La insurrección de los interrogantes
ARIEL HIDALGO
Las campanas ya están sonando en el archipiélago y sus tañidos ya se
escuchan en la distancia. Pero en esta otra orilla hay muchos que no
oyen, dormidos en el sueño profundo del pasado.
El grupo de jóvenes que cuestionó la política oficial el pasado 19 de
enero no salió a las calles a romper vidrieras ni a incendiar
automóviles, ni se sentaron a esperar a que algún insigne líder
desapareciera para siempre de este mundo, sino que, con la fuerza moral
de saberse investidos de sagrados derechos, acorralaron sin violencia al
funcionario gubernamental con irrebatibles inquisiciones. No se trataba
de un limitado grupo, sino de representantes de diez mil estudiantes de
la Universidad de Ciencias Informáticas.
Tampoco el millar de trabajadores de empresas extranjeras que el 12 de
enero rechazó al anuncio gubernamental sobre el impuesto sobre las
regalías recibidas de sus empleadores foráneos bloqueó las calles con
barricadas o atacó con piedras a las fuerzas del orden, sino que
simplemente respondió con un monumental abucheo a las palabras de la
funcionaria.
Estas formas de protesta, aunque pacíficas, deberían bastar para hacer
sonar una alarma ante los altos funcionarios. El que manda debe tener
quien obedezca, y si el que obedece deja de obedecer, el que manda deja
de mandar. Afirmar que tales protestas han sido comunes durante el
último medio siglo sin mayores consecuencias es como querer asegurar que
se ha tomado baños de sol bajo la furia torrencial de un diluvio sin
fin. Porque nunca dejaron de llover las condenas por la libre expresión
del pensamiento crítico bajo causas de torcidos nombres como
''desacato'' y ``propaganda enemiga''.
Mientras tanto, una inmensa red de pequeñas empresas individuales,
familiares y autogestionarias se extiende en las sombras. Mas pese a
sucesivos operativos policiales cada vez se reproducen con mayor ímpetu
y magnitud, semejante cada vez más a la Francia prerrevolucionaria de
los Capetos: una superestructura jurídico-política en conflicto con la
realidad socio-económica del país está destinada a derrumbarse.
Muchas preguntas se están formulando en todos los niveles entre artistas
y escritores durante las sesiones previas a su congreso nacional de
abril, o simplemente, de forma más airada, en las calles, en las paradas
de ómnibus y en las colas de los comercios: ¿por qué los ciudadanos
cubanos residentes en su propio país no pueden, ni aun contando con
dólares, disfrutar de la mayoría de sus playas, hoteles y de los mejores
restaurantes por el solo hecho de no ser extranjeros? ¿Por qué para
laborar en empresas extranjeras los trabajadores deben recibir el visto
bueno del Estado y luego entregarle todas las divisas de sus salarios
para recibir a cambio el pago en pesos cubanos? ¿Por qué se paga a los
trabajadores con moneda cubana mientras los precios de la mayoría de los
productos se venden en moneda convertible con un valor 25 veces mayor?
¿Por qué se requiere un permiso especial para viajar al exterior? ¿Por
qué no se permite el libre acceso a internet como a los ciudadanos de
cualquier parte del mundo? ¿Por qué no se permite a los cubanos comprar,
vender y alquilar viviendas y automóviles como sí pueden hacerlo los
extranjeros con residencia temporal en Cuba? Estas y otras preguntas no
han tenido respuestas, pero conducen a un interrogante final: ¿por qué
el cubano tiene menos derecho que cualquier extranjero? Y estos
cuestionamientos reflejan una situación que cualquier ciudadano de a pie
podría resumir haciendo suyo el estribillo de una popular canción de
Albita: ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
¿Es esto una consecuencia de la invitación hecha desde el poder de
plantear abiertamente los problemas o esta invitación, quizás de
inesperadas consecuencias, abrió una caja de Pandora ya desde mucho
antes en ebullición? ¿Se quería acaso calmar la frustración con algunas
dosis de esperanza? ¿Se intentará atajar el alud de protestas con
superficiales parches y promesas falsas o se apelará nuevamente a la
mordaza del miedo?
En vísperas de la revolución Luis XVI convocó los Estados Generales
donde los representantes del tercer estado pudieron desahogar
abiertamente sus inquietudes hasta que el monarca, atemorizado, les
cerró las puertas. Los delegados, indignados, juraron en un campo de
pelota mantenerse unidos hasta lograr la victoria. La actual dirigencia
nacional debería quitarse las vendas de la arrogancia y comenzar a tomar
las medidas urgentes requeridas por una población cada vez más asfixiada
antes de que sea demasiado tarde. Pues de lo contrario, un nuevo
juramento de la pelota no estará ya muy lejos. No habrá toma de la
Bastilla. No será necesario. Un día mágico un pequeño grupo desarmado de
trabajadores, estudiantes e intelectuales se presentará pacíficamente
ante el Palacio de la Revolución y decidirá, sin resistencia alguna,
pasar a retiro a los elegidos.
Realizar los cambios es la mejor respuesta a los interrogantes. No se
puede legislar de espaldas a la sociedad. O el gobierno cambia la
realidad social o la realidad social cambiará al gobierno.
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