Moratoria sobre pena de muerte beneficia a unos 30
EFE
La Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN) calculó que el anuncio
del gobierno de Raúl Castro sobre la conmutación de penas capitales a
delincuentes comunes beneficiará a unas 30 personas que aguardan en el
corredor de la muerte.
Elizardo Sánchez, líder de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos
y Reconciliación Nacional (CDHRN), indicó ayer que "se van a beneficiar
como 30'' reos que están en "siete prisiones de máxima seguridad'',
algunos de ellos con más de diez años de espera para su ejecución.
El gobernante anunció el lunes la conmutación de la pena capital a
presos comunes, de los que no dio detalles.
Castro indicó que las condenas fueron sustituidas por cadenas perpetuas
o de 30 años y que la medida da continuidad a la política de no ejecutar
a presos seguida desde el 2000 e interrumpida solo en el 2003, cuando
fueron ajusticiados tres jóvenes que secuestraron una lancha con el
propósito de escapar a Miami.
Sánchez afirmó que "no es la primera vez que se conmutan penas de muerte
en Cuba'' y recordó que "bajo el actual gobierno se han condenado a
miles y miles de personas, y, según algunos analistas, por lo menos
entre 3,000 y 5,000 a la pena máxima, y en algunos casos se han
conmutado esas condenas''.
El grueso de esas condenas se dictó en las décadas del 60 y el 70, precisó.
Sin embargo, Sánchez señaló que el anuncio del Gobierno "es
significativo'', porque "ha habido conmutaciones en los últimos años''
pero "nunca'' un perdón masivo de este tipo.
Martha Beatriz Roque divulgó una "carta abierta'' a Raúl Castro en la
que desmiente su afirmación de que en Cuba no hay torturas.
"Numerosos presos políticos y comunes en estos momentos están sufriendo
en los muchos centros penitenciarios con que cuenta el país golpizas,
torturas, falta de atención médica, incumplimiento de los beneficios
establecidos en los reglamentos, mala alimentación'', dice la carta.
"Recibimos con agrado la conmutación de la pena de muerte a un grupo de
sancionados, pero también sería un alivio para el pueblo cubano, para
los presos y sus familiares, la orden de cesar las torturas, golpizas y
atropellos'', agregó Roque.
Raúl Castro adelantó que el Tribunal Supremo analizará "próximamente''
los recursos de otros tres condenados y mencionó a un salvadoreño y a un
guatemalteco acusados de colocar bombas contra hoteles en 1997.
Los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena
están condenados a muerte desde 1999 por esos atentados, pero Castro
habló sólo de un ciudadano de ese país.
La embajada de Guatemala en La Habana confirmó que "no hay ningún
guatemalteco sentenciado a muerte''.
El tercer caso es el del cubanoamericano Humberto Real Suárez, condenado
en 1996 por la muerte, dos años antes, de Arcelio Rodríguez, funcionario
del Partido Comunista.
Según los datos de la CCDHRN, en los últimos cinco años no se ha
documentado ninguna ejecución.
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