Subsisten importantes obstáculos para el respeto los derechos humanos
(Washington, DC, 19 de febrero de 2008) – A pesar de la renuncia
presentada hoy por Fidel Castro, los mecanismos legales e
institucionales abusivos de Cuba continúan impidiendo que los cubanos
ejerzan sus derechos básicos, según señaló hoy Human Rights Watch. La
contraproducente política de embargo impuesta por Estados Unidos permite
que el gobierno de Cuba continúe utilizando este pretexto para cometer
violaciones de los derechos humanos.
Aun si Castro ya no se encuentra al mando, la maquinaria represiva que
él construyó a lo largo de casi medio siglo se mantiene completamente
intacta. Hasta que eso no cambie, es poco probable que se produzcan
avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba.
José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch
"Aun si Castro ya no se encuentra al mando, la maquinaria represiva que
él construyó a lo largo de casi medio siglo se mantiene completamente
intacta", manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de
Human Rights Watch. "Hasta que eso no cambie, es poco probable que se
produzcan avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba".
Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente todas las
vías de oposición política. Los ciudadanos cubanos se han visto
sistemáticamente impedidos de ejercer sus derechos fundamentales de
libertad de expresión, privacidad, asociación, reunión, circulación y
debido proceso legal. Entre las diferentes tácticas empleadas para
imponer la voluntad del régimen se encuentran las amenazas policiales,
la vigilancia, las detenciones temporales, los arrestos domiciliarios,
las restricciones para viajar, la persecución penal y el despido laboral
por razones políticas.
Las estructuras legales e institucionales de Cuba han permitido este
tipo de violaciones de los derechos fundamentales. Los derechos de
libertad de expresión, asociación, reunión y de circulación, así como la
prensa, están sujetos a estrictos límites impuestos por la ley cubana.
Mediante la criminalización de la llamada propaganda enemiga, la
difusión de "noticias no autorizadas" y la ofensa de los símbolos
patrios, el gobierno restringe la libertad de expresión bajo el pretexto
de proteger la seguridad del estado. Por su parte, los tribunales no
gozan de independencia; al contrario, violan el derecho a un juicio
justo al restringir el derecho a la defensa y, a menudo, no respetan los
escasos derechos de debido proceso que la ley interna reconoce a los
acusados.
"Desde que Fidel Castro entregó el poder a su hermano, hace más de un
año, el gobierno cubano ha mostrado ocasionalmente su interés de revisar
su postura respecto de los derechos humanos", señaló Vivanco. "Sin
embargo, hasta el momento, no ha adoptado ninguna de las medidas
necesarias para poner fin a sus prácticas represivas".
En diciembre de 2007, el gobierno cubano anunció su intención de
ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicha
ratificación, de producirse, representaría una importante ruptura con la
posición que Cuba mantiene desde hace mucho tiempo de no reconocer y
respetar tratados fundamentales de derechos humanos.
No obstante, según señaló Human Rights Watch, el gobierno cubano aún no
ha adoptado medidas concretas para despenalizar la oposición política.
En particular, debe liberar sin condiciones a todos los opositores
políticos, y debe derogar las disposiciones del Código Penal que
permiten las flagrantes violaciones de los derechos humanos.
"Este es un buen momento para que el gobierno de Estados Unidos
reconsidere su fracasada política de embargo hacia Cuba", destacó
Vivanco. "Al levantar el embargo, Washington impediría que Raúl Castro
recurra a la imagen de víctima que su hermano aprovechó tan eficazmente
durante medio siglo".
Durante más de cuatro décadas, el gobierno de Estados Unidos ha
utilizado los nefastos antecedentes de derechos humanos en Cuba para
justificar un embargo económico indiscriminado destinado a derrocar el
régimen de Castro. Pero esta política no solo no impulsó cambio alguno
en Cuba, sino que contribuyó a consolidar la continuidad de Castro en el
poder, al proporcionar un pretexto a su gobierno para justificar sus
problemas y abusos. Efectivamente, el hecho de que esta política se haya
impuesto en términos absolutos, sin discriminar, permitió que Castro
despertara simpatías en el exterior y lograra así neutralizar la presión
ejercida en el ámbito internacional en vez de incrementarla.
"El gobierno de Bush debe poner fin a las prohibiciones comerciales y de
viajar que perjudican tanto a los cubanos como a sus familiares cubano
americanos", afirmó Vivanco. "Después de medio siglo de políticas
ineficaces, es tiempo de que Estados Unidos adopte una postura más
pragmática, de carácter multilateral, para presionar a Cuba a respetar
las libertades políticas".
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