Por Dalia Acosta
LA HABANA, 16 ene (IPS) - El número de personas encarceladas por motivos
políticos disminuyó en Cuba el año pasado, pero aumentaron las
detenciones arbitrarias, según un informe divulgado este miércoles por
la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Las detenciones arbitrarias ascendieron a por "lo menos" 325, la gran
mayoría fueron de varias horas o unos pocos días y las personas
apresadas por "tratar de ejercer determinados derechos civiles y
políticos" fueron dejadas en libertad sin cargo, añadió el grupo que
trabaja desde 1987 en condiciones de ilegalidad.
"Nuestra observación del día a día, nos hace pensar que la represión
política ha cambiado de forma. Los encarcelamientos prolongados de años
atrás han sido sustituidos por detenciones de corta duración", dijo a
IPS Elizardo Sánchez, observador de derechos humanos y presidente de la
CCDHRN.
"Esta situación pudiera continuar a corto plazo a menos que tengan lugar
desarrollos inesperados en la política del gobierno", añadió el activista.
Según el informe, el "gobierno provisorio", que sucedió al anuncio de la
enfermedad del presidente Fidel Castro, el 31 de julio de 2006, "no ha
hecho nada para cambiar la pésima situación de derechos civiles,
políticos y económicos que prevalece en Cuba desde hace más de cuatro
décadas".
Para Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la coalición opositora Arco
Progresista, aumentan los llamados de alerta de las autoridades. "Los
límites parecen seguir estando en la calle. Las autoridades están
decididas a no permitir ninguna manifestación pública que se les pueda
ir de las manos", dijo a IPS.
El gobierno cubano, por su parte, no reconoce la legitimidad de este
tipo de informes ni de organizaciones como la CCDHRC que, según las
autoridades, no tienen una real incidencia en el país y sólo existen
porque son promovidas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
A la hora de hablar de derechos humanos, las autoridades resaltan los
logros alcanzados por este país en el ámbito social y las garantías que
gozan los 11,2 millones de habitantes en materia de educación, salud y
empleo.
La ausencia de otros derechos son atribuidos oficialmente a la necesidad
de este país de defenderse frente a un gobierno extranjero (Estados
Unidos) que, desde su Oficina de Intereses en La Habana, promueve la
insubordinación interna y declara públicamente su voluntad de apoyar un
cambio de gobierno y de sistema en esta isla.
Sin embargo, un debate de los problemas actuales de la sociedad cubana,
impulsado el pasado año por el propio gobierno, puso sobre el tapete
algunos temas que han estado en la agenda de la oposición política y que
ahora aparecen planteados por amplios sectores de la población.
Entre los planteamientos aparecen la defensa del derecho a entrar y
salir libremente del país, la eliminación de la actual dualidad
monetaria, la ampliación de la propiedad cooperativa a determinados
servicios y el acceso de la población a los hoteles de las cadenas
turísticas, vedado desde hace más de 15 años.
El texto, distribuido a la prensa este miércoles con el título "La
situación de derechos civiles, políticos y económicos continuó siendo
muy desfavorable", incluye la lista parcial de presos políticos y
político-sociales que la comisión divulga cada semestre, a partir de
fuentes familiares.
Hasta el 31 de diciembre, se registraban 234 presos políticos, 12 menos
que a mediados de año. La disminución es considerada "poco
significativa", pero evidentemente marca una tendencia. Informes de la
CCDHRN aseguran que los casos documentados ascendían a 333 a fines de
2005 y 283 al finalizar 2006.
De la lista, sólo 72 son considerados prisioneros de conciencia por la
organización de derechos humanos Amnistía Internacional, de los cuales
59 se encuentran cumpliendo altas condenas en cárceles de máxima
seguridad y 13 han recibido licencia extrapenal por razones de salud.
Según la Comisión, "si el gobierno aplicara, sin condicionamientos
ideológicos, lo dispuesto en el artículo 58, incisos 1 y 2 del vigente
Código Penal que establece el derecho a la libertad condicional, cerca
de un centenar de presos políticos pudieran ser excarcelados de inmediato".
También podría disminuir la población penal en general que, en ausencia
de cifras oficiales, es calculada en unos 80.000 reclusos. "Cada vez que
ves a alguien condenado por peligrosidad --y en ese caso son miles
mujeres y hombres-- son técnicamente inocentes porque no han cometido
ningún delito", comentó Sánchez.
El informe reconoció como "positivo" el anuncio del gobierno de sumarse
a dos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en el ámbito de
la Organización de las Naciones Unidas, siempre y cuando esté dispuesto
"a respetar la letra y el espíritu de ambos pactos".
Según la comisión, antes de "seguir firmando compromisos", el gobierno
debería respetar las leyes ya existentes en el país y avanzar en la
reforma de aquellas que "criminalizan el ejercicio de elementales
derechos civiles, políticos, económicos y culturales".
(FIN/2008)
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