TENDRÁ TRIMIÑO LA RAZÓN?

¿TENDRÁ TRIMIÑO LA RAZÓN?
2008-02-07.
Félix Reyes Gutiérrez, Periodista Independiente, Cubanacán Press

Leer la prensa cubana para mantenerse "informado" es algo engorroso. Los
trabajos periodísticos casi siempre tienen corte político. No obstante,
no son pocos los que la siguen para mantenerse "actualizados". Tales
informaciones generan contradicciones en sus lectores que tienen la cara
fea.

Resulta que la edición del día 13 de diciembre del 2004 correspondiente
al periódico Trabajadores, Órgano oficial de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), refirió en su página tres un artículo titulado: "Hereda
la tierra quien la trabaja". Sin embargo, ello parece no siempre
cumplirse en el archipiélago cubano.

Según Juan Antonio Jiménez Morejón, de 67 años, residente en la vivienda
# 185, del kilómetro 2, Carretera a Ranchuelo, Barriada "La Yuca", por
espacio de unos 12 años trabajó en solitario en diferentes plantaciones
con 25 cordeles de tierra, propiedad de la señora María Cabrera. Hecho
que corroboran sus vecinos, Bello González, Olga Resino y los hermanos
Roberto y Antonio Simeón, entre otros.

Tras el fallecimiento de María en febrero del año 2003, el área ubicada
en la Cooperativa de Créditos y Servicios "Marcelo Salado", en las
proximidades del poblado "La Esperanza" esa tierra ha sido reclamada por
Jiménez Morejón, debido a que las autoridades gubernamentales le
plantean que no tiene derecho, señaló Jiménez Morejón, que a inicios del
2004 fue citado para la oficina de Registro de la Tierra (ORT), del
municipio de Ranchuelo, por continuar laborando en los 25 cordeles de
tierra. En ese local, Bernardo López, director de la mencionada entidad,
le expresó que tenía que marcharse del lugar porque el área reclamada no
era de su posesión.

El funcionario argumentó que el derecho de la tierra correspondía
exclusivamente a Cándida Cabrera, por ser esta la hermana de María y no
a él, puesto que no tenía parentesco alguno con la fenecida. No
obstante, Juan Antonio le contestó que presentaría una demanda al
Consejo de Estado de la República de Cuba basándose en los más de cinco
años de trabajo, como estipula la ley.

A finales del citado año, la máxima entidad estatal respondió al
protestante que había un mal procedimiento y tratara el asunto con los
directivos en la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura
en Villa Clara, pero en el encuentro, estos lo remitieron a la oficina
de Atención a la Población situada en la calle Martí, de la ciudad de
Santa Clara.

En el recinto, la funcionaria Saida Breña Acevedo le dijo a Jiménez
Morejón que gestionara el litigio por vía jurídica y este nombró como
abogado a Juan Carlos González. El letrado le cobró 125 pesos moneda
nacional por el contrato y tras unas semanas le comunicó que el fallo
había venido en su contra.

De igual modo, el afectado fue citado por el Jefe de Sector Policial en
su zona de residencia nombrado Alexis y directivos de la Organización
Nacional de Inspección Agropecuaria (ONIA), quienes le exigieron el
cierre del proceso de reclamación.

Al mostrarle Juan Antonio a Pedro Hernández Trimiño jefe de la ONIA, lo
plasmado en la edición del periódico Trabajadores en diciembre del 2004,
este le expresó: "No todo lo que dice el periódico se puede creer
ciudadano", y de manera inmediata le impuso una multa de 250 pesos
nacionales.

En febrero del 2007, al continuar trabajando en las 0.07 caballerías de
tierra fue visitado en su hogar por dos inspectores, el ya conocido
Trimiño y uno nuevo con apellidado Sarduy, quienes también le aplicaron
al perjudicado una sanción de 1000 pesos nacionales, que este se negó a
pagar.

Durante el mes de julio del pasado año, Mayelín Sánchez Pascual, asesora
jurídica de la ORT, mostró a Jiménez Morejón un manuscrito donde se
plasmaba que la única heredera de la tierra era la señora Candida,
hermana de la occisa pero el campesino le replicó: "Continuaré mi
demanda para que se cumpla la ley y no la herencia".

Días después, Yunior Frómeta Muñoz nieto de la beneficiada, entregó al
oficial Julio González en la Unidad de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), ubicada en la calle Monteagudo del poblado La
Esperanza, un documento de la ORT contra Jiménez Morejón.

González citó al reclamante para el recinto policial y lo amenazó igual
que a sus hijas, quienes lo acompañaron al lugar nombradas: Iliané
(operada del corazón y madre de una niña de siete años) e Isménia
Jiménez Sosa, de 36 y 39 años respectivamente con apresarlos si
continuaban exigiendo las tierras.

El mestizo Juan Antonio, quien recibe sólo una pensión de 122 pesos, al
ver que demanda justicia a diferentes instancias y las autoridades
gubernamentales continúan dando la razón a Cándida, quien recibe remesas
de su hijo Balbino Muñoz, residente en los Estados Unidos de América, se
siente afligido y a diario se pregunta: ¿Tendrá Trimiño la razón?

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=13886