Las libertades de expresión, asociación y circulación siguen sometidos a
restricciones en Cuba
Las libertades de expresión, asociación y circulación continuaron
sometidas en Cuba a graves restricciones en 2007, según el informe de
Amnistía Internacional (AI), que recuerda que el Gobierno anunció que
ratificará tratados sobre derechos humanos.
AI rememora que al menos 62 presos de conciencia seguían en prisión 'por
sus opiniones o actividades políticas no violentas' y que hubo
intimidación, hostigamiento y reclusión para disidentes, periodistas
independientes y activistas de derechos humanos, aunque destaca que
cuatro presos de conciencia quedaron en libertad provisional y que 13
fueron excarcelados por motivos de salud.
También resalta los 'efectos negativos' del embargo estadounidense, al
que culpa de que 'en gran medida' la población cubana no pueda disfrutar
plenamente de derechos como el de alimentación, la salud y la higiene,
además de socavar la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos
y de restringir las reunificaciones familiares.
AI destaca que la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, la
primera de un país de la UE desde la oleada de represión de 2003, supuso
que el gobierno cubano aceptara crear un Mecanismo Bilateral de Consulta
Política con España, que incluía un Diálogo de Derechos Humanos de
carácter formal.
Y recuerda que el 10 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores
anunció que Cuba ratificaría en breve dos tratados fundamentales de
derechos humanos.
Las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo tensas, recuerda el
informe, que también rememora que la Asamblea general de la ONU aprobó,
por decimosexto año consecutivo, pedir el fin del embargo contra Cuba.
AI precisa que los todos los medios de comunicación impresos y
audiovisuales siguieron bajo control estatal, y que no fueron renovados
los visados de varios corresponsales extranjeros por sus enfoques de la
situación del país.
El informe denuncia que numerosas personas fueron condenadas por el
delito de 'peligrosidad social', aplicado 'de forma casi exclusiva' a
disidentes políticos, periodistas o críticos con el Gobierno.
Alude al juicio sumario contra José Oscar Sánchez Madan, portavoz del
Movimiento Independiente Opción Alternativa, cuatro horas después de su
arresto, y a otras detenciones arbitrarias 'para desalentar las
manifestaciones contra el gobierno'.
AI recuerda que unas 40 personas seguían condenadas a muerte, aunque la
última ejecución conocida fue en abril de 2003.
Terra Actualidad - EFE
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