Negociación y cambio en Cuba

Negociación y cambio en Cuba
RAFAEL ROJAS 15/08/2010

Las conversaciones entre el Gobierno cubano, la Iglesia católica y la
cancillería española han dado un resultado importante, que no debería
subestimarse: la promesa de liberación de 52 opositores pacíficos,
arrestados en la primavera de 2003. Aunque hasta ahora solo ha salido
menos de la mitad, en las próximas semanas deberían quedar libres los 75
activistas de la ampliación de derechos civiles y políticos, injusta y
"sumarísimamente" condenados a penas de hasta 28 años por delitos de
expresión y asociación. El valor de esa amnistía no debe rebajarse en
medio del comprensible malestar de una oposición, una diáspora y una
comunidad internacional, para las que dichas excarcelaciones,
acompañadas de exilios, son insuficientes.

La liberación de los 75 es importante, además, porque deja al
descubierto la injusticia de aquellos procesos y las leyes vigentes que
los permitieron. Por mucho que Raúl Castro y los publicistas del régimen
insistan en que aquellos opositores no fueron procesados por sus ideas
sino por ser "agentes" de una potencia extranjera, que trabajaban por el
"derrocamiento" del Gobierno insular, las propias actas de los juicios
contra los mismos, varias de ellas disponibles en Internet, los
desmienten. Ninguno de los disidentes formaba parte del aparato de
inteligencia de Estados Unidos, ni enviaba información secreta sobre el
Estado cubano, ni practicaba la subversión o cualquier modalidad de
cambio violento en Cuba.

Los defensores acríticos del régimen también enfatizan que aquellos
disidentes recibían dinero de Washington y uno de los agentes de la
Seguridad Cubana infiltrado entre ellos afirma que llegaron a
incautárseles cerca de 100.000 dólares, lo cual no consta en las actas
disponibles. Imaginemos que cada uno de los 75 poseía 2.000 dólares y ya
la cifra sobrepasa la que alegan los oficiales de la contrainteligencia.
La suma es ridícula como presupuesto de una banda de "mercenarios" y
"terroristas" que, bajo las órdenes de la Casa Blanca, conspira para
"destruir la Revolución" y anexar Cuba a Estados Unidos.

La amnistía, generalmente entendida como gesto de buena voluntad para
con la Iglesia o como búsqueda de un cambio en la política europea y
norteamericana hacia la isla, tiene un valor propio: el de poner en
evidencia la estructura jurídica totalitaria del socialismo cubano. En
libertad, los 52 opositores podrán rendir testimonio ante la opinión
pública internacional sobre los arbitrarios procesos a que fueron
sometidos y sobre las condiciones en que debe sobrevivir un preso
político en las cárceles cubanas. Esa estructura, por la cual un
ciudadano que pacíficamente defiende otraidea de Gobierno puede ser
juzgado y castigado como "enemigo de la patria", no es un mecanismo
defensivo ni una respuesta a agresión alguna sino un sistema
institucional racionalmente adoptado para concentrar y preservar el poder.

Pero aun si la amnistía es entendida como negociación tampoco carece de
valor. Durante medio siglo, los gobernantes cubanos han actuado como
sujetos que no negocian porque nunca se equivocan o porque sus problemas
son responsabilidad de otros. Poseedores de toda la verdad y toda la
razón, esos líderes se han acostumbrado al ejercicio de un orgullo
exuberante, en el que relacionarse con Cuba equivale a bendecir su
sistema social o afirmar la bondad del régimen. El hecho de que después
de 50 años sigan tan preocupados por la legitimidad es buena prueba de
la frágil institucionalidad y del carácter totalitario del socialismo
cubano.

El Gobierno de Raúl Castro retomó las conversaciones migratorias con
Estados Unidos -en las que se negocian más temas que los migratorios- y,
a través de la mediación de la Iglesia, acaba de negociar con el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la Unión Europea y,
evidentemente, también con Washington, que flexibilizará los viajes de
ciudadanos norteamericanos a Cuba.

El régimen ha negociado por desesperación, por interés o por ambas
cosas, sin renegar de dicha negociación ni acompañarla de los habituales
derroches de intransigencia. La ciudadanía insular no ha sido
debidamente informada del proceso negociador y como compensación
ideológica ha recibido las reapariciones de un apocalíptico Fidel Castro.

Lo que está dispuesto a ofrecer ese Gobierno en su negociación es poco
si se piensa en el cúmulo de problemas económicos, políticos y sociales
de Cuba. Sólo la liberación de los 52 y, tal vez, de algunos presos
políticos más. Nada relacionado con sus propias promesas de "cambios
estructurales y de concepto" y con las expectativas de reformas que
posee la mayoría de los cubanos.

Sin embargo, la oferta de liberar a todos los presos políticos que no
hayan participado en actos violentos, reiterada por el presidente de la
Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, no debería despreciarse. La
liberación de todos los opositores pacíficos encarcelados no es el
primer paso hacia la transición democrática, pero es un acto de justicia.

Como vimos en las últimas sesiones de la Asamblea Nacional, el
inmovilismo cubano se manifiesta como miedo a ciertas palabras. Desde
los noventa, las élites del poder estigmatizaron el término "transición"
porque, a partir de las experiencias de Europa del Este y América
Latina, había sido incorporado al lenguaje de Washington. Ahora pasa lo
mismo con la palabra "reforma". El ministro de Economía, Marino Murillo,
lo dijo con la mayor claridad: "No se puede hablar de reformas". En todo
caso, de "actualizaciones" o "ajustes" en la economía de Estado que Raúl
Castro, tratando de enmendar la ambivalencia de sus primeros años de
Gobierno, presenta como los "cambios estructurales y de concepto"
prometidos y que no van más allá del permiso al autoempleo o trabajo por
cuenta propia.

Pero "cambio estructural", bajo cualquier paradigma teórico, significa
transformación de una estructura y la estructura económica -por no
hablar de la política- del sistema cubano descansa sobre el control
estatal. Si no habrá modificaciones en ese principio, por qué hablar
entonces de "cambios estructurales". Es evidente que con aquella fórmula
retórica Raúl Castro intentó crear una expectativa de reformas, que le
permitiera desembocar en la actual negociación, sin comprometerse a la
realización de reforma alguna. Por eso ahora dice que "cambio
estructural" quiere decir lo contrario: mantener intacta la estructura
económica del sistema.

Los interlocutores de Raúl Castro en la Iglesia, en España, en Europa y
en Estados Unidos, que desean una transición democrática, deberían
acotar sus expectativas sin dejar de negociar. Una negociación en curso
puede ser la mejor vía para rebasar la limitada oferta de La Habana,
siempre y cuando no se avale el inmovilismo. La cúpula dirigente parece
decidida a mantenerse inmutable hasta la muerte de Fidel, pero habrá que
ver si la ciudadanía de la isla y la diáspora, los opositores y los
propios reformistas dentro del sistema lo permiten.

Rafael Rojas es historiador cubano y vive exiliado en México. Ha ganado
el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Negociacion/cambio/Cuba/elpepuopi/20100815elpepiopi_4/Tes