Escrito por Jorge Gómez Barata
15-05-2010
Con sus luces y sus sombras, la sociedad cubana de nuestros días, fruto
de una revolución legítima y autóctona, de un liderazgo eficaz y de una
epopeya nacional de cincuenta años desplegada sobre dos siglos decisivos
en la historia humana, se enfrenta a tareas tradicionales que han
marcado su desempeño y a desafíos inéditos, entre estos últimos el de
reinventarse ella misma y, sin desmentirse sobrevivir no sólo a la
agresión externa y a la adversidad económica, sino al desgaste que para
todo y proyecto y todo organismo significan los años.
Comprender las circunstancias que aproximadamente en la última década
han generado el auge del delito económico y revelado manifestaciones de
corrupción en Cuba son fenómenos cuyas particulares formas y esencias
son capaces de poner a prueba al más calificado equipo de sociólogos y
convertir en ineficaces probados instrumentos metodológicos.
Una característica del fenómeno de la corrupción en Cuba es que algunas
de sus expresiones más extendidas, nacen no de un clima de relajamiento
moral o deshonestidad, del mal ejemplo de los gobernantes o de la
impunidad de los poderosos, sino de una desafortunada y confusa
combinación entre el modo de administrar la propiedad estatal, la
quiebra económica, la introducción de instrumentos de mercado, la
aparición de desigualdades sociales y privilegios; así como del
debilitamiento de valores ideológicos asociados al justificado
escepticismo que acompaña a la desaparición del socialismo real en la
Unión Soviética y otra decena de países.
Alguno de estos fenómenos, como por ejemplo la situación económica y las
desigualdades sociales se incorporaron al discurso político y se
enfrentaron con lucidez y profundidad, otras como son reflexiones
mayores acerca de las causas del fin del socialismo real, cuestiones
ideológicas asociadas a ese fenómeno y todo lo relacionado con la
eficacia de las instituciones de la superestructura, los déficit
existentes, así como los referentes teóricos y los paradigmas políticos,
son asignaturas pendientes.
Debido a particularidades de la sociedad cubana de hoy que tal vez sólo
los cubanos alcanzan a comprender; para los inspectores, auditores y
vigilantes, identificar en Cuba a quienes con ánimo de satisfacer
necesidades perentorias, servir a compañeros de trabajo, devolver
favores u otros fines, desvían recursos estatales es tan difícil como
individualizar a quienes en Fuenteovejuna, para hacer justicia, mataron
al Comendador. En la Isla la culpa también es social.
Hay en Cuba personas que se apropian de lo que no es suyo sin ser ni
considerarse a sí mismos como ladrones, funcionarios que desvían
recursos sin lucrar y personas que participan en el tráfico de
influencias sin saber que lo hacen. Naturalmente que en ese clima de
difícil comprensión y pronóstico, escudándose en duras y complejas
realidades, medran los villanos que amparándose en tal estado de cosas,
roban, trafican, practican el cohecho, aceptan sobornos y son, como en
cualquier otra parte, francamente corruptos. Probablemente los de esa
ralea no sean tantos como a veces se supone.
Consta que el gobierno cubano dispone de la voluntad política, la
calificación, las instituciones y los instrumentos metodológicos
necesarios para un diagnostico de la situación social, incluyendo los
brotes de corrupción; así como de las capacidades para combatir ese
flagelo frente al cual lo más difícil parece ser elegir la estrategia
correcta. La mala noticia es que, hasta ahora la aplicada parece ser
excesivamente unilateral.
La naturaleza estatal altamente centralizada y verticalizada de la
economía, la producción, los servicios y la totalidad de la gestión
social y cultural en Cuba obligan a confiar la utilización y la custodia
de los recursos materiales y financieros a miles de administradores y
funcionarios dotados de facultades para decidir lo que conviene a las
comunidades y los colectivos y actuar en nombre del pueblo. Durante
décadas, esa miríada de cuadros revolucionarios manejó y todavía hoy
administran honradamente bienes y dinero de propiedad y destino social.
Sin embargo, en la última década, el deterioro del poder adquisitivo del
dinero recibido como salario y la caída libre del nivel de vida de todas
las categorías de la población han motivado el auge del delito
económico, las malversaciones, la aparición de diferentes variantes de
soborno, el cobro de comisiones y otras tendencias negativas, que han
quebrantado esa confianza haciendo que las autoridades apuesten por
incrementar los controles, la supervisión y la vigilancia, como dicen
los cubanos: "aprieten"
Como resultado de esa orientación, en un grado visible han proliferado
los cuerpos de inspectores, las agencias de seguridad y vigilancia, los
custodios a cuenta de los centros de trabajo que se suman a la policía,
a las guardias obreras y a la actividad de los vecinos que por las
noches, en número de decenas de miles en las ciudades y pueblos se
integran a las tareas de vigilancia. De conocerse, el número de personas
dedicadas a esas tareas de dudosa efectividad pudiera ser abrumador.
Los administradores y empresarios se quejan de vivir pendientes de las
inspecciones y de tener que dedicarse excesivamente al papeleo, a rendir
cuentas y a controlar los recursos, sin que por ello se frenen las
tendencias al crecimiento de los delitos y otras faltas que afectan a la
producción, dañan las obras de construcción, mantienen descontentos a
los usuarios y clientes de comercios y servicios diversos.
Algunos creen, que tal vez debía probarse y combinar el apretón con la
liberalización, hacer a los colectivos laborales participes reales del
control de la producción y los servicios y naturalmente de sus lucros,
liberando al Estado de la obligación de fiscalizar cada acto. He
escuchado decir que cada inspector y cada guardia de seguridad es una
premisa para la corrupción. En definitiva ellos también tienen
necesidades, están sometidos a las mismas influencias que sus congéneres
y no son de piedra.
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