La libertad económica en Cuba
Eduardo Torres / PCRO
SANTIAGO DE CUBA, junio (www.cubanet.org) - En la década de los noventa
se pregonaba a bombo y platillos que en Cuba se estaba produciendo una
apertura para ajustar su economía en virtud de los cambios que en el
mundo se sucedían, debido a la desaparición de la Unión Soviética y el
campo socialista de Europa del Este.
A medidos de 1994 se permitieron algunas actividades económicas,
restringidas desde el comienzo de la revolución, y que se fundamentaban
en la iniciativa privada. Este movimiento de pequeños comerciantes
independientes se bautizó como "cuentapropismo". La falta de
experiencia, la ausencia de una figura jurídica independiente que la
regulara y de una estructura organizacional que la representara, dejó
sin amparo legal a esta endeble estructura empresarial privada.
No se tuvieron en cuenta las garantías legales, los proveedores de
materias primas e insumos, incluyendo equipos y herramientas, que
dejaron a estos pequeños negocios dependientes del mercado negro,
tolerado, y al mismo tiempo vigilado para ajustarle cuenta en el momento
adecuado. Otra alternativa era comprar algunos productos en las tiendas
en divisas, pero sus altos precios no permiten una comercialización
estable. Esto, y las altas tasas impositivas han sido la causa principal
del languidecimiento de aquella pálida apertura económica.
En febrero de 2007 leí en El Nuevo Herald un artículo del columnista
Adolfo Rivero Caro, titulado "La libertad económica en el mundo", y para
mi sorpresa, Cuba ocupa el lugar 156, reservándose el último para Corea
del Norte.
Un análisis de los últimos meses del año 2006 y de los cinco primeros
meses de 2007 califican este período como uno de los de mayor represión
económica. Un contingente de inspectores invadió el municipio Songo-La
Maya, donde se multaban a los productores por la causa más trivial:
posesión de plantas de plátanos con hojas secas, arar con yuntas de
bueyes que no fueran de su propiedad o contratar fuerza de trabajo.
También se han cerrado todos los puntos de venta de productos
agropecuarios que procedían de la agricultura urbana.
En lo que va de año se ha implementado un plan para imponer severas
multas hasta de mil 200 pesos a las pequeñas empresas familiares que
desarrollan prácticamente una economía de subsistencia.
El pasado 30 de mayo, a Giovanni Lao Delís, reparador de bisuterías, le
impusieron una multa por vender bolígrafos, palitos de tendederas y
estropajos, artículos considerados fuera del contenido de su licencia.
Se negó a firmar la multa, y fue arrestado e instruido de cargos.
Es muy fácil enjuiciar a un carpintero o a cualquier cuentapropista por
la simple razón de que no puede justificar los insumos que necesita para
desarrollar su actividad. Luego de la multa, generalmente les retiran la
licencia.
Los gobernantes no van a correr los riesgos de una apertura económica
verdadera. Los que esperaban que con Raúl las cosas cambiarían ya se
habrán desencantado.
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