Wednesday, August 24, 2011 | Por Aleaga Pesant
BAYAMO, Cuba, 24 de agosto (www.cubanet.org) – Lázaro Expósito Canto,
Primer Secretario del Partido Comunista en la provincia Santiago de
Cuba, sin lugar a dudas el hombre más poderoso del oriente del país,
salió temprano de la sede de la organización, a unos metros de Plaza de
Marte.
No le preocupan a Lázaro, desde que ocupa el cargo, los catastróficos
resultados de la construcción del acueducto en la ciudad de Manzanillo.
Millonaria inversión en dólares, que al cabo de cuatro años de
operaciones se encuentra totalmente inhabilitado. El antiguo primer
comunista en Granma y responsable final de la obra, fue promovido a una
provincia más importante y ahora sus obras hacen agua. Hasta que no
caiga en desgracia, no saldrá a relucir su mala gestión. Quizás, según
algunos, por estar en estos momentos dentro de la familia de los Castro.
O tal vez porque no le ha llegado el momento, como a otros que se
consideraban intocables…
Pero a quien sí le llegó la hora fue a un grupo de directivos,
funcionarios y otros ciudadanos declarados culpables de corrupción
administrativa, cometida en el desempeño de sus funciones. Asunto que
salió a flote en la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de
Granma, con sede en la ciudad de Manzanillo, y donde se dictó sentencia.
El texto hecho público en el semanario, La Demajagua, se refiere a cómo
los implicados desviaron equipos de aire acondicionado y refrigeradores
de su destino. Los equipos debían sustituir a otros más viejos e
ineficientes en manos de la población, como parte de un programa que
pretendía modernizar el parque de esos equipos caseros y, terminó
endeudando a la población con el Estado, al venderle obligatoriamente
malas maquinas, y comprar buenos equipos viejos.
Para el desvío de los equipos, se apunta, se falseó información,
adulteraron documentos y realizaron otras actividades engañosas con
abusos de atribuciones y el contenido propio de los cargos que
desempeñaban, con un evidente fin lucrativo en detrimento de los
intereses del Estado y su economía. También se incurrió en
falsificación de documentos bancarios y de comercio, malversación,
receptación y apropiación indebida.
Se omite en la información la cantidad y los nombres de los delincuentes
y sus responsabilidades. Señala que las sanciones oscilan entre 5 y 15
años a los acusados por los delitos de malversación y falsificación de
documentos.
La justicia llega a unos, sí, pero a otros, todavía.
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