Sí vale la pena

Sí vale la pena
mayo 18, 2016 11:36 am por Roberto Quiñones Haces

Guantánamo, Roberto Quiñones, (PD) Por ser abogado-sin clientes que
representar por obra y gracia de los testaferros del castrismo, quienes
me niegan el derecho a ejercer la profesión que estudié-, me interesa
mucho la sección "La consulta", que de forma precisa y atinada, escribe
el colega Nelson Rodríguez Chartrand.

Desde que se publicaron los números 413 y 414 de Primavera Digital he
querido opinar sobre lo que el colega escribió en dicha sección, pues
también he sufrido la represión de la Seguridad del Estado y he
asesorado a compatriotas en igual situación.

Tengo una opinión diferente a la del colega con respecto a la posición
que debemos asumir ante las violaciones de la legalidad y la represión a
la que hemos sido y somos sometidos los periodistas independientes, los
opositores y demás ciudadanos.

Aclaro que coincido plenamente con el colega en que Cuba no es un Estado
de derecho. También estoy de acuerdo con él en que el gobierno cubano ni
siquiera respeta su propio ordenamiento jurídico y, dentro de él, a su
propia Constitución. En lo que no coincido es en su opinión de que no
vale la pena quejarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) y
otras instituciones gubernamentales. Me explicaré.

En el número 413 de Primavera Digital, fechado el pasado 27 de enero, el
colega relató que en múltiples ocasiones acuden a él miembros de la no
reconocida y marginada sociedad civil para solicitar asesoramiento legal
con el objetivo de establecer denuncias ante los maltratos, golpizas,
detenciones arbitrarias y otros actos injustos, entre los que también
está el despojo de bienes personales.

En el número 414 se refirió al hecho de que el artículo 26 de la
Constitución, en el que se establece que toda persona que sufriere daño
o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado
con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene
derecho a reclamar y a obtener la correspondiente indemnización en la
forma que establece la ley, tampoco se cumple y ejemplificó los
obstáculos que enfrentaría un ciudadano dispuesto a ejercitarlo.

En ambos casos, la conclusión de Rodríguez Chartrand es que no vale la
pena reclamar teniendo en cuenta el procedimiento que hasta ahora han
usado los funcionarios de la FGR y otras instituciones estatales.

Creo que a pesar del cinismo de los funcionarios de la FGR , el MININT y
otras estructuras del gobierno y de la discriminación que reciben
cotidianamente las personas mencionadas, sí se deben presentar quejas y
reclamaciones y que éstas deben hacerse llegar, incluso, a las
instancias superiores de esas instituciones.

Una vez transcurridos sesenta días hábiles -término que tiene la FGR
para dar respuesta-, el ciudadano tiene la opción, en el caso de que se
trate de un despojo arbitrario de bienes, de establecer una demanda en
un proceso especial de amparo en la posesión ante la sección civil del
Tribunal Municipal correspondiente.

Lo más probable es que la demanda no se admita, pero en todo caso el
Tribunal tiene que pronunciarse por escrito y esa será otra prueba de la
actuación arbitraria del gobierno cubano.

En el caso de que el ciudadano haya recibido una golpiza o haya sido
detenido arbitrariamente, debe formular la denuncia ante la unidad de la
policía que corresponda. Transcurridos noventa días sin que haya sido
citado para declarar o sin que el expediente investigativo se haya
terminado sin que exista solicitud de prórroga, el ciudadano perjudicado
puede fotocopiar los documentos y hacerlos llegar a las embajadas de los
países que realmente están comprometidos con el estricto cumplimiento de
los derechos humanos.

Igualmente considero pertinente que se haga llegar una carta sobre lo
ocurrido a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional, que preside Elizardo Sánchez Santa Cruz, y al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es mucho papeleo, seguramente pensarán algunos, y es verdad, pero sólo
en la medida en que los casos concretos de violaciones de los derechos
humanos sean documentados y puestos en conocimiento de otros países y de
la ONU, tendremos la seguridad de que lo que realmente ocurre en Cuba
será conocido y evaluado con mayor profundidad por las instituciones
internacionales.

Probada la inacción, el silencio cómplice de la FGR y otras
instituciones cubanas, no creo que el gobierno cubano quede bien parado.

Quizás alguien piense que resulta ingenua mi propuesta pero sólo el
tiempo y la práctica de esta sugerencia pueden confirmarlo.

De lo que sí estoy seguro es, de que ni el silencio ni la apatía
favorecerán en nada la lucha por el respeto a la institucionalidad y los
derechos humanos.
rojequihacfgos@yahoo.es; Roberto Quiñones

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