Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) - ¿Qué confianza puede
tener la ciudadanía cubana en su sistema de administración de justicia,
cuando sus tribunales aceptan una calificación legal errónea de los
hechos que juzgan?
Recientemente se enjuicio a la disidente Iris Tamara Pérez Aguilera. Se
le acusó de cometer un delito de resistencia, desacato y desobediencia.
La denuncia fue aceptada por el Tribunal Municipal de Placetas, Villa
Clara, en los términos y con la calificación legal que decidió la parte
denunciante.
Incurre en un delito, el que oponga resistencia a una autoridad,
funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus
funciones (Art. 143 del Código Penal). Comete desacato el que amenace,
calumnie, difame, insulte injurie o de cualquier modo ultraje, en su
dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes
o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo
de ellas (Art. 144).
El delito de desobediencia se corporifica cuando un funcionario
judicial o administrativo (…) no dé cumplimiento a resolución firme u
orden dictada por un tribunal o autoridad competente y revestidas de las
formalidades legales (Art. 134.).
Como puede verse, la tipificación legal de la desobediencia exige que el
acusado sea un funcionario judicial o administrativo. Requisito que no
cumplía, en este caso la señora Pérez Aguilera.
El tribunal, al recibir las actuaciones, debió analizarlas para
comprobar si los hechos denunciados eran o no constitutivos de un
delito. No me imagino que un juzgado no conozca la ley que debe aplicar
o las aplique erróneamente.
La defensa admitió no entender nada de las imputaciones contra la
acusada. Momentos antes de iniciar el juicio, fue advertida de que su
cliente no era un sujeto calificado para cometer un delito de
desobediencia. Sin embargo, no alertó al tribunal del error en que
incurría.
Esta falta es inadmisible en un tribunal de justicia que se respete.
Surge la duda de si el error se cometió por desconocimiento de la ley, o
fue intencional. Quizás el objetivo era amedrentar a la acusada.
Los cubanos no tienen un mínimo de conocimiento de las leyes que se le
aplican. Esta ciudadana jamás se daría cuenta que la juzgan por un
delito que no podría cometer, por no estar cualificada legalmente para ello.
Es triste que el poder judicial en Cuba se preste al juego de las
autoridades para reprimir a los ciudadanos. Prueba evidente de la
dependencia de este a los mandatos del gobierno.
Una institución que tiene en sus manos la libertad de las personas, no
puede darse el lujo de cometer errores de tal naturaleza. La confianza y
garantías que deben brindar los tribunales a los ciudadanos, están
completamente anuladas. La justicia en Cuba no es solamente ciega,
también es ignorante.
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