Varias familias decidieron plantar tiendas de campaña improvisadas, en 
señal de protesta pacífica.
Agustín Herrero, Holguín
jueves 21 de febrero de 2008 13:52:00
Fuerzas gubernamentales desmantelaron el pasado fin de semana un 
asentamiento de más de sesenta casas en el reparto Pueblo Nuevo, en la 
periferia de la Ciudad de Holguín.
Se trata del segundo desalojo masivo en lo que va de año, practicado por 
la dirección del Partido Comunista (PCC) y su líder en la provincia, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, contra familias que residen en áreas 
abandonadas y cubiertas de marabú.
En las primeras horas del sábado se presentaron más de cien efectivos de 
la Policía Nacional Revolucionaria y un número similar de agentes de la 
Seguridad del Estado para custodiar al cuerpo de inspectores de la 
Dirección Municipal de la Vivienda, quienes obligaron a las familias a 
abandonar sus casas para que los equipos bulldozer y los tractores 
demolieran el asentamiento.
Esta vez, los agentes policiales no dudaron en reducir por la fuerza a 
los padres de familias que intentaban frenar la brutalidad con que eran 
tratados sus hijos y esposas, y la acción dejó un saldo de al menos diez 
heridos, quienes fueron trasladados al cercano Hospital Clínico-Quirúrgico.
Tal y como se ha hecho costumbre en el centro de salud, los heridos 
fueron atendidos por personal "confiable", siempre acompañados por 
oficiales de la Seguridad del Estado, y no se les registró en los 
documentos del Cuerpo de Guardia.
A diferencia del primer desalojo masivo, practicado en la comunidad de 
El Pití, el pasado mes de enero, las fuerzas represivas no permitieron 
la "colaboración de los revolucionarios", como llaman a las Brigadas de 
Respuesta Rápida (seguidores del régimen y militantes del Partido 
Comunista vestidos de civil), y cuando aún no había despuntado el sol se 
presentaron en el asentamiento, para reducirlo a escombros en apenas dos 
horas.
Los enseres domésticos fueron trasladados por camiones estatales a los 
supuestos lugares de orígenes de las familias.
"Vivíamos en el Batey del Central Azucarero Cristino Naranjo, antes 
había mucha caña (…) ahora no está moliendo el ingenio. Para allá no 
volveremos, no importa lo que tenga que hacer para que mis hijos tengan 
al menos un plato de comida", declaró en medio del enfrentamiento un 
padre desesperado, a quien las fuerzas policiales golpearon y obligaron 
a subir sus pertenencias a un camión.
Apenas se retiraron las fuerzas gubernamentales, cinco familias 
decidieron plantar tiendas de campaña improvisadas en las áreas públicas 
de la circunvalación de la ciudad, en señal de protesta pacífica.
Entre tanto, los medios oficialista locales se referían a la 
inauguración de "obras de carácter social para el disfrute de la 
población", en referencia al remozamiento de varios restaurantes y a los 
ya recurrentes boulevares.
Según informó una fuente ligada al poder, la intención del primer 
secretario del PCC en la provincia, Díaz-Canel, es el de desalojar a 
todas las familias que viven en los "asentamientos ilegales". El plan es 
denominado oficialmente "Operación Rastrillo" y estaría destinado a 
"mejorar" la imagen de la provincia.
Unas 2.500 personas en Holguín viven en la incertidumbre ante las 
presiones del gobierno para "extraerlos" de sus lugares de residencia. 
El argumento que utilizan las fuerzas oficiales es que esas familias han 
ocupado ilegalmente terrenos que son propiedad del Estado y parte de la 
reserva estrategia del desarrollo de la ciudad.
"Venimos de Birán, en ese pueblo no hay quien viva, sin comida, sin 
médicos, estamos olvidados por todos", dijo la madre de un niño de cinco 
años. "No sé qué vamos a hacer, pero para Birán no volvemos", añadió 
desde su casa de campaña.
Una fuente de la Dirección Municipal de la Vivienda en Holguín, quien 
pidió mantenerse en el anonimato, planteó que muchos de sus compañeros 
de trabajo, así como muchos ciudadanos convocados por las autoridades, 
están pidiendo licencias laborales y certificados médicos para no tomar 
parte en las acciones de desalojos.
La fuente añadió a ENCUENTRO EN LA RED que el plan del gobierno "es 
continuar hasta no dejar una sola casa ilegal. Al menos eso es lo que 
quieren los jefes del Partido".
 
 
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