Lucas Garve, Fundación por la Libertad de Expresión
LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - La campaña contra la
corrupción y las ilegalidades emprendida por el gobierno cubano bate con
pleno furor. Ayer mismo el Noticiero Nacional de Televisión, principal
difusor de las noticias en Cuba, daba a conocer las operaciones contra
vendedores por su cuenta en los alrededores y dentro del Mercado Único
en La Habana, un edificio que ocupa una manzana en las cercanías de los
Cuatro Caminos, una de los enclaves más populares de la capital cubana.
Según lo informado por los reporteros de televisión en su emisión
noticiosa estelar, se realizaron 31 operativos policiales con un saldo
de más de 800 personas detenidas y fueron allanadas 12 casas en los
alrededores del mercado. Y todo esto, según lo afirmado por los
diligentes periodistas oficiales, en beneficio del pueblo. Una expresión
muy usada desde las purgas estalinistas del siglo pasado.
No es la primera vez que las autoridades realizan una limpieza represiva
de esa índole en ese sitio. Así ocurrió en los noventa. De igual modo
reaccionaron las autoridades en los años 80 contra los vendedores y
artesanos de la Plaza de la Catedral. De esta manera actúan los
gobernantes cubanos cuando la actividad por propia iniciativa de los
ciudadanos toma el camino de escape de las riendas gubernamentales.
La eliminación de vendedores o revendedores de mercancías y comestibles
en estos días no es aplicable exclusivamente al caso mencionado del
Mercado de Cuatro Caminos. En otros puntos de la ciudad se han sucedido
operativos de represión social. Sucedió también en la zona peatonal de
la calle San Rafael, conocida como el Boulevard y en Galiano y Neptuno.
En las zonas céntricas, donde abundan los establecimientos comerciales,
se agolpan los revendedores de artículos de vestir, comestibles,
muebles, etc. Estos grupos están formados por personas que subsisten
económicamente de forma emergente. Están al margen de la dependencia
estatal para sobrevivir.
En otros casos, son ciudadanos que, además de un empleo, invierten parte
de su tiempo libre en vender cualquier objeto o artículo de amplia
demanda con el fin de redondear un salario que no alcanza para cubrir
las necesidades familiares.
Encontramos así a una profesora que vende maní tostado al anochecer, o
un joven maestro emergente que vende a escondidas pasteles a sus
colegas; a un enfermero vendedor de chicles, caramelos y dulces caseros.
En los reportes de prensa sobre los resultados de la batida contra las
"ilegalidades", se destaca el desmantelamiento de fábricas de muebles,
artículos de plástico, mercadería en general, cigarrillos y
comestibles. Son pequeños y rudimentarios talleres montados en viviendas
particulares donde varios miembros de una familia dedican su esfuerzo a
fabricar piñatas, sillones, juntas de cafeteras, pasteles de
cumpleaños, cafeteras, calderos, cubos, tuberías de baño y lavamanos
plásticos, y un largo etc. Ocurre que hay demanda de esos artículos, y
el gobierno, en pocas ocasiones, los vende en moneda convertible a
precios muy altos. Entonces, ¿cómo resuelve sus necesidades el ciudadano
de a pie?
La pregunta la formuló un chofer de un auto de servicio de una empresa,
que al retornar a su casa recoge pasajeros a 10 pesos por cabeza. Según
el hombre, "los jefes todo lo resuelven entre ellos, pero a los
subordinados sólo les queda aplaudir".
La contradicción que las autoridades no acaban de resolver es la que
plantea la necesidad de subsistir con un salario que no cubre los gastos
del mes, y la búsqueda de vías para solucionarlo. En este punto de la
frontera no hay momento fijo para entrar en la ilegalidad.
De lo que la gran mayoría está convencida es en la imposibilidad de
vivir con un salario. La sobrevivencia hay que lograrla a través de
otras actividades, muchas veces ajenas a las del propio oficio o
profesión. Y esto último, ya es ilegal. Pero es el sistema económico el
que obliga a la ilegalidad.
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