Corralito castrista, el peor de todos

Corralito castrista, el peor de todos
[20-03-2013]
Elías Amor Bravo

(www.miscelaneasdecuba.net).- El diario oficial del régimen castrista no
escatima esfuerzos. Hoy dedica una especial atención a la situación
financiera en Chipre, a la que califican como "corralito a la europea".
Nunca es bueno ver la paja en el ojo ajeno, porque termina siendo más
doloroso.

Cuesta creer que un sistema político cuyos dirigentes, desde el
principio, suprimieron cualquier derecho de propiedad a la población,
estableciendo un sistema basado en el control absoluto de la propiedad
por el estado, haga referencia a la seguridad bancaria.

Tal vez convendría recordar que el primer "corralito de América" se
produjo en Cuba, en aquellos meses terribles que se sucedieron a la
llegada de los llamados "revolucionarios" cuando el entonces ministro de
economía, Che Guevara, ordenó la cancelación de todos los depósitos en
los bancos, su nacionalización y la confiscación masiva a los que habían
otorgado su confianza a las entidades crediticias. La fecha, fatídica
para muchos cubanos, el 5 de agosto de 1961.

Después de haber nacionalizado la banca el año anterior, ese día, y sin
aviso previo, el régimen castrista realizó un cambio de la moneda
nacional por nuevos billetes de banco, que además habían sido impresos
en Checoslovaquia para no llamar la atención. El cambio de los billetes
para los depositantes se realizó en un solo día, lo que generó largas
colas en los bancos, que ya entonces estaban bajo control comunista. La
cantidad a cambiar se limitó a 400 pesos por persona. Simultáneamente,
las cuentas corrientes en los bancos quedaron bloqueadas sin acceso a
sus titulares.

Desde entonces, el sistema bancario castrista ha sido un "zombie
viviente" en el que los viejos carteles, títulos y denominaciones de las
entidades financieras confiscadas, se mantienen en las deterioradas
puertas de los establecimientos, mientras que otras entidades creadas
por la llamada "revolución" continúan sin cumplir los fines que se
otorgan en cualquier economía a un sistema financiero.

Lo ocurrido a los chipriotas es lamentable. Sobre todo, cuando en la
Unión Europea, el respeto a la propiedad privada es mucho más seguro que
en el régimen castrista, donde a lo largo de los últimos 55 años cada
vez que el poder político atisbaba signos de revitalización de la
actividad económica privada, procedía a nuevas olas de confiscaciones,
robos sistemáticos, expropiaciones y condenas por el mero hecho de
realizar una actividad económica que en cualquier otro país del mundo
sería bien recibida.

No es extraño que los cubanos recelen de sus dirigentes a la hora de
poner en marcha cualquier actividad por cuenta propia. El temor a una
confiscación o a un castigo penal se mantiene porque las leyes básicas
que regulan la actividad empresarial privada siguen siendo las mismas
que se dotaron durante la llamada "revolución" manteniéndose la base de
la planificación central de la economía y la existencia de la propiedad
estatal como referencia fundamental del sistema.

Che Guevara aplicó el "corralito" a las grandes empresas de Estados
Unidos que operaban en la Isla, a los dueños de las grandes
explotaciones e ingenios, de los medios de comunicación, de las empresas
de servicios públicos. Eso es cierto, pero con aquellas decisiones
confiscatorias también se apropió sin derecho alguno a indemnización de
los depósitos de los cubanos que habían trabajado con esfuerzo para
conseguir ahorros para su vejez.

Las dos décadas de los años 40 y 50 habían supuesto un estímulo muy
importante para el crecimiento de las rentas, el consumo y el ahorro de
los cubanos. Y el Che, aplicó un "corralito" para apropiarse de toda
aquella riqueza y ponerla al servicio de la llamada "revolución" cuando
fueron conscientes de que nadie, en su sano juicio, podría prestarles
fondos financieros a nivel internacional para llevar adelante las
medidas totalitarias que en aquellos primeros momentos del fervor
revolucionario se veían venir.

Lo más grave, es que aquellos cubanos confiscados de sus propiedades y
ahorros, nunca recibieron contraprestación alguna. Salvo casos puntuales
que se concretaron en mariscos o abalorios vergonzantes cuya
cuantificación económica se realizó de forma burlesca, nunca el régimen
castrista ha tenido la menor intención de compensar a quiénes fueron
confiscados en sus activos. El paso del tiempo ha contribuido a
agrandar, si cabe, más aun el daño realizado por aquellas medidas.

Los cubanos no se deben dejar engañar por Granma y la manipulación
castrista. Los chipriotas podrán perder parte de sus depósitos, pero en
la economía de mercado existen fórmulas de compensación que, a medio y
largo plazo, pueden actuar de forma positiva, por ejemplo, la conversión
en acciones de las entidades o la emisión de certificados de depósito
negociables. En el régimen castrista, ni eso. Generaciones de cubanos
han muerto sin volver a recuperar ni una pequeña parte de sus activos,
de sus depósitos o del valor de sus viviendas. Y Castro sigue ahí,
autorizando la publicación en Granma de artículos que confunden a los
cubanos y les llevan a error.

Porque si efectivamente "muchos chipriotas se sintieron estafados;
otros, menos pasivos, reclamaron sus derechos frente a las sedes
bancarias", en el caso de Cuba, nada de ello fue posible por el temor a
las represalias y la generalización del terror. Nadie podía cuestionar
las decisiones administrativas confiscatorias, porque no existía
tribunal alguno que se comprometiera a la defensa de los recursos. Ni
siquiera cabía esa fórmula que en el período democrático de la República
garantizaba que los derechos no fueran pisoteados.

Los cubanos, a diferencia de los chipriotas, tuvieron que abandonar su
país rumbo al exilio, sin más pertenencias que una maleta de reducidas
dimensiones. Sin nada de lo que habían construido atrás, y sin la
posibilidad de retorno. Esa ha sido la historia de los más de dos
millones de cubanos obligados al exilio o a la emigración para poder
respirar la libertad.

Muy pocos chipriotas tendrán que padecer este drama. Prácticamente,
ninguno. Incluso, si se organizan, pueden llegar a frenar el impacto de
las medidas y suavizar sus costes sociales. En Cuba ello no fue posible,
porque la represión castrista, las delaciones y el miedo a perder la
vida provocaron la salida masiva del país.

El drama de los cubanos expropiados por el régimen castrista es una
cuestión fundamental para la construcción del diálogo nacional
democrático. Es una cuestión que no admite posiciones intermedias, pero
que exigirá de una gran negociación, para no poner en peligro la
viabilidad del nuevo sistema democrático que se construya tras la
finalización de la dictadura castrista.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=38837