Reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba, un escollo por salvar

Reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba, un escollo por salvar

Panel de expertos abordó el tema de confiscaciones y soluciones legales
en evento del CRI en FIU
El Programa de Reclamaciones Cubano (FCSC), del gobierno de EEUU,
estableció que los reclamantes debían ser ciudadanos norteamericanos en
el momento de la confiscación
Las reclamaciones de cubanos naturalizados después tienen que
presentarse de manera individual
ABEL FERNÁNDEZ

Las reclamaciones por las propiedades confiscadas por el gobierno
revolucionario de Cuba continúan como un asunto crítico pendiente de
resolución, casi un año después del anuncio del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

Algunos alegan que, de no resolverse, las reclamaciones afectarán la
credibilidad del gobierno de la isla para futuros inversionistas.


El abogado Pedro G. Menocal habla durante el evento dedicado al tema de
las confiscaciones en Cuba, organizado por el CRI en FIU, en la sala
Rafael Díaz Balart en el recinto Modesto A. Maidique de la Universidad.
Roberto Koltún rkoltun@elnuevoherald.com
Otros temen que, en medio de las concesiones del presidente Obama al
régimen, las casi 6,000 reclamaciones por propiedades confiscadas
estancadas en la Comisión de reclamaciones del Extranjero (FCSC) desde
hace más de 50 años, terminen siendo saldadas por una fracción de su monto.

"Obama está tan desesperado por llegar a un arreglo con Cuba que puede
pagar un centavo por cada dólar", opina Julie Alvares, dueña de una
reclamación por un negocio mayorista de ferretería, una arrocera en
Pinar del Río, una finca y una casa en Varadero que eran de su abuelo.

Alvares fue uno de los herederos de reclamaciones de bienes confiscados
que asistió a un evento recientemente en el Instituto de Investigaciones
Cubanas (CRI) en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), donde
un panel de expertos respondió preguntas a una audiencia ávida por
revisitar el tema de las confiscaciones y valorar las posibles
soluciones legales de las reclamaciones.

Las reclamaciones

Entre 1959 y 1961 el gobierno revolucionario cubano nacionalizó los
bienes pertenecientes a ciudadanos y corporaciones estadounidenses en la
isla. En 1964, el Congreso de Estados Unidos estableció un Programa de
Reclamaciones Cubano que autorizaba a la Comisión de Reclamaciones del
Extranjero (FCSC), una entidad gubernamental que procesa reclamaciones
de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos en otros países,
a considerar reclamaciones debidamente documentadas de propiedades
confiscadas por el gobierno cubano.

El programa establecía que los reclamantes debían ser ciudadanos
norteamericanos en el momento de la confiscación.

La FCSC recopiló reclamaciones valoradas en $1,900 millones, ajustados
por la inflación a más de $7,000 millones actualmente. La FCSC es,
además, la encargada de gestionar los pagos.

Entre las reclamaciones se incluyen una de la Empresa Cubana de
Electricidad por $268 millones, otra de la ITT por $131 millones, así
como reclamaciones por refinerías, industrias mineras, propiedades
comerciales, tierras, bienes inmuebles, ganado, joyas, obras de arte,
muebles, barcos, autos, cuentas bancarias, pensiones y pólizas de
seguros, entre otros.

Según explicó el abogado Rolando Anillo, uno de los panelistas del
evento y presidente de la Asociación de Dueños de Reclamaciones Cubanas
(Cuban Claims Owners Association, CCOA), para la solución de las
reclamaciones "lo que tenemos potencialmente es un pago entre
gobiernos", pero "en realidad el gobierno cubano no tiene el dinero para
pagar".

La Asociación de Dueños de Reclamaciones Cubanas fue creada con el
propósito de "darles un nivel más personal a los dueños de
reclamaciones, que el gobierno no sea el único que hable por los
reclamantes", dijo a el Nuevo Herald Raúl Valdes-Fauli, representante
del CCOA.

"La asociación está tratando de crear un grupo de dueños de
reclamaciones que en algún momento pueda cabildear o ejercer presión
sobre la legislatura para que se tomen en cuenta las reclamaciones
individualmente, y no solo por parte del gobierno como política de
estado", explicó Valdés-Fauli.

Como ejemplo de reclamaciones resueltas entre gobiernos, Valdés-Fauli
citó los pagos obtenidos por el gobierno de Estados Unidos por
reclamaciones de propiedades confiscadas por el gobierno de China entre
octubre de 1949, cuando el Gobierno de la República Popular de China
(PRC) llegó al poder, y 1966, cuando se implementó el Programa de
Reclamaciones de China.

El Departamento del Tesoro estableció un Fondo para reclamaciones de
China, donde el gobierno chino depositó un pago inicial de $30 millones
en 1979 y $10.1 millones de 1980 a 1984. De un total inicial de más de
$196 millones, el gobierno chino consiguió un arreglo por $80.5 millones.

Sin embargo, un acercamiento más individualizado, como el que se le dio
a las confiscaciones en Nicaragua entre 1979 y 1990 durante el primer
gobierno sandinista, es lo que quisieran obtener los miembros del CCOA,
dijo Valdés-Fauli.

Estados Unidos levantó algunas restricciones legales a Nicaragua en
agosto, después que el país centroamericano cumplió con la resolución de
30 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses que estaban pendientes.

Hasta el 2005 Estados Unidos tenía registrados un total de 3,166
reclamaciones de ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades fueron
confiscadas en Nicaragua.

A la vez, Valdés-Fauli reconoce que como el gobierno de Cuba está
demandando a Estados Unidos por miles de millones por pérdidas como
resultado del embargo económico, podría terminar no pagando un centavo.

El problema de los bienes confiscados "se tiene que resolver, o el
comercio con la isla va a continuar interrumpido indefinidamente", dijo
Valdés-Fauli.

La ley Helms-Burton de 1996, la cual tiene como objetivo el
fortalecimiento y la continuidad del embargo, reconoce el derecho de los
cubanoamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas a reclamar
compensación.

Sin embargo, advirtió el abogado Matías Travieso Díaz, miembro del panel
del evento, la ley Helms-Burton deja bien claro que el gobierno
americano solo se encarga de las reclamaciones certificadas, o sea, las
de ciudadanos norteamericanos en el momento de la confiscación. Las
reclamaciones de cubanos que se naturalizaron después tienen que ser
presentadas ante las cortes de manera individual y por cuenta del
demandante.

Los cubanos cuyos bienes fueron confiscados y que se quedaron en Cuba,
"en un futuro tendrán que ir a las cortes cubanas a reclamar", dijo
Valdés-Fauli.

Los fondos para saldar reclamaciones

Según Travieso Díaz, la mayoría de las reclamaciones certificados por la
FCSC son por montos inferiores a $1 millón, y suman cerca de $165
millones, una cifra que podría ser saldada con fondos del gobierno
cubano congelados por Estados Unidos.

Los fondos congelados –dólares originados mayormente por exportaciones
del gobierno de Cuba que pasan en algún punto por algún banco
norteamericano como parte de alguna transacción, y son incautados–
sumaban el año pasado $275 millones, suficiente para saldar las
reclamaciones de menos de $1 millón, dijo Travieso Díaz.

Pero desde hace 15 años el Congreso aprobó una ley para que los casos de
reclamaciones en las cortes norteamericanas contra el gobierno de Cuba
por violaciones de derechos humanos puedan ser compensados con los
fondos congelados, explicó Travieso Díaz.

"Esos fondos están destinados a pasar a esos reclamantes", explicó.

Para asegurarse que haya fondos congelados disponibles para saldar las
reclamaciones por las confiscaciones, "habría que cancelar esa
legislatura, pues habría una competencia por los fondos", dijo el abogado.

CINCUENTA CORPORACIONES, ALGUNAS AÚN ACTIVAS, SON DUEÑAS DE
APROXIMADAMENTE EL 50 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES

Para los casos de reclamaciones por más de $1 millón, Travieso Díaz
sugiere que el gobierno de Estados Unidos deje a los reclamantes
negociar directamente con el gobierno cubano.

Cincuenta corporaciones, algunas aún activas, son dueñas de
aproximadamente el 50 por ciento del monto total de las reclamaciones,
explicó Anillo, uno de los panelistas.

Otras reclamaciones han sido vendidas a compañías extranjeras, por lo
que han perdido el principio de continuidad nacional y el derecho a
reclamar –los dueños de reclamaciones tienen que haber sido y continuar
siendo ciudadanos norteamericanos.

Algunas corporaciones, dijo Anillo, han comprado reclamaciones como
parte de fusiones, y muchas no tienen interés en obtener ese dinero,
sino que preferirían que como compensación se les permita operar en la isla.

"Los individuos que en realidad sufrieron son los que tienen que alzar
la voz y ver a qué tienen derecho", dijo.

Sin embargo, quienes prefieren que les sean devueltas sus propiedades en
lugar de recibir una liquidación por parte del gobierno norteamericano,
como es el caso de Julie Alvares, se sienten limitados

legalmente.

"Yo no tengo derecho a pelear por mi reclamación, es el Departamento de
Estado el que está a cargo", dijo

Alvares.

Devolver las propiedades confiscadas

Según Travieso Díaz, para el problema de las confiscaciones "no existe
un mecanismo de solución único".

"La restitución –devolución de la propiedad– funciona en algunos casos,
pero si una vivienda, por ejemplo, está ocupada por varias familias, no
se les puede desalojar para traer al dueño anterior, eso no puede pasar.
Hay que buscar otra manera de resolverlo, con compensación u otro tipo
de beneficio, pero no mandando a la gente a la calle, y no creo que
nadie quiera hacer eso", dijo Travieso Díaz.

Leyes internacionales prohíben a los gobiernos confiscar propiedades sin
ofrecer compensación, pero el gobierno cubano al comienzo de la
revolución estableció una Ley Fundamental que creaba una excepción legal
a la prohibición de confiscar sin compensación. Específicamente, el
artículo 24 de la Ley Fundamental permitía confiscar las propiedades
"del tirano derrocado el 31 de diciembre de 1958, y de sus cómplices".

Sin embargo, la Ley Fundamental aclaraba que "ninguna otra persona o
corporación debe ser privada de su propiedad, excepto por autoridades
competentes por una causa justificada de utilidad de servicio público o
social o de interés nacional".

En 1996 el gobierno cubano aprobó una ley de reafirmación de soberanía y
dignidad declarando que las compensaciones por los bienes expropiados
podrían ser parte del restablecimiento de relaciones entre Cuba y
Estados Unidos.

3 o 4 centavos por dólar perdido es el monto más probable que pueda
recuperarse
Ese mismo año el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Libertad y
Solidaridad Democrática, Helms Burton, estipulando que Cuba deberá
compensar a los estadounidenses por las propiedades confiscadas como
requisito para levantar el embargo.

Otro inconveniente para devolver la propiedad a sus dueños originales o
a sus herederos, además de que las propiedades pueden estar habitadas
por familias, es que muchas serán difícil de reconocer o identificar.

"La realidad es que, después de 54 años, esas propiedades han sido
retituladas a cubanos, o abandonadas, o han desaparecido", explicó Anillo.

Varios estudios realizados por la Universidad de Creighton, en Omaha,
Nebraska, entre el 2005 y el 2007, comprobaron que muchos de los
inmuebles confiscados por el gobierno cubano ya no existen o están en un
estado de deterioro avanzado.

Los estudios también concluyeron que Cuba no tenía dinero para compensar
las propiedades confiscadas, y estimaron entre 3 o 4 centavos por dólar
perdido como el monto más probable que pueda ser recuperado.

Inversión extranjera

Pedro Menocal, también abogado y panelista del evento, dijo que el tema
de las confiscaciones debería ser un tema político, puesto que la mejor
alternativa de Cuba para inspirar confianza a futuros inversionistas es
respetar los derechos de las personas cuyas propiedades fueron confiscadas.

"Es la mejor manera de inspirar confianza y atraer inversiones", dijo
Menocal, quien añadió que "Cuba tiene que cambiar si se quiere unir al
mundo moderno".

Anillo dijo que aunque Cuba siempre ha admitido que tiene que resolver
las reclamaciones por confiscaciones, a la vez el gobierno de Raúl
Castro está reclamando al gobierno de Estados Unidos una compensación
por pérdidas como consecuencia del embargo económico que asciende a
$120,000 millones.

¿CÓMO ESTABLECER UN MARCO LEGAL EN UN PAÍS QUE NO TIENE MARCO LEGAL, CON
UN GOBIERNO QUE NO RESPETA LAS LEYES?
Leonel Morejón Almagro, abogado cubano

Según Anillo, también hay que valorar que en caso de un cambio de
gobierno de Cuba, "no queremos un nuevo gobierno que herede una deuda de
miles de millones".

Pero para proteger a futuros inversionistas, en la isla es necesario
crear un código comercial, una ley de inversión extranjera y un tratado
de inversión bilateral, explicó Travieso.

Respeto a la ley en Cuba

Leonel Morejón Almagro, un abogado que ejercía como abogado criminal en
Cuba, dijo durante el evento en FIU que aunque está totalmente de
acuerdo en que "debe hacerse un pago por lo que se arrebató", su
preocupación es que en la isla "no existe un respeto a la ley".

"¿Cómo establecer un marco legal en un país que no tiene marco legal,
con un gobierno que no respeta las leyes?", dijo Morejón.

En la isla, "no existe un poder judicial independiente que pueda
garantizar el concepto de propiedad en Cuba", añadió Morejón, quien en
1994, junto a otro abogado cubano, Juan José López Díaz, propuso al
tribunal supremo popular de la isla que se permitiera a las personas la
compraventa de casas y vehículos.

"La respuesta que recibimos del gobierno fue caernos a palo con cabillas
durante una conferencia sobre propiedad y derechos en Cuba que estábamos
ofreciendo en la casa de otro colega", dijo el

abogado.

Morejón opina que el gobierno de la isla tiene que establecer un proceso
para atender todas las reclamaciones, incluyendo las de los cubanos que
se quedaron en Cuba.

"Pero lo que hicieron en el año 1959 lo pueden hacer de nuevo cuando
ellos quieran", concluyó

Morejón.

John Suárez, del Directorio Democrático Cubano, dijo que el tema de las
confiscaciones, al igual que el de los derechos humanos, "tienen en
común un factor decisivo que es el cambio de sistema".

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salvar | El Nuevo Herald -
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