Viviendas y vehículos en venta: cifras incompletas
[27-04-2012]
Elías Amor Bravo
Economista ULC
(www.miscelaneasdecuba.net).- Funcionarios del régimen castrista han
ofrecido algunos datos relativos a la evolución de la compra venta de
activos durante el primer trimestre del año en curso. En total, más de
2.700 viviendas y 8.400 vehículos fueron objeto de transacciones, de
acuerdo con el nuevo marco administrativo, que regula este tipo de
operaciones entre los cubanos.
Ciertamente, una novedad histórica en un país que, por obra y gracia de
sus mandatarios, abolió la existencia de un sistema de derechos de
propiedad, primero con las confiscaciones decretadas sobre empresas
extranjeras, y después con la oleada revolucionaria de 1967, en la que
hasta los limpiabotas quedaron bajo la tutela de un sistema comunista.
Uno de los grandes errores económicos de la llamada "revolución" que en
momentos especialmente difíciles se está intentando corregir con la
política económica de los llamados "Lineamientos", hasta ahora, con
escaso éxito.
Cualquier jurista con conocimientos básicos tendría dudas sólidas sobre
la legalidad de estas transacciones sobre activos, cuando el
marco constitucional que rige en el país sigue siendo el mismo, y tan
solo unas disposiciones administrativas han sido publicadas para dar
respuesta a amplias y justificadas demandas por parte de los cubanos de
poder ser dueños de sus activos.
No voy a entrar en este tipo de cuestiones. Tiempo habrá para realizar
un análisis en profundidad de las repercusiones que se derivan de
operaciones de compraventa sobre activos que legítimamente no pertenecen
a sus eventuales tenedores.
Lo que me llama la atención es el bajo número de operaciones de
compraventa que se han realizado en estos tres meses, lo que da una idea
del atraso y la naturaleza rudimentaria de la economía castrista.
Proyectando a datos anuales, eso significa que en un país de 11 millones
de habitantes como Cuba se llegarían a formalizar en un año unas 32.000
compraventas de vehículos y unas 10.000 operaciones sobre viviendas. En
economías con una población similar, los datos anuales reales superan en
centenares de miles las cifras del régimen castrista.
Un sistema en el que todavía funcionan las llamadas "donaciones", de las
que las autoridades han ofrecido igualmente información, 10.660
donaciones de viviendas y 6.700 de vehículos, según declaró la directora
de Notaría y Registro Civil del Ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez
Díaz, en Granma.
El mecanismo administrativo que el régimen castrista dispuso a finales
de 2011 para autorizar en Cuba, por vez primera en medio siglo, la
transmisión de propiedades de inmuebles y vehículos de los cubanos, no
está dando los resultados esperados. De poco va a servir. Las cifras son
muy mediocres, lo que significa que, o bien la gente desconoce la
normativa, o que no tienen nada que intercambiar porque la oferta
existente es limitada. Lo más probable es que se trate de una
combinación de ambos factores, de ahí que, una vez más, los cambios
impulsados por el régimen proyectan una imagen muy distinta a la que
consiguen realmente.
La normativa venía a fijar para todos los cubanos la disponibilidad de
una sola vivienda en la ciudad, que obviamente no se puede prescindir,
y, en su caso, otra en zonas de recreo en la playa o el campo, fijando
la regulación de la propiedad con el requisito de firma notarial y pago
de un impuesto. Parece que la mayoría de operaciones relacionadas con
las viviendas se han concentrado en este tipo de construcciones playeras.
Detrás de estas medidas, algunos analistas quisieron observar un cierto
retorno a un marco más transparente en relación con los derechos de
propiedad. Otros entendieron la medida como un medio más para recaudar
tributos. Finalmente, no cabe duda que el aspecto más positivo ha sido
la articulación de un rudimentario mercado de compraventa de viviendas y
vehículos, tras medio siglo de prohibiciones, o de la necesidad de
afrontar múltiples trámites burocráticos.
Bajo el régimen de permuta que el castrismo soportaba para evitar
cualquier tipo de estallido social en un país en el que el sector de la
vivienda ha sido incapaz de atender las demandas sociales, miles de
autos y casas pasaban de mano en mano de manera informal, en operaciones
semi clandestinas que trataban de dar solución a muchos problemas
habitacionales.
La nueva regulación incorpora a las operaciones comerciales la figura de
las notarías, fedatarios públicos que en pleno fervor revolucionario
fueron barridos de la circulación, y a los que ahora se recurre, más
como agentes de información que como operadores de arancel destinados a
dar personalidad jurídica a las operaciones que se realizan.
En ese sentido, las autoridades, como explicó la funcionaria del
gobierno, se han empleado a fondo en controlar la actividad de estas
nuevas notarias, con una intensa campaña de visitas en los tres primeros
meses del actual ejercicio, con la revisión de 4.200 escrituras, 20% de
los instrumentos certificados. No cabe la menor duda que las autoridades
del régimen están teniendo especial cuidado en visar qué tipo de
viviendas salen al mercado de compraventa, aquellas sobre las que no
recaen títulos de propiedad que en su día fueron confiscados y que, en
puridad, deben ser retornadas a sus legítimos propietarios como parte de
las compensaciones que en su momento tendrán lugar para restaurar el
sistema de derechos de propiedad que el castrismo eliminó.
En cualquier caso, las autoridades no han ofrecido informaciones que son
necesarias para evaluar el alcance de las operaciones de compraventa,
como por ejemplo, el tipo de vivienda más vendido, de acuerdo con sus
características, o los precios de venta, y las fórmulas de financiación.
Datos que deberían servir para orientar a oferta y demanda en este
mercado, relevante para el bienestar social. Con respecto a los
vehículos, no me cabe la menor duda que las operaciones que se realizan
pueden ir dirigidas a mejorar la infraestructura de servicios a los
turistas extranjeros, o a proporcionar a los nuevos cuentapropistas
sistemas de transporte más adecuados que compensen la parsimonia de las
empresas estatales.
Lo que sería deseable es que las autoridades proporcionen más
información sobre estos procesos que, sin lugar a dudas, pueden ser
fundamentales para contribuir a la consolidación de los cambios
económicos en la Isla.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=35857
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