¿Rebelión en la granja?
OSCAR ESPINOSA CHEPE
La Habana -- No se trata de analizar el libro de George Orwell, sino de
meditar sobre la incipiente revuelta de los trabajadores cubanos que
laboran en empresas extranjeras y embajadas contra la imposición de la
Resolución 277-07.
Esta normativa establece que los mencionados trabajadores deberán pagar
impuestos por las ''gratificaciones'' en divisas que reciben de los
empleadores extranjeros, práctica conocida pero legalmente prohibida por
las autoridades hasta el presente. Debe subrayarse que en la mayor de
las Antillas los trabajadores no pueden contratarse directamente con las
empresas foráneas ni las embajadas acreditadas: tienen que hacerlo
esencialmente a través de la organización ACOREX en las primeras, y con
CUBALSE en las segundas.
Después de minuciosas investigaciones de los solicitantes para aprobar
la idoneidad, proceso indispensable para laborar en entidades
extranjeras, lo cual significa ante todo ser ''políticamente
aceptable'', la persona seleccionada firma un contrato con la firma
intermediaria, que establece unilateralmente sus prerrogativas, como
cobrar las divisas correspondientes al sueldo del trabajador y pagarles
en la depreciada moneda nacional. Si la persona no tiene una conducta
adecuada, en particular políticamente, puede ser remplazada de
inmediato, aunque la empresa foránea esté complacida con sus cualidades
laborales. Según informaciones brindadas por actuales trabajadores, se
estima que lo percibido por ellos de ACOREX representa aproximadamente
un 5% del salario en divisas al convertirse en pesos corrientes lo
recibido en divisas por la tasa oficial. Esto denota los altos
dividendos captados por el Estado a través de sus empresas
intermediarias, y del significativo aporte de estos trabajadores a la
sociedad.
Nadie puede estar en desacuerdo con que los trabajadores cubanos paguen
impuestos por sus ingresos, pero como puede apreciarse en el método de
contratación vigente, esos empleados abonan una parte considerable de su
retribución a innecesarios empleadores estatales que, además, no les dan
ningún servicio.
La nueva medida ha provocado gran irritación evidenciada en la reunión
efectuada con los empleados asociados a ACOREX el pasado 12 de enero
bajo la presidencia de Nelly Cubillas, viceministra de Finanzas, quien
presentó la Resolución 277-07 a los asistentes. Las protestas fueron
airadas, aplaudidas por los asistentes y sin faltar algunos abucheos a
desenfocadas manifestaciones de los funcionarios.
Con esa experiencia se han suspendido otras reuniones programadas para
discutir la Resolución 277-07. Todo hace indicar la aplicación de la
medida sin mayores explicaciones. Esto se desprende de una carta
remitida a los trabajadores de CUBALSE con un plegable adjunto donde
está detallado ''cómo proceder en cumplimiento de lo dispuesto''. La
misiva informa que el plazo de inscripción en el registro de
contribuyentes es hasta el 1ro de abril.
Todo indica una aplicación del impuesto sobre las gratificaciones sin
debates adicionales. Una evidente contradicción en un momento que se
habla de cambios y es reconocido ''el exceso de prohibiciones y medidas
legales que hacen más daño que beneficio'', según dijera el presidente
en funciones general Raúl Castro en la última sesión de la Asamblea del
Poder Popular, efectuada en diciembre.
La explicación a esta absurda situación pudiera residir en el
tradicional y obsesivo deseo de las autoridades cubanas a imponer un
forzado igualitarismo en la sociedad, que en la práctica ha destruido al
país y generado un acelerado proceso involutivo hacia la miseria
generalizada. De esta forma, en vez de elevar el nivel de vida y las
perspectivas de progreso a los sectores más necesitados, para disminuir
las diferencias entre los ciudadanos, se ha castigado a todo aquel que
con sus esfuerzos honestos ha mejorado algo y contribuye más al
beneficio colectivo. Un procedimiento por el cual todos hemos sido
convertidos en menesterosos, ejecutoria sin relación alguna con nobles
ideas sociales.
Si se quiere una relación transparente con los trabajadores que prestan
sus servicios en empresas extranjeras y embajadas, deberán ser
eliminados todos los arbitrarios y antidemocráticos mecanismos de
contratación. En primer lugar, permitir a los cubanos contratarse
directamente con entidades extranjeras, sin otro requisito que los
méritos de los candidatos, sin discriminaciones por motivos políticos,
de acuerdo a una legislación racional respetuosa con los principios
aceptados por Cuba en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Paralelamente debe facilitarse la creación de organizaciones sindicales
reales con las cuales estos trabajadores puedan defender sus derechos y
mantener una relación normal con el empleador foráneo.
De esta forma se podría establecer un impuesto lógico sobre los ingresos
totales, de manera que estos trabajadores puedan contribuir también al
avance nacional. Esta medida permitiría ahorros extra al poder
prescindirse de inmensas organizaciones burocráticas y quedar libre un
numeroso personal que podría dedicarse a actividades útiles.
En el aspecto internacional los beneficios serían sustanciales al
mejorar la deteriorada imagen del gobierno, al empezar a cumplir
acuerdos aceptados mundialmente. Ahora que se quiere alentar la
inversión extranjera --una política acertada en línea con las urgentes
necesidades de la nación--, la instauración de un clima de transparencia
laboral puede coadyuvar considerablemente.
Esperemos que la cordura esté presente en la solución de este problema,
creado por desafortunados manejos burocráticos en las relaciones con los
compatriotas que laboran en empresas mixtas y embajadas. Ojalá que el
sentido común triunfe sobre la tozudez y que pronto podamos ver los
anunciados cambios estructurales y de conceptos, en especial en materia
laboral, para beneficio de todos los trabajadores cubanos.
Economista y periodista independiente cubano.
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