VICENTE ECHERRI
Legitimidad y derechos humanos
En repetidas ocasiones, el régimen cubano ha sido acusado ante la recién
desaparecida Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y casi siempre ha
sido condenado por sus violaciones. Esas condenas, más bien simbólicas,
han sido posibles gracias a los votos de algunas naciones que, a lo
largo de los mismos años, han votado en la Asamblea General de la ONU,
en Nueva York, contra el embargo unilateral que impusiera Estados Unidos
a Cuba por escandalosas violaciones a los derechos humanos, incluido el
sagrado derecho a la propiedad.
Estamos en presencia, pues, de dos posiciones políticas hacia la misma
dictadura que, por casi medio siglo, le ha negado a su pueblo la mayoría
de sus derechos y libertades fundamentales. El error tal vez es la
imposibilidad de la comunidad internacional de tener una visión
abarcadora y total del régimen de Castro. Es más fácil juzgar las
violaciones de los derechos humanos de individuos específicos que
abordar la naturaleza perversa de todo un sistema y, en consecuencia,
encontrar un consenso para enfrentarse a él o los instrumentos para
sancionarlo o derrocarlo.
Lo primero --rastrear, documentar, denunciar, etc., las concretas
violaciones de los derechos humanos de algunos individuos: personas
específicas con nombres y apellidos, víctimas de la represión o la
persecución política-- se ajusta perfectamente al derecho internacional,
es parte del debate diplomático. Sin embargo, lo segundo --es decir, la
completa condena de un régimen por lo que es, por su naturaleza
intrínseca, por su propia razón de ser-- cae más bien en el terreno de
la filosofía o incluso de la religión. Esta diferencia explica la
evidente contradicción de la política de muchos países respecto a Cuba,
con la meritoria y notable excepción de Estados Unidos.
Podría apuntar, ciertamente, muchas medidas erróneas o fallidas de parte
de Estados Unidos hacia el régimen de Castro desde su llegada al poder
en 1959, cuando la destrucción de la llamada ''revolución cubana'' era,
o al menos debió haber sido, una prioridad en la agenda política de este
país. Después de todo, Cuba parecía haber caído bajo el hechizo de una
suerte de brujo malévolo para dejar de ser el vecino amistoso y
convertirse en un territorio ajeno y enemigo, así como en una fuente de
subversión contra la política norteamericana en todas partes,
especialmente en América Latina. Al mismo tiempo, la isla misma se
volvía una gigantesca prisión.
Pese a los muchos errores de la política norteamericana hacia el
castrismo, Estados Unidos ha enfrentado el fenómeno cubano como una
especie de entidad ilegal que, por engaño y por fuerza, ha sometido a
toda una nación y pisoteado los derechos y libertades de todos sus
ciudadanos. La satanización del castrismo fue y ha sido la respuesta
adecuada del gobierno norteamericano a la aberración que significó ese
régimen y al desafío que le planteó a Estados Unidos; y el embargo
económico, que se ha extendido por más de cuatro décadas, una coherente
ejecución de esa política.
En otras palabras, el embargo --impuesto al principio como un simple
castigo por la confiscación de propiedades norteamericanas-- adquirió a
lo largo de los años el carácter de sanción moral contra un régimen
totalitario que violaba los derechos humanos de todos sus ciudadanos, y
cuya mera existencia era un crimen. Ese género de respuesta global,
única en el mundo en lo que a Cuba respecta (no importa cuán ineficaz
haya sido en producir cambios significativos en el país), ha sido útil
para articular un principio fundamental: la falta de legitimidad del
régimen de Castro, proporcional a la falta de derechos humanos y
libertades del pueblo cubano.
Confieso que siempre he sido un poco renuente a denunciar violaciones
particulares de derechos humanos cometidos por el régimen castrista
--por ejemplo, el arresto arbitrario de periodistas independientes, el
acoso de pacíficos disidentes, la disolución de reuniones por turbas
organizadas-- por el temor de que prestarle atención a esos casos
particulares podría oscurecer --en la mente y la conciencia de los
demás, tanto gobiernos como pueblos-- el cuadro total de una sociedad en
la cual los derechos humanos de todos han sido violados las veinticuatro
horas del día, el año entero, por casi 48 años.
Creo sinceramente que enfrentarse a un violador de los derechos humanos
de la magnitud de la tiranía castrista con tímidas medidas diplomáticas
es una empresa condenada al fracaso. Una respuesta más adecuada --como
ha sido el embargo norteamericano a pesar de sus defectos-- es aquella
que resalte, como un factor fundamental de inestabilidad, el carácter
ilegítimo de ese régimen, mientras esperamos por una conmoción interna o
una acción exterior, o ambas cosas, que le ponga fin a esa larga
pesadilla de una vez y por todas.
Impotentes como estamos ahora mismo para promover auténticos cambios en
nuestra patria, los cubanos exiliados --muchos de nosotros-- descubrimos
que nuestro principal deber es ayudar a mantener, en la arena
internacional, y particularmente en el escenario político
norteamericano, el precario status quo del régimen de Castro (o de su
hermano) --la inestabilidad que se deriva de su falta de legitimidad--
como el fundamento a partir del cual procurar su remoción definitiva.
Para aquellos de nosotros que hemos estado esperando durante décadas por
ese fin, ninguna otra cosa es aconsejable ni aceptable. Sólo aspiramos a
recobrar nuestro país.
© Echerri 2006
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