6 de mayo de 2007/ Notimex
La Habana - bitacoracubana - Autoridades cubanas guardan silencio sobre
la eventual sanción, que podría ser la pena máxima, que aplicarán a dos
reclutas que intentaron secuestrar esta semana un avión y que terminó
con la vida de un alto oficial del Ejército.
El tiroteo en el aeropuerto internacional José Martí fue el epílogo de
un nuevo intento por escapar de los rigores impuestos por el Servicio
Militar Obligatorio cubano, aunque el régimen alega que el móvil fue
escapar por vía aérea a Estados Unidos, a cuyo gobierno como de
costumbre responsabilizan por los hechos debio a la existencia de la
Ley de Ajuste Cubano de 1966.
Los dos detenidos habían huido el 29 de abril pasado de una unidad
militar junto con un tercero tras dar muerte a un centinela y haber
herido a otro para apropiarse de fusiles tipo AK-47, según señaló en un
comunicado el Ministerio del Interior.
Hasta ahora, las autoridades se han abstenido de identificar a los dos
soldados capturados en la terminal aérea el pasado jueves tras la muerte
del teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR),
Víctor Ibo Acuña Velázquez.
El oficial, que intentó frustrar el asalto, fue sepultado el viernes con
honores militares tras ser condecorado de manera póstuma con la medalla
al valor "Antonio Maceo".
Tras la fuga de la unidad militar de Managua, en las afueras de La
Habana, la policía circuló fotografías de los tres prófugos, a quienes
identificó como Yoan Torres Martínez, de 21 años, Alain Forbus Lameru,
(19) y Leandro Cerezo Sirut (19).
De acuerdo con el artículo 29 del Código Penal, la pena capital es de
carácter excepcional y no puede imponerse a menores de 20 años de edad
ni a mujeres que cometieron el delito en estado de embarazo o que lo
estén al momento de dictarse sentencia.
La legislación establece la apelación de oficio ante el Tribunal Supremo
de la República, el cual deberá confirmar o no el fallo.
En caso de ratificarla, el legajo pasará a consideración del Consejo de
Estado que preside en forma interina desde julio de 2006 Raúl Castro.
Esta sanción no se ha aplicado en Cuba desde el 11 de abril de 2003,
cuando se fusiló a tres secuestradores de una lancha de pasajeros en la
que se proponían viajar de forma clandestina a Estados Unidos, hecho que
originó críticas internacionales.
Fidel Castro defendió el año pasado la aplicación "sin vacilación
alguna" de la pena máxima a los secuestradores de la lancha en la bahía
de La Habana porque existían decenas de proyectos de secuestros y "una
medida de esta naturaleza corta el problema".
Al periodista franco-español Ignacio Ramonet para su libro "Cien Horas
con Fidel", Castro dijo que "llegará el día en que podamos acceder a los
deseos de todos aquellos amigos, y usted entre ellos, que nos aconsejan
abolir esta pena".
Grupos de la oposición moderada propusieron en junio de 2006 una
moratoria jurídica de la pena de muerte que, según la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, pende sobre cerca de medio
centenar de condenados.
Elizardo Sánchez, presidente de esa tolerada agrupación, dijo a
periodistas que dictar esa sentencia a los reclutas "sería un gran
retroceso" en materia de derechos humanos, pero opinó que podría ser
decretada debido a la "gravedad" de los hechos cometidos.
Entre los sentenciados a la pena capital pendientes de apelación figuran
los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena,
por atentados dinamiteros a hoteles de La Habana, en uno de los cuales
murió el turista italiano Fabio Di Celmo.
http://www.bitacoracubana.com/desdecuba/portada2.php?id=4695
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