En suspenso los viajes académicos a Cuba
La otra decisión sobre las agencias de viaje fue postergada hasta septiembre
JUAN CARLOS CHAVEZ
El Nuevo Herald
Una magistrada federal de Miami decidió el viernes dejar en suspenso una
decisión final sobre si resulta jurídica- mente cuestionable una ley
estatal que fue aprobada por Tallahassee hace dos años y que impide a
las universidades y colleges de la Florida organizar viajes académicos a
Cuba.
La decisión sobre el caso de los intercambios universitarios coincidió
el viernes con el anuncio del juez federal federal Alan S. Gold, que
extendió hasta el 25 de septiembre la fecha para determinar la validez
de una ley similar para imponer altos impuestos a las agencias de viajes
a Cuba.
De hecho, la ley para regular el trabajo de las compañías que venden
pasajes o envían mercancías a la isla no entrará en vigor en el verano,
regularmente la etapa con mayor cantidad de operaciones y flujo de
viajeros. La medida estatal debía comenzar a aplicarse el pasado 1ro. de
julio.
En cuanto a los viajes académicos, la jueza Patricia Ann Seitz fijó una
audiencia especial el próximo 22 de julio para que la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU), la entidad que impugnó la medida, complete
sus argumentos en el litigio. Dos semanas después será el turno para la
defensa de los abogados estatales.
La legislación fue auspiciada por el representante estatal republicano
David Rivera y niega el uso de dinero, tanto público como privado, a las
universidades estatales para costear intercambios académicos con países
que son considerados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo.
La lista, actualizada anualmente por el Departamento de Estado, incluye
a Cuba.
"Estoy confiado en la autoridad de la legislatura estatal de determinar
cómo los recursos de las universidades públicas pueden ser usados y cómo
no pueden ser utilizados para subsidiar o facilitar viajes a paises
terroristas'', dijo Rivera en una entrevista telefónica con El Nuevo Herald.
El representante consideró que la medida calza perfectamente en la
coyuntura actual, sobre todo "en un momento en que Estados Unidos está
peleando una guerra mundial en contra de grupos terroristas'' y agregó
que "el estado de la Florida tiene todo el derecho de regular el uso de
los fondos que son de los contribuyentes''.
La ACLU demandó al estado de la Florida poco después de la aprobación de
la ley que refrendó el ex gobernador Jeb Bush en junio del 2006.
El grupo está exigiendo que se anule la medida por considerar que invade
la independencia y libertad educativa, así como cuestiona los planes de
investigación de los centros de enseñanza superiores.
"Vemos en ella un instrumento inconstitucional. Muchos académicos y
expertos universitarios van a optar por irse a otros estados'', afirmó
en tono enfático Howard L. Simon, un partidario del intercambio y
director ejecutivo de ACLU, refiriéndose a la fuga de talentos que puede
generar la legislación para obstaculizar los intercambios.
La entidad no ha sido la única que desde un principio se volcó en contra
de la ley. La Junta de Gobernadores de la Florida, el órgano rector de
las universidades estatales que fue establecida por los electores en el
2002, criticó duramente el marco legal que complica los viajes,
argumentando que rompe con la autonomía de las universidades y sus
actividades.
''No tiene sentido. Esta ley va en la dirección equivocada'', indicó
Bruce W. Hauptli, presidente del Senado Facultativo de FIU.
La legislación contra el uso de fondos estatales para viajes académicos
a Cuba surgió poco después del arresto de una pareja de profesores en
FIU en enero de 2006, los esposos Carlos y Elsa Alvarez, quienes fueron
acusados de ser agentes no inscritos del gobierno cubano.
Rivera es también promotor de la ley que impone restricciones y fija
elevados cargos de operación a las empresas que organizan viajes y
realizan envíos a Cuba.
Los operadores que reservan vuelos a la isla denunciaron que las
limitaciones podrían causar la pérdida de cientos de empleos vinculados
al negocio, así como provocar un impacto negativo en la economía de las
familias cubanoamericanas como resultado de un encarecimiento de los
boletos aéreos. jcchavez@elnuevoherald.com
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/story/242136.html
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