Para mantener la seguridad social es necesario reformar el sistema

CARMELO MESA-LAGO / ECONOMISTA, NOMINADO AL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

"Para mantener la seguridad social es necesario reformar el sistema"
MAURICIO VICENT Madrid 11 MAY 2014 - 00:00 CET2

Tiene 93 libros y 300 ensayos publicados y en agosto cumple 80 años,
pero el catedrático y economista cubano Carmelo Mesa-Lago no descansa.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, acaba de invitarle a formar
parte de la comisión que asesorará la segunda reforma del sistema de
pensiones en su país, uno de sus proyectos estrella. Por tercera vez en
su vida, es cubano afincado en Estados Unidos desde 1961, está nominado
al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, cuyo ganador será
anunciado en los próximos días. Considerado el maestro de la seguridad
social en América Latina, Mesa-Lago, profesor emérito de la Universidad
de Pittsburgh, asegura que ni en los países ricos ni en los pobres
privatizar las pensiones y la sanidad es la solución para garantizar
mejores prestaciones.

Pregunta. Participó en la reforma de las pensiones del primer Gobierno
de Bachelet...

Respuesta. He trabajado en Chile durante 45 años, como funcionario de la
CEPAL introduje el tema de la seguridad social y señalé los fallos de la
privatización de las pensiones implantada por Pinochet. Sugerí entonces
medidas para ampliar la cobertura laboral, así como de los ancianos y
las mujeres, hacer universal la pensión asistencial para los pobres,
mejorar la solidaridad social y la equidad de género, etc. Muchas de
estas sugerencias aparecen en la reforma de Bachelet en 2008.

P. ¿Después de esa reforma de 2008, cuál es el objetivo ahora?

R. Quedaron problemas por resolver, como lograr una mayor competencia a
través de una gestora pública del sistema de pensiones que logre reducir
el coste administrativo, que todavía es alto. También las pensiones de
los afiliados de bajos ingresos son magras, a pesar de que la reforma de
2008 introdujo un aporte solidario del Estado.

P. ¿Qué caracteriza la situación del sistema de seguridad social en la
región?

R. Once países latinoamericanos privatizaron total o parcialmente sus
pensiones entre 1981 (Chile) y 2008 (Panamá). Aunque lograron algunas
mejoras, sus fallos fueron mayores: la cobertura se estancó o cayó, la
competencia no funcionó de forma adecuada en la mayoría, mientras que
los gastos administrativos eran altos y la inversión se concentró en
deuda pública. La equidad de género también se erosionó y con frecuencia
se descuidaron las pensiones de asistencia social a los pobres, y los
costos fiscales fueron más altos y largos que lo previsto. La crisis
financiera mundial redujo el capital acumulado y su retorno, deteniendo
las reformas estructurales. Entre 2008 y 2012, tres países implantaron
reformas a las pensiones privatizadas; en todas aumentó el papel del
Estado, mejoró la cobertura, la solidaridad social y la equidad de
género, pero sólo Chile aseguró la estabilidad financiera a largo plazo,
mientras que Argentina y Bolivia corren el riesgo de desequilibrios severos.

P. ¿Conclusiones?

R. Los países que mantuvieron sistemas públicos, ahora en mayoría, pagan
pensiones muy reducidas y tienen una multiplicidad de fondos con algunos
privilegiados y subsidiados por el fisco (fuerzas armadas,
funcionarios), y enfrentan desequilibrios financieros. La gran mayoría
demanda reformas adecuadas a sus peculiaridades y problemas. Las
reformas estructurales de sanidad, en cambio, no avanzaron tanto en la
privatización como las de pensiones. La chilena, pionera y más radical,
sólo logró cubrir a 26% de la población con aseguradoras privadas y ese
porcentaje cayó a 15% cuando se reforzó el sistema público bajo los
gobiernos democráticos.

P. ¿Cuáles son los retos para América Latina?

R. En los países menos desarrollados hay una incidencia de pobreza muy
alta, la mayoría de la fuerza laboral es informal y todavía hay un
sector campesino considerable y disperso. Estos tres grupos son muy
difíciles de cubrir por el seguro social, en pensiones y sanidad, porque
no tienen empleador que los afilie y pague parte de la contribución,
además de que su salario es errático y normalmente bajo, de ahí que
tengan las coberturas más escasas en la región. El sector público de
sanidad en esos países está legalmente obligado a proteger a la
población no asegurada, pero recibe una proporción de recursos menor que
la del seguro social que atiende sólo a una minoría, por lo cual los
recursos son insuficientes y hay impacto regresivo.

P. ¿Y en los países desarrollados?

R. Lo normal en estos países es que tengan cobertura universal del
seguro social, las pensiones sean adecuadas y exista un Estado de
bienestar que proporcione asistencia a los pobres, así como cobertura de
salud gratuita. Estados Unidos estaba a la zaga en lo último, pero Obama
está mejorando de forma notable el vacío previo. El problema es el
envejecimiento de la población, porque con el crecimiento de la
expectativa de vida los jubilados viven más años (más que los que
contribuyeron si la edad de retiro es baja) y por tanto cobran las
pensiones por un período mayor, a pesar de que el coste de sanidad se
dispara porque sufren enfermedades terminales. Esto se combina con una
caída drástica de la natalidad (en algunos países como España, la tasa
de reproducción es insuficiente para mantener el tamaño de la población)
por lo que hay menos personas adultas para financiar a la población de
tercera edad.

Con este cambio demográfico, la población productiva se achica a la vez
que crece el segmento de la población anciana. La solución de este
problema no debería ser la privatización de la seguridad social, pues
esto ha probado tener un efecto neto adverso, sino aplicar reformas
paramétricas que permitan mantener la solvencia de los sistemas. Por
ejemplo, se puede aumentar la edad de jubilación de acuerdo con el
incremento de la esperanza de vida. También es importante crear
programas complementarios de pensiones según el ahorro individual (en lo
posible ayudado por el empleador) para suplementar las pensiones de
seguro social y ayudar al crecimiento económico del país.

P. ¿Cómo extender la cobertura del seguro social y la asistencia a los
pobres en una economía en crisis?

R. La gran mayoría de mis libros y artículos se ha dedicado a este tema,
analizando la raíz del problema y proponiendo políticas para superarlo.
Mi tesis es que la cobertura del seguro social está correlacionada
positivamente con el empleo formal e inversamente con el empleo informal
y la pobreza; de manera que las políticas de protección social deberían
incluir medidas para incorporar al sector excluido. Por ejemplo, crear
un aporte fiscal, como la contribución patronal de la que carecen los
informales de bajo ingreso, a fin de incentivarlos para que se afilien y
coticen (aplicado en Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay); otorgar
pensiones asistenciales con prueba de ingreso adecuada a los ancianos
pobres que no reciban otra pensión (El Salvador, México, Panamá) y
universalizar dichas pensiones (Costa Rica, Chile, Uruguay). También
introducir un bono de maternidad para compensar a las mujeres el tiempo
que se retiran para criar a sus hijos (Argentina, Chile, Uruguay).

P. Si de temas de pensiones y seguridad social ha escrito 60 libros, de
Cuba van más de 30. Vive en EE UU desde que salió de Cuba, en 1961.
¿Sigue apostando por el entendimiento entre La Habana y Washington?

R. Hace 46 años que me pronuncie públicamente en contra del embargo y
este no ha logrado su objetivo de cambiar el régimen cubano, que lo ha
utilizado como un chivo expiatorio para justificar errores económicos
por más de medio siglo. También he estado en favor del dialogo de EE UU
con Cuba y en 1978 participé en el diálogo de una representación de la
comunidad cubana en el exterior con el Gobierno, que culminó con la
liberación de 3.600 presos políticos. Debido a los múltiples y serios
retos que enfrenta Obama en el resto de su período presidencial y, a
pesar de los pasos positivos que ha dado, creo que es muy difícil que
gaste sus escasas municiones políticas para intentar aprobar en el
congreso una reforma o la anulación de la Ley Helms-Burton. Las
conversaciones podrían avanzar en áreas que quedan a la discreción del
presidente. Pero hacen falta dos para bailar el tango y cada vez que un
presidente norteamericano ha intentado un acercamiento con Cuba (Ford,
Carter y Clinton), esta ha creado un conflicto que ha paralizado el
proceso. Raúl Castro ha ofrecido en múltiples oportunidades conversar,
pero advirtiendo que no habrá cambio político en Cuba. Para que se logre
progresar es necesario que ambas partes cedan algo.

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sistema" | Economía | EL PAÍS" -
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