La nueva muralla de La Habana

Sociedad
La nueva muralla de La Habana

¿Puede tomarse partido en el debate migratorio de Estados Unidos y a la
vez deportar a miles de orientales como 'criminales extranjeros'?

Leonardo Calvo Cárdenas, Ciudad de La Habana

lunes 17 de abril de 2006 6:00:00
Emigración interna: ¿levanta el gobierno en La Habana una nueva muralla
contra los 'ilegales'?

Pocos minutos después de ver, en uno de los televisores de la Estación
Central de Ferrocarriles de La Habana, un reportaje sobre las
manifestaciones públicas en Estados Unidos contra las nuevas medidas que
regularán la inmigración ilegal, un vehículo de operaciones policiales
se detuvo junto al andén donde aguardaba su hora de salida el tren con
destino a Santiago de Cuba.

De la "guasabita" —como popularmente se le conoce a la pequeña jaula
rodante— salieron varios jóvenes que fueron rápidamente conducidos por
agentes del orden al mencionado tren para ser deportados hacia las
provincias orientales.

Hace ya varios años que este triste espectáculo se repite cotidianamente
ante la vista impasible de los habaneros, que, sin mirar lejos y
profundo la significación e implicaciones de la deportación, llegan
incluso a sentirse aliviados con la expulsión de los "palestinos"
—término popular y despectivo que designa a los cubanos oriundos de la
región más oriental del país—. Estos últimos, por su parte, no han
encontrado la forma de protestar pública, abierta e institucionalmente
por esta violación flagrante de sus derechos ciudadanos.

Como ante otros fenómenos de grave implicación social —sida y
prostitución, por ejemplo—, el gobierno cubano prefiere despreciar los
derechos del individuo y anteponer las medidas punitivas al análisis de
las causas sociales y estructurales.

Por esa razón, el Decreto-Ley 217 del Consejo de Ministros, puesto en
vigor en 1997, refrenda que los orientales sean tratados como parias
indeseables en su propia tierra. Dicha ley contradice los derechos que
reconoce la Constitución vigente, cuyo artículo 43 afirma que "el Estado
consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos
sin distinción de raza, color de piel, sexo, creencias religiosas,
origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: —se
domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se
alojan en cualquier hotel…".

Sin atacar las causas

El caso es que los desquiciamientos socioeconómicos de los últimos
lustros han aumentado la emigración interna.

La muy tensa situación económica de las provincias orientales —que puede
resumirse en bajo nivel de desarrollo agrícola e industrial,
considerables niveles de desempleo, agresivas sequías, poca incidencia
del turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares— ha movido
oleadas de personas, fundamentalmente jóvenes, que buscan en la capital
y sus localidades limítrofes mejores condiciones y oportunidades de
desenvolvimiento.

Como casi siempre sucede, este movimiento migratorio —numéricamente
considerable— trae consigo un aumento de la informalidad en la vivienda
y la economía, y de la potencialidad delictiva, a la vez que contribuye
a complicar más el ya enrarecido mercado laboral.

En una capital densamente poblada, con un fondo habitacional en total
colapso, llena de restricciones y controles, agobiada por la escasez,
las carestías y las prohibiciones, es natural que el masivo movimiento
migratorio provoque inquietudes y rechazos; pero sin duda la
marginalidad y el delito económico o criminal no son, ni con mucho,
patrimonio exclusivo de los orientales recién llegados.

Ante este cuadro, las autoridades cubanas, que desde su llegada al poder
hace ya mucho tiempo se dedicaron a traer orientales hacia la capital,
lejos de tomar medidas para equilibrar el desarrollo económico y la
estabilidad social en todo el país prefieren recorrer el camino corto y
fallido de la represión pura y dura.

Esta vía, que pasa por el desprecio de sus propias leyes y de la
dignidad de los ciudadanos, termina con el triste espectáculo que
protagonizan jóvenes policías orientales deportando a jóvenes
"indocumentados" orientales, muchos de los cuales regresarán de
inmediato a la capital para dar continuidad a una saga de persecuciones
que parece no tener fin.

Las deportaciones internas niegan arbitrariamente el derecho
constitucionalmente establecido de todo cubano a domiciliarse en
cualquier lugar del territorio nacional. Éstas son ilegales, puesto que
la deportación interna sólo está contemplada en las leyes penales
vigentes como sanción subsidiaria que debe ser dictada por un tribunal
competente.

Estado represor

Una vez más, como sucedió con el forzoso confinamiento a que fueron
sometidos durante varios años los enfermos de sida, o el ilegal
encarcelamiento de muchas jóvenes acusadas de ejercer la prostitución
(esa práctica no está tipificada, prevista y sancionada en el Código
Penal vigente), con la deportación de orientales, el Estado, que debe
ser el principal protector de los individuos más vulnerables, se erige
como represor inmisericorde. No reconoce su responsabilidad, se
desentiende de las soluciones políticas consecuentes generalmente
complejas, pero a la larga mucho más producentes, y sienta un mal
precedente que hace preguntarse a quién le tocará mañana.

Mientras en las provincias orientales las condiciones de vida y las
oportunidades económicas sean en extremo limitadas, las migraciones
internas serán un reto permanente para la sociedad cubana. La represión
y las deportaciones no lograrán detener las oleadas hacia la capital, ni
mucho menos cambiar las condiciones que las provocan.

Las migraciones constituyen uno de los más complejos problemas que
enfrenta la humanidad en el siglo que comienza. Ésta ya motiva
encendidos debates, cruentos enfrentamientos, peligrosos brotes de
xenofobia y, por suerte, también la sensibilidad de muchos; pero sólo en
Cuba los nacionales son tratados como extranjeros indeseables.

Ciertamente en Estados Unidos y en otros países los inmigrantes pueden
ser víctimas de excesos e injusticias, pero también existen espacios,
voces y mecanismos para combatirlos. La búsqueda de equilibrio entre los
más diversos intereses y el respeto por la dignidad de los individuos,
vengan de donde vengan, es ahora mismo el centro y la esencia de esos
enconados debates y multitudinarias manifestaciones que podemos ver cada
día por los medios informativos nacionales.

Mientras eso sucede en los más diversos rincones del planeta, en esta
sociedad, enferma de abusos, miedo, simulación y demagogia, cientos de
personas pueden ver a jóvenes —que mañana podrían ser sus hijos—
deportados en su país como criminales extranjeros, sin que nadie
manifieste repulsa ante el lamentable espectáculo, lo cual viene a ser
tan grave como la deportación misma.

Un gobierno que ha elaborado las leyes en estricta consonancia con sus
criterios e intereses, debe violarlas cotidianamente para garantizar sus
poderes y dominios. Y un pueblo siempre "dispuesto" a manifestar su
altruismo y solidaridad en todo el orbe, es incapaz de mostrar abierto
rechazo hacia una práctica represiva que amenaza a todos por igual.

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