Caso Payá: ¿Podría naufragar ante la ONU?

Caso Payá: ¿Podría naufragar ante la ONU?
Viernes, Marzo 22, 2013 | Por Lilianne Ruíz

LA HABANA, Cuba, marzo, www.cubanet.org -La petición para que se realice
una investigación "internacional e independiente", sobre la muerte de su
padre, que ha hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Rosa
María Payá – hija del desaparecido líder del Movimiento Cristiano
Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas- debería sentar un precedente
histórico de cómo la Comunidad Internacional puede respaldar el interés
de aquellos que no pueden defenderse ante el poderío sistémico de un
Estado totalitario.

A pesar de que no se ha dicho una palabra en los medios informativos
cubanos acerca de la declaración de Ángel Carromero – conductor del auto
donde viajaba Payá- al diario The Washington Post, los cubanos enterados
opinan con la invariable petición de reserva con sus nombres.

"Que sean esclarecidas las circunstancias de la muerte de Oswaldo Payá y
Harold Cepero (el 22 de julio de 2012) es una cuestión de primer orden
para todos los cubanos y especialmente para quienes han decidido
manifestar su oposición (al régimen). Ningún cubano puede hacer, hoy en
día, más que pedir la solidaridad internacional", expresó un hombre de
55 años.

"Siempre pareció un accidente muy asimétrico. Quizá algo así sucede
porque subsiste en la naturaleza humana una satisfacción maligna que el
sistema coloca en el lugar idóneo y cree que puede existir sin someterse
a la ley. De la ley de Dios no escapa nadie", dijo una mujer de más de
30 años que también pidió omitir su nombre.

El sistema represivo cubano, armado de una amplia gama de métodos, es
inmune a la penalización por las violaciones de los derechos humanos;
los métodos de que se sirve el sistema cubano – y que son la garantía de
la perpetuidad en el poder de los octogenarios asaltantes al Cuartel
Moncada- van desde el acecho de todas las llamadas telefónicas, la
expoliación de objetos personales -para impedir el trabajo de la
Sociedad Civil-, las detenciones arbitrarias, la organización de
procesos espurios para encarcelar a los opositores, y por último -todo
parece indicarlo- el asesinato; con la posibilidad, para quien tiene el
control total, de manipular la escena de un crimen y presentarlo como un
accidente donde las víctimas sobrevivientes aparecen auto inculpándose.

Semanas después del siniestro, donde solo murieron los dos disidentes
cubanos, la televisión nacional trasmitió un documental que intentaba
ofrecer todas las explicaciones posibles de los detalles sobre el
supuesto accidente ocasionado –según dijeron- por el exceso de
velocidad con que conducía Ángel Carromero. Pudo vérsele declarar contra
sí mismo ante cámara, en el interior de alguna dependencia del
Departamento de Seguridad del Estado (DSE), y exonerar de
responsabilidad al gobierno cubano por el evento que costó la vida a
Payá y Cepero; ni siquiera se quejaba de la ausencia de señalización en
las carreteras cubanas, ni de las malas condiciones del terreno.

Recientemente, Carromero, enviado a España para cumplir su condena, dio
una entrevista a The Washington Post, donde relató:

"La última vez que miré por el espejo, me di cuenta de que el auto (que
les seguía) se había acercado demasiado , y de repente sentí un impacto
estruendoso por detrás. (…) Me advirtieron que yo era su enemigo y que
yo estaba muy joven para perder mi vida. Uno de ellos me dijo que lo que
yo les había dicho no había ocurrido, y que yo debía tener cuidado, que
dependiendo de lo que yo dijera, las cosas podían ir muy bien o muy mal
para mí.(…) Ellos me dieron otra declaración para que la firmara -una
que de ninguna manera se aproximaba a la verdad. La nueva versión
hablaba de gravilla, de un terraplén, de un árbol. Yo no recuerdo nada
de esas cosas. (…) El golpe por atrás cuando nos salimos de la
carretera, no tenía por qué ser fuerte, porque recuerdo que no había
contén o inclinación. El pavimento era amplio, sin tráfico. (…) La
última velocidad que vi en el velocímetro era de aproximadamente 70
kilómetros por hora. Las bolsas de aire ni siquiera se dispararon
durante el accidente, ni las ventanas se rompieron, y tanto yo como el
pasajero del asiento delantero salimos del carro ilesos".

El régimen cubano podría haber calculado al liberar a Carromero que
después de haber cedido al chantaje y haber sido procesado en Cuba –en
un juicio que no tuvo nada de público, y donde resultaron detenidos
todos los activistas que intentaron acercarse a la sala donde se
celebró- éste perdería credibilidad. Pero tanto aquellos que han pasado
por la experiencia de haber estado prisioneros del DSE, como los que se
han documentado acerca de los procedimientos de dicho departamento –
depositario del legado de la Stasi y la KGB- para hacer firmar a los
detenidos falsas declaraciones contra sí mismos, saben que Carromero
puede estar diciendo ahora la verdad. Lo que amerita la investigación
reclamada por la hija de Payá.

Pero, a pesar de la declaración de Carromero – apoyada por el sueco Aron
Modig, el otro sobreviviente de la tragedia, que ante la presión y el
incierto futuro de Carromero había declarado en Cuba "estar dormido"- ,
la petición hecha al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por Rosa
María Payá, tiene la aparente limitación de que el Estado cubano no es
firmante de los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, y de ese modo
existe un impedimento para que la petición pueda ser formalizada y
reconocida por el Consejo.

Sin embargo, tal limitación, impuesta por la renuencia del gobierno
cubano a concederle jurisdicción al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, en lo concerniente a los abusos y arbitrariedades cometidos
sistemáticamente en la Isla contra opositores no violentos, no debe
paralizar la acción de dicho Consejo de Derechos Humanos, a favor de la
lucha por la restitución plena a los cubanos, de los derechos y
libertades contenidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que
contiene el Protocolo Facultativo que en su artículo 1 dice lo siguiente:

Todo Estado (…) que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce
la competencia del Consejo para recibir y considerar comunicaciones de
individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que
aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Consejo no
recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en el
Pacto que no sea parte en el presente protocolo.

En este entuerto, que la diplomacia no ha logrado resolver, podría
naufragar no solo la posibilidad de hacer justicia a Oswaldo Payá y
Harold Cepero, también supondría mantener la impunidad de las
autoridades a la hora de seguir violentando los derechos de los cubanos.

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