Si tras la muerte de Castro el Gobierno es continuista sera dificil recuperar bienes

«Si tras la muerte de Castro el Gobierno es continuista será difícil
recuperar bienes»

JAVIER GONZÁLEZ VEGA PROFESOR TITULAR DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Oviedo, Ángel FIDALGO

Los asturianos que tienen bienes nacionalizados en Cuba y que se
acogieron al convenio de indemnización que firmó en 1986 el Gobierno de
Felipe González con el de Fidel Castro podrán reclamar todavía sus
propiedades, según una sentencia del Tribunal Supremo. El profesor de
Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo Javier González
profundiza en los distintos aspectos de esta sentencia.
-¿Es fácil la reclamación de los bienes en Cuba?
-No, pero sí existe el derecho a reclamarlos o a una indemnización por
los bienes confiscados o expropiados, que son dos calificativos distintos.
-¿Cuál es la diferencia?

-Si hablamos de confiscación estamos asumiendo el carácter absolutamente
ilegal de la conducta del régimen castrista, y si hablamos de
expropiación estamos suponiendo que, por ciertas reglas, los estados
pueden proceder a nacionalizar bienes de particulares.
-En el caso de Cuba, ¿qué término es el correcto?

-El Derecho Internacional, en el asunto de las nacionalizaciones, admite
la posibilidad de que un gobierno pueda, por razones de interés general,
proceder a expropiar bienes de particulares. Esto quedó claro tras la
revolución soviética y después de la segunda guerra mundial con los
países socialistas. Entonces nadie cuestionó que había un cierto derecho
a la nacionalización.
-Pero en estos tiempos...
-Este término parece que suena obsoleto. Ahora, con los vientos de la
globalización, hablar de que el Estado puede nacionalizar suena muy arcaico.
-¿Cuáles son los términos concretos del derecho a la nacionalización?

-Eso es lo que no está claro. Si un Estado puede proceder a poner patas
arriba la economía de un país y hacerse con todos los bienes, lo que
pareció posible cuando hubo régimenes socialistas, hoy parece
impensable. Sí podemos hablar de economías mixtas y entonces diríamos
que hay unos límites en la actividad del Estado y que no puede hacerse
con los bienes de todos los particulares sin más.
-¿Cómo se pueden hacer este tipo de reclamaciones?
-En su día, y esto fue una de las cuestiones que han sido polémicas,
fueron los estados, de los que eran naturales los afectados, los que
intentaron llegar a alguna solución con el Estado que expropiaba. En
ejercicio de lo que se llama la protección diplomática en la que el
Estado protege a sus nacionales cuando son víctimas de algún daño en sus
personas o bienes; lo que también vale para las empresas.
-¿Como ocurre en Bolivia con la petrolera española Repsol?
-En este caso el Estado español blinda a Repsol porque vela por sus
intereses. También hay un acuerdo entre los dos países de protección
recíproca de inversiones, y todo esto es en ejercicio de la protección
diplomática.
-Repsol amenazó con demandar a Bolivia.

-Sí. Pero en este caso concreto ya hay un acuerdo entre España y Bolivia
por el que cada país se compromete a dar protección y respetar las
inversiones que cada uno de los estados realice en el otro. Este marco
es una de las cuestiones críticas en este caso, porque si hay un
compromiso convencional Bolivia tiene presuntamente que respetarlo.
-¿Y si el Gobierno boliviano pretende adoptar medidas de nacionalización
del sector energético?
-Entonces tendrá que hacerlo teniendo presente que en todo caso tiene
que respetar las inversiones españolas.
-¿Y si no lo hace?

-España puede litigar ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias, que es un organismo de solución de litigios que tiene sede
en Washington y que depende del Banco Mundial, que tiene el objetivo de
resolver las diferencias entre estados cuando afectan a inversiones. Ahí
sí hay un marco específico institucionalizado para poder en su caso
solventar las diferencias.
-¿Y en el caso cubano?

-No. Como no existe el mecanismo de acuerdo de promoción y protección de
inversiones, lo que hubo que hacer en su día fue sencillamente llegar a
un acuerdo bilateral entre España y Cuba para solventar el problema. Lo
que hizo nuestro país fue en el año 1986 firmar un acuerdo con el
Gobierno cubano en relación con el tema de la compensación a los
españoles por las medidas adoptadas tras la revolución.
-Un acuerdo que se saldó con compensaciones escasas.

-Siempre recuerdo una frase de Manuel Fraga que decía que se había
pagado con caramelos. Lo que quería decir es que se habían pagado
indemnizaciones que no cubrían, ni por lo más remoto, el valor real de
los bienes.
-De ser así, ¿cómo el Gobierno español pudo firmar esas compensaciones?

-No fue tan raro porque normalmente cuando se producen acuerdos entre
estados que interesan a una masa de bienes muy amplia, lo que se hace es
fijar una indemnización global, pero que no es la suma de todos los
bienes, sino una cantidad estimada.
-En el caso de Asturias parece que fue mínima, según los afectados.

-Es que precisamente la función de estos acuerdos es asumir que se ha
producido un proceso de expropiación con carácter general, porque el
Estado posiblemente no puede afrontar el pago real de los bienes
incautados, y entonces el otro Estado se da por bien pagado siempre que
reciba alguna cantidad. Siempre ocurre así, y por esto tanto España como
Francia, Suiza o Italia llegaron entonces a pactos similares con el
Gobierno de Cuba y aceptaron una mínima compensación.
-No obstante, para las nuevas reclamaciones habrá que esperar a un
cambio de régimen político en Cuba.

-Lo que hizo España fue admitir que tras las indemnizaciones ya no tenía
ninguna queja de Cuba, porque como Estado había protegido a sus
nacionales por los daños que les causaron y que por lo tanto, a partir
de ese momento, no iba a plantear más reclamaciones. Pero lo que ocurre
es que los particulares pueden decir que el Gobierno español transigió
con sus derechos particulares, y que por lo tanto ellos tienen derecho a
solicitar compensaciones particulares. Pero si tras la muerte de Fidel
Castro el proceso es continuista, como parece previsible, no parece que
las personas que reclaman sus bienes los puedan recuperar debido a la
situación crítica en la que se encuentra la economía de la isla. La
situación no es para ser optimistas.

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