Ejecuciones extrajudiciales en Cuba
SOREN TRIFF
Los opositores continúan muriendo en manos del régimen cubano. A finales
de junio murió el opositor y activista de la sociedad civil Manuel
Acosta Lareda, de 47 años, mientras se encontraba encarcelado en Aguada
de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. Hay suficientes hechos de sangre
y ejecuciones extrajudiciales para observar el nuevo patrón de violencia
de las autoridades isleñas, posiblemente porque el terror institucional
ya no funciona.
Los asesinados parecen ser hombres jóvenes, a menudo negros, activistas
de la sociedad civil poco conocidos, residentes en las provincias, donde
la prensa extranjera tiene una presencia muy limitada. Si el régimen no
está involucrado entonces debe aclarar las circunstancias de la muerte
de Acosta, como han pedido sus familiares según la agencia EFE. Si el
control social ya no detiene las críticas de los cubanos contra sus
gobernantes, como informó Will Weissert, de la agencia AP, entonces la
comunidad internacional debe intervenir de manera franca para que se
detengan los asesinatos.
La ejecución de Acosta mientras se encontraba ''bajo custodia policial''
es una mala noticia para todos. Si fue ordenada por los Castro, podría
ser señal de pérdida del ''control de la calle'', es decir, el control
del orden público que algunos asocian con un estado inestable (failing
state). Las muertes extrajudiciales se emplean cuando el control social
comienza a fracasar y los dirigentes pretenden aterrorizar a la
población para que regrese a la obediencia.
Si la ejecución fue ordenada por algún líder local o fue un accidente,
es una mala noticia también. Podría significar una pérdida de autoridad
del régimen entre sus seguidores. Los opositores y presos políticos son
propiedad privada de los Castro; nadie puede disponer de la vida de
ellos sin autorización de los gobernantes. Los presos políticos son una
''materia prima'' importante para la propaganda. El régimen los utiliza
para ''confeccionar'' enemigos exteriores e interiores, para hacer
gestos diplomáticos liberando o apresando activistas ante figuras
internacionales y finalmente para lanzarlos como ''armas biológicas''
contra países que reclaman libertad y democracia para Cuba. Si un
funcionario se toma la atribución de ejecutar a un opositor, es un
''desafío'' a la autoridad; si la muerte sucede por error entonces es un
problema grave de ''daño'' a la propiedad de los Castro.
En todos los casos, la ejecución de Acosta tiene un factor común: el
avance de la burguesía ante el vacío de poder, tanto de la burguesía
burocrática (los compañeros empresarios), como de la burguesía
democrática, la que sabe que sus problemas de resuelven mediante
conductas y valores democráticos. El asesinato es una reacción al brío
de los agentes de cambio democrático, o es consecuencia del
distanciamiento entre la burocracia y la ``familia''.
Las ejecuciones del activista Miguel Tamayo a principios de año y la de
Acosta ahora constituyen un alarmante aumento del nivel de violencia del
régimen que no puede pasar desapercibido por las organizaciones
internacionales, los medios de prensa y los gobiernos que contribuyen a
legitimar al régimen con sus relaciones comerciales, incluido Estados
Unidos.
Pese a un notable embargo de la Unión Europea a Zimbabwe y de tener al
prestigioso presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, como mediador entre el
régimen de Robert Mugabe y la oposición, Zimbabwe se convierte en un
estado fracasado y se desliza hacia una emergencia humanitaria
precisamente por el uso de la violencia política contra la oposición,
entre otras cosas. Cuba podría estar dando las primeras señales de
convertirse en un Zimbabwe.
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