Ley de Inversión Extranjera - más apartheid

Ley de Inversión Extranjera: más apartheid
JORGE A. SANGUINETTY | Miami | 29 Abr 2016 - 7:23 am.

A primera vista, la ley cubana de inversiones extranjeras (Ley 118,
abril de 2014) tiene como objetivo atraer capitales al país con el fin
de elevar sus niveles de producción, en especial de productos
exportables. Atraer capitales extranjeros es perfectamente razonable
para cualquier economía, pero en el contexto de Cuba es necesario hacer
varias observaciones.

Todos los países, incluso los más ricos, se benefician de las
inversiones extranjeras, o sea, del flujo de capitales proveniente de
otras naciones para aumentar la capacidad productiva del país (inversión
directa) o adquirir propiedades ya existentes o instrumentos de capital
(inversión financiera). La economía cubana necesita estas formas de
inversión, pero especialmente la directa, no solo para resolver su
crisis crónica de producción sino por otras razones, todas perentorias.
Una de ellas es la de crear una capacidad inversionista capaz de
aumentar la pobre capacidad nacional de generar recursos para la
inversión. O sea, la economía cubana bajo el castrismo ha sido incapaz
hasta de generar un mínimo de inversiones para por lo menos asegurar el
reemplazo de las existentes cuando fueron expropiadas y para generar
suficiente empleo bien remunerado. En otras palabras, el supuesto
socialismo cubano ni siquiera ha podido asegurar la "reproducción
simple" (término marxista) de su economía, lo que debiera escandalizar a
aquellos que todavía creen en este tipo de organización económica.

Otra de las razones para atraer capitales extranjeros a Cuba va más allá
de lo que se ve a simple vista y consiste en atraer conjuntamente
capacidades gerenciales de todo tipo a una economía que no solo perdió
una proporción catastrófica de sus dotaciones de capital físico,
financiero, humano y social, sino también la capacidad de manejo
(management) de esos capitales.

Las expropiaciones de empresas en 1960 fueron seguidas por la pérdida
masiva de su personal gerencial, administrativo y técnico, lo que ha
afectado todos los aspectos operativos de las mismas. Esas operaciones
incluían los procesos técnico-productivos; el manejo de personal y los
salarios; la gerencia financiera y de inversiones; la administración de
ventas, inventarios, distribución y mercadeo, entre otras. Para mantener
las empresas funcionando y evitar el paro de su producción y el
concomitante desempleo masivo, las expropiaciones fueron seguidas por el
reemplazo de su personal ejecutivo con personas política e
ideológicamente afines al Gobierno revolucionario. Pero el nuevo
personal ejecutivo generalmente carecía de las calificaciones técnicas y
administrativas de sus predecesores, lo cual tuvo como efecto casi
inmediato la caída de los niveles de producción y eficiencia en
prácticamente todas las empresas. Este deterioro de la capacidad
productiva nacional fue la causa principal de que Cuba necesitara
subsidios sustanciales de la Unión Soviética primero y de Venezuela
después. Con el tiempo esta situación de depauperación gerencial donde
la lealtad al Gobierno es más importante que la calidad de la
administración empeoró, y así Cuba fue perdiendo la cultura de
eficiencia productiva que la hizo un país solvente y relativamente
próspero hasta 1959.

Esto fue parte del legado de incapacidad de manejo de la economía que
Fidel Castro le dejó a su hermano Raúl. La economía cubana no solo tiene
ahora que recuperar una parte de las inversiones que mal manejó y perdió
durante más de 50 años de negligencia administrativa, sino que también
tiene que restaurar una parte sustancial de la capacidad administrativa
que también se perdió. De no ser así, Cuba volverá a perder los recursos
invertidos en capital físico por no estar complementados por el capital
humano técnico y gerencial necesario, como ha sucedido en varios ciclos
desde el comienzo de la era castrista. De ahí que la Ley de Inversión
Extranjera no solo sirva para atraer capitales físicos sino también sus
complementos humanos, como ha sido el caso de las inversiones
extranjeras en turismo, lo que tiene importantes implicaciones para los
cubanos.

Una característica notable de esta ley es que excluye, sutil pero
definitivamente, a los cubanos residentes en la Isla de participar como
inversionistas en la economía del país, aunque no necesariamente a los
que residen afuera. En este sentido la ley es ambigua y sujeta a ser
aplicada a discreción por parte del Gobierno. El problema es que tal
prohibición afecta a todos los ciudadanos cubanos de muchas maneras,
sean o no empresarios o quieran o no ser inversionistas. Las
expropiaciones castristas no se limitaron a las propiedades privadas que
existían antes de 1960 sino también al derecho de los ciudadanos a
invertir en su país, a crear la riqueza necesaria para su desarrollo, a
tomar decisiones que los afectan directamente y a disfrutar de los
beneficios de una participación activa en los asuntos económicos de la
nación. Pero la nueva ley de inversiones extranjeras va en dirección a
que los cubanos no solo queden excluidos como inversionistas en su país
sino también como ejecutivos de esas inversiones por una razón obvia:
los inversionistas extranjeros van a preferir llevar a Cuba sus propios
ejecutivos porque han de confiar más en ellos que en los que el Gobierno
cubano les asigne según estipula la propia ley.

Efectivamente, en su artículo 30.1 dicha ley establece que los empleados
de las inversiones extranjeras serán contratados "por una entidad
empleadora a propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social". Con estas restricciones los cubanos están limitados
no solamente a ser asalariados de empresas estatales o extranjeras, sino
también a ocupar empleos de menor rango en la economía de su país. El
apartheid turístico que existió en Cuba por varios años renace con más
fuerza, de forma legal, con esta nueva disposición oficial.

En estas condiciones, los efectos de la normalización de relaciones
entre Cuba y EEUU dependerán de los grados de liberalización de la
economía cubana que provengan de Washington y de La Habana. El
levantamiento incondicional del embargo estadounidense sin que Cuba
liberalice su economía hará el apartheid económico de los cubanos más
profundo. Esto implica que siendo el ciudadano cubano más débil
económicamente tendrá menos oportunidades de ganar en poder político. O
sea, la Ley de Inversión Extranjera tiende a confirmar el dilema del
presidente Obama según lo describí en un artículo anterior en este
diario: si liberaliza demasiado (levantando el embargo) sin que Castro
liberalice internamente, no logrará el objetivo (secundario) de mejorar
las condiciones políticas de los cubanos, sino todo lo contario; acabará
mejorando la economía en manos de la familia Castro y su entorno,
aumentando su poder político y posiblemente desmantelando el sector
cuentapropista que no necesitaría si las nuevas inversiones generan
suficiente empleo. El Congreso de EEUU puede querer tener en cuenta
estos puntos antes de levantar el embargo sin obtener nada a cambio.

Source: Ley de Inversión Extranjera: más apartheid | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1461596723_21916.html