comunicaran los medios
nacionales que evidentemente tenían que esperar orientaciones del poder
político para luego informar…a su manera.
Son muchos los ejemplos que pueden mostrarse de esto. En febrero de 2008
el entonces ministro de relaciones exteriores, Felipe Pérez Roque, firmó
en New York dos pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos, a
saber, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero ninguno de estos
importantes documentos internacionales ha sido publicados dentro de
Cuba, no han sido explicados sus contenidos ni expuestas las razones por
las cuales fueron firmados.
Algo similar aconteció con un documento del Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre
de 1990 y, en el que, entre otras cosas, puede leerse:
"Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las
libertades fundamentales que toda persona puede invocar ya sean
económicos, sociales y culturales, o civiles y políticos, requiere que
todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos
prestados por una abogacía independiente.
Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas o
detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado
inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al
arresto o a la detención."
Hemos preguntado a muchos letrados sobre este documento de ONU y la
inmensa mayoría confiesa no haber escuchado nunca de su existencia, a
pesar de que fue en Cuba donde encontró concreción su formulación.
Lo anterior, por demás, no puede resultar raro si cualquier cantidad de
ciudadanos confiesa no haber tenido nunca en las manos una Constitución
de la República ni haberla leído.
Parece obligada entonces una pregunta inobjetable: ¿por qué no se
informa a la población en la justa medida todo esto? ¿No es ella el
soberano del cual dimanan "todos los poderes del Estado", como reza la
Ley de Leyes de la nación? ¿O acaso el poder delegado se considera por
encima del poder constituyente?
http://primaveradigital.org/primavera/sociedad/la-consulta/2893-la-informacionque-nunca-llega
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