Intelectuales cubanos denuncian en Madrid la represión que sufren las asociaciones civiles en Cuba

Intelectuales cubanos denuncian en Madrid la represión que sufren las
asociaciones civiles en Cuba
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
MADRID| 06/04/2017 - 13:56

Varios intelectuales y destacados disidentes del régimen cubano han
denunciado este jueves en un acto celebrado en Madrid la represión que
sufren las asociaciones civiles en Cuba, que no son reconocidas de forma
oficial por el Gobierno y son sometidas a enormes presiones y abusos a
la hora de realizar su actividad.

Por este motivo, han presentado en el Instituto Atlántico de Gobierno un
registro alternativo para las asociaciones civiles cubanas, que tiene
como objetivo dar visibilidad a este problema y homologar su actividad a
nivel internacional.

"Este servicio lo que intenta es que las asociaciones de la sociedad
civil en Cuba, que han sido durante años vilipendiadas por el Gobierno,
tengan un lugar donde registrarse", ha explicado Alejandro Gónzalez
Raga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"La intención es conseguir homologar las asociaciones actuales cubanas a
nivel internacional. Sabemos que este proceso no dará legalidad a las
asociaciones que se inscriban en este registro, pero sí les dará una
cierta legitimidad", ha apuntado.

La legislación cubana establece que cualquier asociación civil debe
realizar una actividad que sea afín al Gobierno, por lo que cientos de
grupos civiles en Cuba continúan sin ser reconocidos por las autoridades.

"Esta normativa regula la relación que mantienen los ciudadanos que
decidan asociarse con el Gobierno cubano. Obliga a las asociaciones a
explicar en qué se basan sus actividades con todo detalle", ha explicado
Calixto Gammalane, ex juez del Tribunal Supremo de Cuba y vicepresidente
de la Asociación Jurídica Cubana (AJC).

"Se inmiscuye totalmente en el desarrollo de su trabajo", ha señalado.
"El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Registro de
Asociaciones, es discriminatorio. En Cuba sí hay asociaciones, cerca de
2.000. Pero todas tienen que responder obligatoriamente a las cuestiones
que el Estado considera afines", ha contado.

Gammalane, que hasta 2005 trabajó como magistrado en el Supremo cubano,
también ha señalado que no son sólo las asociaciones jurídicas y civiles
las que sufren el acoso de las autoridades. "En Cuba no hay
independencia judicial, hay un sólo poder", ha asegurado. "Muchos jueces
lo saben y querrían cambiar las cosas", ha señalado.

Según ha narrado, muchos jueces en Cuba ven cómo sus sentencias son
cuestionadas por el Gobierno. "Fueron este tipo de cosas las que me
hicieron perder el interés en nuestro sistema judicial", ha añadido.

"DESCONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA POBLACIÓN"

Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, ha
explicado todas las trabas que le impuso el régimen cubano para poder
registrarse. "Era evidente que existía un grave desconocimiento jurídico
por parte de los ciudadanos que tenía que solucionarse", ha apuntado.

La AJC es una de las asociaciones jurídicas más importantes de Cuba. Sus
representantes han acudido a la presentación del registro alternativo
este jueves para apoyar la incitativa y han sido los primeros inscritos,
en un intento simbólico de denunciar las continua represión del régimen
cubano.

Según ha explicado, la idea detrás de la AJC, que al principio estaba
formada por cuatro miembros, era proporcionar asistencia jurídica
gratuita a los cientos de cubanos que sufren violaciones por parte del
Gobierno o simplemente necesitan ayuda para solucionar conflictos legales.

"Yo lo que tenía claro es que teníamos que registrarnos en el Registro
de Asociaciones Cubanas. Ya ahí empezó nuestro primer problema.
Esperamos un tiempo prudencial, el establecido por la ley, para recibir
una respuesta por parte del registro". Dicha respuesta no llegó. Tras
meses de espera, los responsables de la AJC decidieron acudir a la
ministra de Justicia del Gobierno cubano, por aquel entonces, María
Esther Reus.

"María Esther Reus no dijo nada. Acudimos de nuevo por segunda vez.
María Esther Reus, una vez más, guardó silencio", ha apuntado Vallín.
Fue entonces cuando decidieron interponer una demanda contra la propia
ministra por no responder dentro del período establecido.

El Ministerio aceptó la demanda después de meses, y tras un proceso
judicial de más de dos años, el Tribunal Supremo de Cuba denegó su
petición de registro. "Nos dijeron que doblábamos las funciones del
Bufete Colectivo", ha contado Vallín. "El Bufete Colectivo cobra y
nosotros ofrecíamos un servicio gratuito", ha añadido.

A pesar de las trabas judiciales, el AJC no dejó de crecer a medida que
iban pasando los años y continuó con su actividad. "Nosotros sabemos que
nos han mandado gente, con ánimo de pagarnos, pero nunca hemos aceptado.
Nunca han podido cogernos violando la ley", ha apuntado el presidente de
la AJC. "Nos hemos convertido en una organización no autorizada, pero un
poco tolerada", ha concluido.

"Cuando supimos de este registro, decidimos participar de forma
inmediata, ya que así la gente conocerá aún más el trabajo de la AJC.
Nos ampliará el diapasón para ayudar a más cubanos", ha añadido.

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sufren las asociaciones civiles en Cuba - lainformacion.com -
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