El hombre que paró las torturas
ALEJANDRO ARMENGOL
Ahora que la Corte Suprema de este país acaba de propinarle una
importante derrota al gobierno del presidente George W. Bush, y fallar a
favor de que los extranjeros detenidos indefinidamente en la base naval
de Guantánamo, en Cuba, tienen el derecho constitucional de apelar su
detención en cortes civiles estadounidenses, es un buen momento para
mencionar al hombre que logró frenar la práctica de torturar a los
prisioneros. Fue un militar de padre cubano, fue un republicano, apoyó
la invasión a Irak y aquí en Miami nunca se menciona su nombre. Resulta
evidente que en esta ciudad no todos los republicanos son iguales.
Alberto J. Mora nació en Boston en 1952. Hijo de una húngara y un
cubano, ambos exiliados de regímenes comunistas. Ese mismo año, su padre
llevó a la familia a vivir a Cuba. Cuando Fidel Castro llegó al poder,
los Mora abandonaron la isla y se establecieron en Jackson, Mississippi.
Allí Mora estudió en una escuela católica y luego en el Swarthmore
College, donde se graduó con honores. Después trabajó en el Departamento
de Estado, en Portugal. En 1979 se matriculó en la facultad de Derecho
de la Universidad de Miami.
Criado en un ambiente conservador, Mora laboró como asesor durante el
gobierno del ex presidente George Bush. Al llegar a la presidencia Bill
Clinton, ocupó el asiento reservado a los republicanos en la Junta de
Gobernadores para las Trasmisiones del Gobierno de Estados Unidos y
asesoró a la emisora Radio Martí. También ejerció como abogado
especializado en leyes internacionales de diferentes bufetes privados de
Miami. Al triunfo de George W. Bush, fue nombrado consejero legal
general de la Marina.
El 17 de diciembre de 2002, quince meses después del ataque terrorista
del 11 de septiembre de 2001, David Brant, director del Servicio
Investigativo Criminal de la Marina, le refirió a Mora su preocupación y
molestia por la conducta de los interrogadores militares en el campo de
detenidos de Guantánamo. Le planteó que se trataba de un personal que
carecía de la preparación adecuada, que estaba obteniendo resultados muy
pobres en su labor, y el cual recurría cada vez más al abuso físico y
sicológico para tratar de sacarles información a los detenidos.
En una reunión posterior, Brant le dijo a Mora que existía el rumor de
que estas tácticas estaban autorizadas al más alto nivel en Washington.
Luego de conocer mejor la situación y consultar con otros funcionarios,
Mora se reunió con el secretario de la Marina, Gordon England (en la
actualidad subsecretario de Defensa), y con William Haynes, asesor
general del Pentágono. A ambos expresó su rechazo a la utilización de
tales técnicas.
El presidente Bush decidió en febrero de 2002 que los sospechosos de
terrorismo detenidos por el gobierno de Estados Unidos no merecían ser
tratados de acuerdo a lo estipulado por las convenciones de Ginebra.
Mora trató de forma persistente de alertar sobre lo desastroso e ilegal
de tal política. Expresó su opinión antes de que salieran publicadas las
fotografías de los abusos en Abu Ghraib. El 7 de julio de 2004 envió un
documento de veintidós páginas al vicealmirante Albert Church, quien
dirigió la investigación sobre los abusos en Guantánamo. El 15 de enero
le mandó otro a Haynes, donde describía las técnicas de interrogación
que se estaban empleando en Guantánamo como un tratamiento del que lo
menos que se podía decir era que resultaba cruel y poco usual. Un modelo
de conducta que, en el peor de los casos, no cabía otro remedio que
catalogar dentro de los métodos tradicionales de tortura.
Mora y otros abogados participaron en un grupo de trabajo, creado con
miembros de todas las ramas militares para elaborar nuevas guías para
los interrogatorios. Sus esfuerzos se vieron limitados una y otra vez
por el grupo de asesores del vicepresidente Dick Cheney y la resistencia
de varios de los más poderosos miembros del Gobierno.
Pronto Mora descubrió que respecto al tratamiento de los detenidos, el
Pentágono había seguido una doble política: una más visible, destinada a
tranquilizar a los críticos y a quienes temen que las violaciones puedan
conducir a enjuiciamientos penales en el futuro, y otra secreta, que
había permitido los maltratos, pese a las denuncias y los escándalos.
Gracias a la acción decidida de Mora, que le envió un memorándum
especificando sus preocupaciones a Haynes y a Jane Dalton, asesora legal
del general Richard Myers, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, se
frenó la autorización de las torturas en Guantánamo. ``Con placer le
comunico que el secretario [de la Marina, Gordon England] ha rescindido
la autorización, fue la respuesta de Haynes, según un artículo del
escritor Philippe Sands aparecido en Vanity Fair en mayo de este año.
Mora considera que la respuesta legal del gobierno de Bush, luego del 11
septiembre, fue inadecuada desde el comienzo, lo que dio lugar a una
serie de errores que han resultado casi imposibles de corregir. ''El
debate aquí es no sólo cómo proteger la nación. Es cómo proteger
nuestros valores'', señaló el 27 de febrero del 2006 en un reportaje
aparecido en la revista The New Yorker.
Al denunciar y tratar de impedir la crueldad y la tortura en Guantánamo,
Mora dio un ejemplo de dignidad y lanzó una advertencia: ''Da la
impresión que muchos abogados del gobierno norteamericano desconocen los
hechos históricos'', dijo. Luego agregó: ''Me pregunto si incluso están
familiarizados con los juicios de Nuremberg, con las leyes de guerra o
la Convención de Ginebra'', agregó. El reciente libro de Sands, Torture
Team: Rumsfeld's Memo and the Betrayal of American Values, apunta en el
sentido de una culpabilidad que tarde o temprano tendrá que enfrentar un
proceso judicial.
La protección de los valores norteamericanos no debe limitarse a los
residentes nacionales. De lo contrario, EEUU deja de ser ejemplo para el
mundo.
aarmengol@herald.com
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