La burla y el chantaje legalizados

Sociedad
La burla y el chantaje legalizados

Desde hace ocho años, Rolando Pérez Consuegra intenta llevar ante la
justicia a los responsables de la muerte de su esposa.

Luis Felipe Rojas, Holguín | 21/05/2008

Uno de los actos más eficaces de tortura del socialismo tropical es la
indolencia. Ocurre lo mismo en el plano cerrado del barrio y la familia
que en las copas altas de los laureles que rodean el Consejo de Estado.
Sus cañones no tienen objeto de búsqueda ni coto de caza. Los ejemplos
sobran.

¿Qué puede hacer una familia a la cual han robado el derecho de llevar
ante la justicia a los responsables de la muerte de uno de sus seres
queridos?

Es la pregunta que se ha hecho desde hace ocho años Rolando Pérez
Consuegra, vecino del pueblo de Antilla, en la provincia de Holguín. Un
día del año 2000 llevó al hospital a su esposa, para que la
transfundieran. El diagnóstico estaba equivocado, según se supo
posteriormente. Le pusieron sangre contaminada. El reactivo aplicado
para que el plasma tuviera una vida un poco más larga provocó una
reacción adversa a la esposa de Pérez Consuegra y a varios pacientes
más. Estos últimos sufrieron algunas complicaciones, pero ella murió a
los pocos días.

Es una tarde lluviosa de marzo, entre el café y la amabilidad. Sus
hijos, contestatarios los dos, no viven el empeño de la venganza, sino
el sueño de la justicia.

La endemoniada maquinaria burocrática, el gobierno y su proyecto social
fracasado, les ha hecho revolver la mar de papeles. Ya agotaron las
puertas en que tocar. Les contestó el Ministerio de Justicia (MINJUST),
también la Fiscalía General de la República y la Oficina de Atención a
la Ciudadanía. Los evitó en una segunda ocasión la Asamblea Nacional, la
Fiscalía ignoró las pruebas, el MINJUST envió un dictamen a resolver en
la comisión de ética del Ministerio de Salud Pública.

Un algoritmo difícil de entender para el común de los mortales. Rolando
tampoco lo comprendió. Entonces se plantó en huelga de hambre en el
portal de su casa, expuso a consideración de todos los vecinos las
respuestas evasivas de los ministerios y la Fiscalía, y la manera en que
el Banco Provincial de Sangre se deshizo de las pruebas contaminadas de
aquel fatídico día. Lo visitaron fiscales, coroneles de la Seguridad del
Estado, agentes de la Policía. Le contestó el presidente del gobierno
provincial. Al final, levantó la huelga a pedido de su padre.

Durante este tiempo lo han llamado de la Unidad Provincial de
Instrucción Penal, de la Seguridad del Estado. Pero ni las amenazas ni
las presiones han hecho mella en él. Rolando está listo para demandar al
gobierno ante organismos internacionales: "No confío en esta justicia,
ni quiero nada por caridad, ya me han vapuleado bastante, una respuesta
a estas alturas sería un bochorno".

Ahora está casi listo para emprender lo que llama su batalla legal. Ha
preparado un informe a las comisiones correspondientes en un par de
organismos internacionales. Tales instituciones exigen, como mínimo, que
el demandante haya explotado todas las vías de denuncia y pedidos
oficiales en su país. Rolando lo ha hecho, pero además lleva pruebas de
incongruencia en las respuestas de las instituciones de la Isla,
contradicciones que enfilan a un ministerio y vuelven traspapeladas como
una equivocación, ofreciendo disculpas a Rolando y a su familia.
Disculpas y nada más. Él las tiene todas. Las ha fotocopiado, las
digitalizó y las hizo llegar a varios destinos en el exterior, y también
a distintos puntos de la geografía nacional.

"¿Y eso por qué?", le pregunté. "Por si se tiran, con ellos nunca se
sabe", dijo.

La tarde ha recibido la lluvia, en casa de Rolando han colado café.
Todos están pensativos, cabizbajos, pero no se dejan derrotar. Quieren
seguir. La impunidad ha encontrado en ellos una pared de contención. Ya
están fogueados contra la burla, el embaraje y el chantaje legalizados.

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