Yo soy la verdadera sociedad civil
ROBERTO SUÁREZ RÍOS | La Habana | 2 Jun 2016 - 9:16 am.
Fue en marzo de 2015 cuando leí por vez primera, en medios de prensa
oficialistas de la Isla, el término "sociedad civil cubana". Como
estudiante de Comunicación Social, e "hijo de la Revolución", escuché
muchas veces este término en las dogmáticas asignaturas Cultura Política
y Teoría Sociopolítica, sin tiempo para preguntas ni cuestionamientos.
A través de diversos reportajes la prensa estatal reseñaba lo acontecido
en el foro "Sociedad civil cubana: Pensando Américas". Una suerte de
ensayo previo al encuentro que tendría lugar entre el 8 y 9 abril de
2015, como antesala a la VII Cumbre de las Américas, en Ciudad Panamá.
A este evento, según las publicaciones del periódico Granma, asistieron
unas 300 personas. Entre ellas, los que integrarían luego la delegación
financiada por el Gobierno para representar a la sociedad civil cubana
en la Cumbre. Abel Prieto, actual asesor cultural de Raúl Castro, les
advertía que en Panamá los cubanos debían desmentir "las calumnias que
tienen que ver con que aquí el Estado lo controla todo".
En esa delegación destacaban dirigentes de organizaciones sociales y de
masas —que por regla general deben ser cuadros del Partido Comunista de
Cuba (PCC) o de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para asumir estos
cargos— quienes representaban, según la retórica del Gobierno, a miles
de cubanos que forman parte de estas, voluntariamente o no.
Ya en Panamá estos delegados, aupados y financiados por el Gobierno,
actuaron agresivamente contra los activistas cubanos de organizaciones
civiles e independientes allí presentes, y se proclamaron como
"verdaderos y únicos representantes" de la sociedad civil cubana.
Mientras, los medios estatales en la Isla reivindicaban estos actos
violentos y a sus ejecutores.
¿Organizaciones de masas igual a sociedad civil?
De mis clases de Teoría y Cultura Política poco recuerdo sobre la
definición de sociedad civil que han establecido los académicos cubanos.
Sin embargo, la interpreto como ese espacio organizado voluntariamente
por los ciudadanos, con autonomía del Estado, para expresar sus
intereses, intercambiar y trabajar en función de objetivos comunes, ya
sean estos de alcance social o político.
No obstante, con el triunfo de la revolución, se fomentó una sociedad
civil de otra naturaleza. Para el Gobierno, las masas populares, aun
cuando eran heterogéneas desde el punto de vista clasista,
socio-profesional y demográfico, debían fungir como una masa única que
respaldara al proceso revolucionario.
La participación política de la sociedad civil fue organizada a través
de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU), etc. Organizaciones que, a lo largo de
cinco décadas, desempeñaron funciones tanto sociales como
específicamente paraestatales.
La sociedad civil en Cuba se estructura en organizaciones de masas
estrechamente vinculadas al Gobierno. En la naturaleza de esa relación
yace el primer elemento que resta credibilidad a las organizaciones de
masas como aglutinadoras de la sociedad civil, pues en definitiva
funcionan como herramientas de control y de vigilancia. No es la alianza
con el Estado lo que invalida a las organizaciones de masas como
representantes de la sociedad civil cubana, sino su absoluta dependencia
y subordinación a este.
Académicos y autores de textos de Teoría Política como Emilio Duharte y
Miguel Limia defienden que en la sociedad socialista, dígase Cuba, el
régimen político pretenda integrar al resto de la sociedad. En
consecuencia, a criterio de estos autores, las organizaciones
estudiantiles, juveniles, de masas y sociales, son vehículos para la
participación cada vez más activa de las masas en la toma de decisiones
y la dirección política del país.
En teoría, este planteamiento altruista de la sociedad socialista
utiliza a las organizaciones de masas como una vía para que la población
se involucre en la toma de decisiones. En la práctica, han sido el
mecanismo de comunicación y conducción del Gobierno hacia las masas y no
a la inversa.
Las estructuras de masas se declaran autónomas e independientes del
Estado, pero a la vez, se consideran seguidoras del PCC que rige todos y
cada uno de los aspectos de la vida en la Isla. Así queda claro, por
ejemplo, en el caso de la CTC que se define en sus estatutos como: "Una
organización de masas integrada por todos los sindicatos y sus
afiliados. Por su carácter no son organizaciones del Partido ni
estatales; son autónomas y en ellas los miembros aprueban sus propios
Estatutos, discuten y toman acuerdos democráticamente y eligen y revocan
a sus dirigentes (…). La CTC y los sindicatos nacionales que la integran
reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del PCC, como
destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase obrera,
acogen, hacen suya y siguen su política".
El reconocimiento de la dirección del PCC se reitera en estatutos o
documentos constitutivos de varias organizaciones masivas, como la FEU y
la FEEM. Pero también está presente, por ejemplo, en los estatutos de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Muchos de los presidentes y secretarios de organizaciones y asociaciones
de masas ocupan posiciones de poder en la alta dirección del régimen
político. ¿Desde esa posición seguirán representando a la sociedad
civil; al pueblo en general? Parece ingenuo pensar que sí.
Actualmente son miembros del Consejo de Estado varios representantes de
las organizaciones de masas: la secretaria general del comité nacional
de la FMC, Teresa María Amarelle Boué; el secretario general de la CTC,
Ulises Guilarte de Nacimiento; el coordinador de la dirección nacional
de los CDR,Carlos Rafael Miranda Martínez, y el presidente nacional de
la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo. Todos, además, son miembros del
Comité Central del PCC.
Recientemente la FEU tomó asiento en el Consejo de Estado a través de su
presidenta Jennifer Bello Martínez, quien también forma parte del comité
nacional de la UJC y es miembro del PCC. En el caso de la FEEM su
presidenta, Suzanne Santiesteban Pozo, también es militante de la UJC.
Al ocupar estos líderes diversos puestos en la estructura de poder, las
organizaciones de masas que ellos dirigen funcionan como representantes
del Estado y no de la sociedad civil, operando muchas veces como meras
prolongaciones del PCC. Las organizaciones de masas representan a la
sociedad civil, siempre y cuando sus planteamientos estén alineados con
el discurso de la Revolución.
Pero, ¿qué sucede cuando estos principios entran en contradicción?
Aunque las organizaciones de masas hacen gala de su heterogénea y amplia
membresía, ¿asumen la diversidad de opiniones que ello implica? ¿Pueden,
por ejemplo, las Damas de Blanco presentar sus reclamos en la FMC o en
su CDR o en el sindicato al que podrían estar afiliados?
Aunque supuestamente la integración a dichas organizaciones de masas es
voluntaria, en la práctica, por ejemplo, al cumplir los 14 años de edad
se ingresa directo al registro de cederistas. Lo mismo sucede al
ingresar en la enseñanza media con la FEEM y a la universidad con la FEU
o al sindicato de trabajadores único al incorporarse a un centro
laboral. De esta forma los cubanos pertenecen, a la vez, a más de una
organización de masas.
Pertenecer a las organizaciones de masas en Cuba significa una
formalidad que puede ser catalogada de "obligatoria". La negativa a
pertenecer puede acarrear consecuencias en detrimento del ciudadano. Si
bien los millones de cubanos que integran dichas organizaciones son
parte de la sociedad civil, no es a través de estas que pueden actuar
como sujetos activos de esta.
En mi experiencia como estudiante, y por tanto miembro de la FEEM y la
FEU, como cubano y por tanto cederista, como trabajador y por tanto
sindicalista, puedo constatar que cada día menos personas defienden en
Cuba el papel de las organizaciones de masas, y tampoco utilizan sus
reuniones para la participación política y la expresión de
inconformidades ciudadanas.
Una creciente mayoría siente apatía y desconfianza por esas
organizaciones que, durante décadas, han sido utilizadas para dar a
conocer a las masas decisiones ya tomadas, para generar debates que, por
su poco impacto en la realidad, terminan resultando simulaciones de
democracia. En reuniones sindicales, estudiantiles, cederistas, se leen
documentos enviados "desde arriba", mientras dudas, planteamientos,
inquietudes e intereses ciudadanos.
La ciencia política cubana ha reconocido las fallas en el sistema de las
organizaciones de masas y enfatiza en la necesidad de buscar
alternativas enfocadas, lógicamente, al mantenimiento del status quo, en
la continuidad del carácter socialista de la Revolución y su Gobierno.
Para ello cree necesario "superar las nociones iniciales de la relación
sociedad civil-Estado y dirigentes-dirigidos, pues en esos binomios se
ha producido una determinada diferenciación dialéctica que, si no logra
su expresión institucional adecuada en los procesos de cambio y
perfeccionamiento que están ocurriendo en el país, es susceptible de
conducir a una agudización creciente de las contradicciones (…) con la
consiguiente desestabilización y deterioro del organismo social en
conjunto" (David Limia, David, Interacción sociedad civil-sociedad
política en la sociedad cubana, en Colectivo de autores, Teoría y
procesos políticos contemporáneos, tomo II, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2006).
Las organizaciones de masas que, en las décadas de los 60 y 70 del siglo
pasado "unían" al pueblo que confiaba en una revolución triunfante, son
hoy inoperantes.
¿Dónde está la sociedad civil?
Aunque la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 54,
reconoce el derecho de reunión y de asociación, delimita de cierta forma
estos derechos a las organizaciones de masas y a sectores específicos de
la población. El marcado carácter paraestatal de las organizaciones de
masas hace que la mayor parte de la sociedad civil las descarte como
mecanismos para expresarse, y no las considere como sus representantes
ante el Estado.
Por tanto, la sociedad civil cubana carece hoy de vías para coordinar
opiniones y asumir posturas que le permitan defender sus intereses y
objetivos comunes. Tampoco es ampliamente conocida la vía legal, con sus
muchas limitaciones, para crear nuevas organizaciones o grupos cuyo
accionar sea reconocido, al menos formalmente, por el Estado.
Las estructuras organizativas, asociaciones o sociedades que existen en
Cuba, se constituyen de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de
Asociaciones o Ley 54 del 27 de diciembre de 1985 y su Reglamento.
Dichas legislaciones, de difícil acceso para la población, también son
restrictivas. Todo grupo de ciudadanos que desee constituir una nueva
asociación debe presentar su solicitud ante un organismo estatal que ha
de fungir como su órgano de relación.
Es decir, cualquier nueva asociación, obligatoriamente debe vincularse a
un organismo estatal, de acuerdo a los objetivos y fines que motiven la
creación. De esta forma, no es posible crear una asociación, reconocida
legalmente, que sea absolutamente independiente del Estado.
El Ministerio de Justicia (MINJUS) cuenta con una dirección de
asociaciones que fiscaliza un registro nacional de todas las
asociaciones, en el que se inscriben las nuevas organizaciones, una vez
que sus fundadores cuenten con un órgano de relación.
Además, la Ley de Asociaciones establece la existencia, en la sociedad
cubana, de una organización específica por sector, y no más de una. Es
decir, si existe una asociación registrada, con personalidad jurídica,
objetivos y fines específicos, estos no se pueden repetir en otra.
Esta restricción impide, por ejemplo, la inscripción de la Asociación
Jurídica Cubana (AJC), una organización independiente que tiene entre
sus objetivos defender los derechos ciudadanos —civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales— y asesorar jurídicamente a los
cubanos. Para negar este derecho civil se utilizó el pretexto de que ya
existían la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), ambas instituciones controladas
por el Partido.
Con tres décadas de aprobada, la Ley de Asociaciones no está a tono con
las circunstancias actuales que atraviesa Cuba y su sociedad civil.
Necesita modificarse para reconocer a todas las asociaciones en general,
como las fundaciones y las sociedades no lucrativas.
Como vía para la organización y expresión de la sociedad civil, han ido
surgiendo asociaciones, grupos y proyectos vinculados a diversos
centros, a través de los cuales la sociedad civil intenta canalizar sus
inquietudes o desarrollar actividades en función de sus intereses. Un
ejemplo es "En mi barrio", impulsado por Lourdes Suárez, La Cimarrona,
un proyecto que nace en la barriada de Casablanca en el año 2009, pero
que ha llegado a varias comunidades de la Isla organizando conciertos y
donando libros para la creación de bibliotecas.
En las últimas décadas han surgido, desde la sociedad civil, diversas
agrupaciones o colectivos creados por ciudadanos para manifestar y
visibilizar su posición contraria al régimen político. En este grupo
puede mencionarse al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando
Zapata, el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, el Foro
Antitotalitario Unido (FANTU), la Unión Social Comunitaria Cubana; así
como los partidos Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), por la Democracia
Pedro Luis Boitel; Solidaridad Liberal Cubano, y Somos+.
En mi opinión su desarrollo todavía es emergente, no porque sean pocos
ni por su juventud —algunos tienen más de una década, otros han
funcionado en períodos irregulares—, sino porque su alcance o contacto
con gran parte de la población cubana ha sido limitado. Además no han
tenido una labor en conjunto, sino más bien son esfuerzos fragmentados.
Precisamente con la intención de superar esa limitación surgió el
todavía joven Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, un proceso de
búsqueda de consensos entre todos los grupos existentes, de forma
incluyente, gradual y horizontal, sin que ninguno pierda su identidad ni
su autonomía.
A fuerza de insistir, de manifestar claramente sus ideas y fines
políticos concretos, las agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a
la oposición alcanzan cierta visibilidad, aunque muchas veces esas
iniciativas caen en el desconocimiento ante la fuerte censura del
Gobierno que prefiere desconocer y coartar sus avances.
Sin embargo, otra zona de la sociedad civil cubana lleva décadas
restringida, y es en ese sector donde será más difícil romper la
inercia: en el grupo amplio de actores sociales que, sin estar
vinculados a los estamentos oficiales dentro de Cuba, ejercen un
quehacer crítico que no implica una ruptura absoluta con el Gobierno.
Es imprescindible que esa gran mayoría que conforma la sociedad civil
cubana sea capaz de autorreconocerse como tal y de elegir las formas en
que desea organizarse y expresarse, sin permitir que el Gobierno le
imponga mecanismos represores.
En las calles de Cuba
Yo soy un verdadero representante de la sociedad civil cubana. Mis
vecinos y yo lo somos. Gente común del Cerro que va al trabajo en
guagua, hace la cola en la bodega, espera que "llegue la luz". Gente que
sabe lo que es vivir con un "salario cubano". Gente que prefiere
quedarse en casa, antes que oír panfletos vacíos en una reunión del CDR.
No es en reuniones y asambleas, con camisas de cuadro o guayaberas,
donde están los "verdaderos representantes". La sociedad civil cubana
está en las calles de la Isla, frustrada, aunque tiene mucho que decir.
Desorganizada entre tantas organizaciones, no logra hacer sentir su voz,
ni conducirse unida en busca de los cambios que necesita.
Los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana todavía tienen
que reconocerse a sí mismos. La calle, las casas, podrían ser ese
espacio en el que se organicen para, colectivamente, expresar sus
intereses, pasiones e ideas, intercambiar información y alcanzar sus
objetivos comunes.
Source: Yo soy la verdadera sociedad civil | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1464789223_22784.html
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