A ocho años de la Primavera Negra
By ALEJANDRO ARMENGOL
El 18 de marzo se cumplen ocho años del inicio de la llamada ``Primavera
Negra'' en Cuba, la ola represiva que llevó al arresto de 75 opositores
pacíficos y desencadenó el movimiento de las Damas de Blanco; una
repulsa internacional al castrismo; la intensificación del uso de la
huelga de hambre como recurso de denuncia en última instancia; el
acuerdo entre la Iglesia Católica, el Estado cubano y España para la
liberación y salida del país de los prisioneros y los acontecimientos
que por meses --y años-- han determinado en buena medida el panorama que
a diario divulga y analiza la prensa, y buen número de expertos, sobre
lo que ocurre en la isla. Desde las marchas de las Damas de Blanco y los
actos de repudio por parte de partidarios del gobierno, hasta los
vaivenes de los países europeos a la hora de rechazar o mantener la
Posición Común frente al régimen de La Habana, buena parte de lo que
ocurre en el terreno de los derechos humanos en la isla está marcado por
ese antes y después de los arrestos masivos.
Pese a la evolución del movimiento opositor, de una disidencia hasta
cierto punto de vista tradicional --y cuyos líderes superaban los 50
años de edad-- a un grupo menos encerrado en categorías, embriones de
partidos políticos y organizaciones de nombres presuntuosos, que se
dedica fundamentalmente a elaborar denuncias, dar a conocer actividades
más o menos confirmadas y establecer una visión alejada de las
aspiraciones del exilio histórico de Miami, hasta hace poco el enfoque
represivo del régimen continuaba caracterizado por el patrón reafirmado
con violencia en la primavera del 2003. Sin embargo, los cambios que ha
experimentado ese enfoque han sido más bien de adecuación de un modelo,
mientras mantiene intacta su esencia, que es castigar con dureza a lo
que se considere, por parte del gobierno cubano, cualquier acción que
vaya en detrimento de ``la independencia del Estado cubano'' así como de
la ``integridad de su territorio''. Las sanciones no pueden ser más
severas, ya que van desde una privación de libertad de diez a veinte
años hasta la pena de muerte. Pero donde cualquiera pudiera pensar que
se trata de actos violentos y sabotajes, el gobierno cubano aplica los
castigos a personas cuyos actos de rebeldía se limitan a uno o dos
escritos, y cuyas armas se reducen a un teléfono y si acaso una computadora.
De las condenas a Raúl Rivero, Oscar Espinosa Chepe y decenas de
periodistas independientes, al procesamiento del subcontratista
estadounidense Alan Gross hay un hilo conductor común: encerrar por
varios años a todo aquel que levante una voz en contra, no importa si lo
hace en el patio de su vivienda, en un escrito entregado a la prensa
extranjera o mediante una labor a sueldo de una nación hostil, que busca
introducir tecnología que escape al control del control informativo del
gobierno de La Habana, pero que no intenta la obtención de secretos
militares.
La ola represiva ordenada por Fidel Castro en el 2003 cumplió varios
objetivos. En cierta medida fue el triunfo del Proyecto Varela, la
capacidad demostrada por sus organizadores para recoger miles de firmas
y el obligar a un cambio de urgencia en la Constitución cubana, el
detonador que produjo una respuesta tan violenta.
Recalcar la negativa del régimen a cualquier cambio legal y dentro de
los marcos constitucionales va más allá de cualquier crimen. Que esa
actitud se mantenga en la actualidad --incluso en la puesta en marcha de
cambios acordados por la máxima dirección del país-- evidencia la
debilidad del sistema. No una debilidad que permita afirmar que el
régimen se desmorona o se caerá mañana --ilusión tonta del exilio de
Miami-- sino un convencimiento de la posición inestable en la que se
sostiene, que puede llevar a una crisis de grandes proporciones de
ocurrir un estallido espontáneo producido por un reclamo social violento.
e ahí que la actitud de quienes en el 2002 ``descubrieron'' la esencia
represiva del régimen castrista --aunque bienvenida entonces-- no dejó
de ser tan autojustificativa e hipócrita como la de los combatientes de
café con leche de la Calle Ocho, que piensan derrocar al gobierno cubano
con la ayuda de un mondadientes del Versailles en las noches de
insomnio. El rechazo al gobierno imperante en Cuba debe fundamentarse en
la negativa de éste al menor cambio democrático, sin esperar a que esta
negativa tenga que apelar a la violencia extrema y sin encerrarse en un
belicismo que no encuentra mejor bandera que unos cuantos gritos ante el
cantante de turno procedente de la isla.
La diferencia fundamental que marcó lo ocurrido al inicio de la
primavera del 2003 fue que, a diferencia de ocasiones anteriores, la
violencia no bastó para acallar las voces. No se produjeron confesiones,
autocríticas y lamentos. Las esposas y madres de los disidentes ocuparon
en cierta medida los puestos de los detenidos y continuaron las
denuncias. Los periodistas independientes siguieron publicando
informaciones.
Ahora es más necesario que nunca no ``castigar'' al gobierno de Castro
con un recrudecimiento del embargo o repetir amenazas que no van más
allá de la Calle Ocho. A ocho años de los arrestos en Cuba, nada mejor
que ignorar los llamados de demagogos como el legislador David Rivera, y
apelar a la cordura frente a la ignorancia.
http://www.elnuevoherald.com/2011/03/14/v-fullstory/902814/alejandro-armengol-a-ocho-anos.html
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