El caso cubano sometido a racionalizacióng

El caso cubano sometido a racionalizacióng
ALEXIS JARDINES
Especial/el Nuevo Herald

¿Se tiene la intención de resolver realmente el problema de Cuba con un
costo mínimo de las partes y en tiempo récord? ¿Se quiere un happy
medium? Si la respuesta es No, el que la sostenga cargará con la
responsabilidad de la tragedia; si la respuesta es Sí, recúrrase a la
Navaja de Ockham y al principio de la mínima acción y los resultados
serán los que siguen.

Precisemos las condiciones iniciales. Cuando el objetivo supremo es la
familia (no la Revolución, no el Partido, no el Comandante y su idílico
Pueblo) la pregunta es: ¿cuál es el camino más corto y seguro para
garantizar que un salario digno y una moneda con poder adquisitivo
lleguen a cada hogar cubano? A continuación, las barreras que nos
separan de la posibilidad de progresar y que, al propio tiempo, nos
obligan a delinquir en busca de subsistencia.

Económicamente hablando, la actualización del modelo socialista que
encabeza Raúl Castro es inviable. Su obstáculo inmediato en este sentido
es la dualidad monetaria, dificultad que se pretende solucionar a nivel
de paliativos que no van a ninguna parte sin la reforma del Estado y del
aparato productivo, de tal modo que este último alcance altos niveles de
eficiencia y competitividad. Todo ello parece ilusorio incluso a largo
plazo, mientras se desaprovecha en el presente la oportunidad abierta
por la normalización de las relaciones con Estados Unidos, resultando el
cubano de a pie el mayor perjudicado. La economía cubana no puede
sostenerse con la doble moneda, pero tampoco el país puede salir
adelante con ninguna variante de eliminación de la dualidad. Tal
paradoja remite a una situación estacionaria.

Políticamente hablando, la dificultad principal se observa en el sistema
de Partido único, el cual conserva para sí la potestad de gobernar por
encima de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que
–por la misma razón– están concentrados en sus manos, en contra de toda
la tradición liberal y democrática. Esta estructura vertical de comando,
mediante la cual se implementan y canalizan las decisiones tomadas solo
al más alto nivel de la cúpula de la pirámide unipartidista, es el
verdadero mecanismo de freno que impide la inversión extranjera a gran
escala, la contratación libre de la fuerza de trabajo por parte de las
empresas extranjeras y cubanoamericanas, así como el propio progreso de
las tímidas reformas raulistas, además de excluir a la población de la
participación en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones.

Jurídicamente hablando, las anteriores dificultades están legitimadas en
la Carta Magna de la república a título de logros del socialismo. La
Constitución cubana en vigor acepta exclusivamente la propiedad social
sobre los medios de producción bajo el control del Estado socialista
que, a su vez, se somete constitucionalmente al Partido Comunista
(único). Por lo tanto, la propia Constitución, paradójicamente, sitúa al
Partido único por encima de la ley y de la sociedad (artículo 5). En
semejantes condiciones, la Constitución cubana no brinda garantías para
la inversión de capital extranjero y cubanoamericano, las cuales solo se
obtienen de un estado de derecho y no de meras enmiendas tendenciosas
como la llamada Ley de Inversión Extranjera. Como corolario del artículo
5 las Fuerzas Armadas Revolucionarias defienden al Partido en el poder y
no al pueblo y a la Constitución. Cabe agregar aquí que resulta
excesivamente caro el mantenimiento del ejército debido a la
desproporcionada envergadura que tiene con respecto al tamaño y la
densidad poblacional del país. Queda pues para el gobierno
postotalitario la tarea de reducir las Fuerzas Armadas y de redefinir
sus funciones.

Atendiendo a lo antes expuesto, al nuevo escenario de posibilidades
abierto por la actual administración norteamericana y al hecho que
varias encuestas sucesivas entre los cubanos de la isla arrojan el
rechazo de la población al sistema de Partido único, lo más sensato y
viable es:

Primero. Disolución por decreto del PCC, de modo que queden al mando de
la nación el actual presidente de la república de Cuba y la Asamblea
Nacional del Poder Popular, cuyo máximo representante deberá ser
elegido, seguidamente, mediante el voto directo y secreto en consulta
popular internacionalmente arbitrada.

Segundo. La Asamblea Nacional del Poder Popular y su nuevo presidente
deberán trabajar con toda urgencia en la implementación de las
siguientes medidas mínimas:

Económica:

Adopción del dólar norteamericano como moneda –única– de curso legal y
reducción considerable del actual porcentaje de 3.8 del PIB asignado a
las Fuerzas Armadas, que deberá ser redistribuido en beneficio de la
población.

Jurídica:

Reformar la Constitución de modo que esta sea adaptable a las nuevas
condiciones eventualmente pluripartidistas, de economía de mercado y de
propiedad privada.

Política:

Tomar las acciones pertinentes para la celebración de elecciones libres,
plurales y competitivas.

Académico Distinguido en Residencia "Pérez Bengochea", en FIU.

Source: ALEXIA JARDINES: El caso cubano sometido a racionalización | El
Nuevo Herald -
http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo-dia/article28662550.html