Cuentapropistas… esa casta maldita

Cuentapropistas… esa casta maldita
MIRIAM CELAYA, La Habana | Mayo 02, 2015

Pocos sectores han sido tan enconadamente vapuleados en Cuba como aquel
que se agrupa bajo el nombre genérico de "trabajadores por cuenta
propia", o –para llamarlos según el dialecto popular– "cuentapropistas".

Los cuentapropistas tienen sus antecedentes en los pequeños
comerciantes, dueños de negocios familiares y vendedores ambulantes que
pululaban por toda la Isla hasta su liquidación por la guillotina
revolucionaria llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968. No obstante, se
trata de una casta que ante cualquier oportunidad de germinar renace de
las cenizas, una cualidad que es a la vez el secreto de su supervivencia
su maldición, porque si de algo recela el poder totalitario es de los
sujetos con aspiraciones de emprendimiento independiente, en especial si
han demostrado capacidad para prosperar al margen de su "protección" del
rebaño.

Así, a cada mínima apertura en la estructura monolítica del sistema le
sucedía un rápido florecimiento mercantil con atisbos de prosperidad
para los más audaces hijos de esa casta maldita, cuya autonomía les
permitía tomar relativa distancia de los compromisos
político-ideológicos que pesan sobre el resto de la sociedad. Y a ello
le seguían las correspondientes razias oficiales.

Quizás las purificaciones más famosas fueron las llamadas Operación
Pitirres en el alambre y Operación Adoquín, que en los risueños años 80
arrojó toda la furia de Castro I contra los campesinos del "mercado
libre" y los artesanos de la Plaza de la Catedral respectivamente. El
egregio había decidido que aquellos libertos se estaban enriqueciendo
demasiado... Quizás casi tanto como los dirigentes del partido
comunista. Era preciso cortar de raíz el mal y demonizar a los nuevos
ricos, que de inmediato fueron bautizados como "macetas", apresados,
despojados de sus bienes, enjuiciados y condenados, para escarmiento
general. A la vez, fueron suprimidas las actividades comerciales por
cuenta propia hasta que, en los años 90, la crisis derivada del desplome
socialista y su consecuente hambruna sobre la población cubana obligó al
Gobierno a reabrirlas.

Hacia mediados y finales de los años 90 comenzaron las inversiones
extranjeras y la entrada de capitales, otorgando un respiro al régimen
y, ya a finales de la década, la aparición casi providencial de Hugo
Chávez en el escenario insufló nueva vida al castrismo. De inmediato "se
congeló" la entrega de nuevas licencias para el sector cuentapropista,
mientras los elevados impuestos sobre los que ya la tenían y las
presiones de los inspectores contribuían juntos a la contracción del sector.

Actualmente, con el más reciente renacer del sector de la mano de las
llamadas reformas raulistas, el Gobierno ha creado nuevos mecanismos de
sujeción y control para mantener las riendas cortas sobre los
"privados". Un nutrido cuerpo de inspectores –todo un ejército de
funcionarios corruptos– y un "sindicato de trabajadores por cuenta
propia" permiten ejercer vigilancia, mantener bajo el nivel en las
ganancias individuales y, a la vez, conservar la capacidad de
movilización a favor del discurso político. Emprendedores nativos y
Gobierno, siguen siendo antagonistas que se toleran, pero se niegan
mutuamente.

Un testimonio entre miles

Sandra vive en un pequeño pueblo matancero y trabaja por cuenta propia
hace ya 21 años. Es una sobreviviente de aquella avanzadilla de
proto-empresarios cubanos que en los peores años de la década de los 90
decidieron enfrentar la crisis económica por su cuenta y riesgo,
acogiéndose a la "apertura" gubernamental al trabajo privado. Fue cuando
Sandra obtuvo una licencia como vendedora de objetos de artesanía y
otras menudencias. Entonces era muy joven, pero tenía olfato para los
negocios y también eso que llaman don de gentes, así que se coló en el
mundillo mercantil, buscó y encontró sus propios proveedores y pronto
dominó todas las interioridades del oficio, incluyendo los contactos que
la alertaban sobre los operativos de inspectores y policía con margen
suficiente para hacer desaparecer de su tarima de venta todo aquello que
no estaba autorizado por su licencia.

Pese a todos los sobresaltos, poco tiempo después pudo montar un pequeño
negocio de pizzas que elaboraba en un viejo horno eléctrico en una época
en que la venta de cualquier tipo de alimento tenía asegurado el éxito.
A decir verdad, Sandra vendía lo que apareciese, desde ropas, cosméticos
o equipos de video, hasta durofríos o adornos de yeso. Había comprobado
que era mucho más ventajoso trabajar por sí y para sí misma que
continuar en su puesto de secretaria de una empresa estatal ante una
obsoleta máquina de escribir, tecleando informes que nadie leía, solo
para cobrar 148 pesos al mes, mientras un simple jabón de baño de
producción nacional costaba 50 pesos.

Hoy Sandra es una veterana del ramo cuentapropista, tiene una casa
propia y ha echado pa'lante a sus dos hijas. Sin embargo, aunque ahora
se limita a vender solo bisutería, tal como lo establece su licencia
actual, no deja de sentirse sobre una cuerda floja y asegura que "la
cuenta no da".

"Hay una guerra contra nosotros (los cuentapropistas). Cada vez son más
los impuestos por cualquier concepto y se hace difícil ver los
beneficios. En los pueblos de campo, como el mío, la cosa todavía es
peor. Hay que venir a La Habana a comprar la mercancía y transportarla
para allá, a riesgo de que te pare la policía y te lleve para la Unidad
a justificarlo todo con papeles. Si no tienes papeles o buenos contactos
que te salven, lo decomisan todo. ¡Imagínate! Si yo comprara la
mercancía en las tiendas del Estado, ¿a qué precio tendría que vender en
mi pueblo para poder, no digamos ya tener ganancias, sino al menos
recuperar la inversión? Y encima, el Gobierno cada vez inventa más
mecanismos legales para sacarte el dinero".

En efecto, en los últimos años se han multiplicado aceleradamente los
impuestos al sector. Si al principio Sandra pagaba la cifra casi
simbólica de 40 pesos mensuales por la venta de pequeñas artesanías,
actualmente su impuesto mensual es de 349 pesos por la licencia, más el
10% sobre ventas (que las autoridades estiman en más de 1.000 pesos
semanales, lo que implica 400 pesos de impuesto cada mes), además de 60
pesos por concepto de seguridad social. A esto se suma el alquiler por
300 pesos del portal donde trabaja, lo que eleva a 1.109 pesos la
cantidad que debe erogar mensualmente. Además, está la declaración
jurada anual sobre las ventas, que debe entregar puntualmente a la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) cada mes de enero,
que equivale a pagar dos veces por el mismo concepto (ventas): mensual y
anualmente.

Y este no es el único motivo por el que Sandra y tantos otros se sienten
engañados. Al inicio de las reformas raulistas, el discurso del
General-Presidente declaró que los cuentapropistas eran trabajadores
honestos que tributaban al Estado a la vez que generaban empleos, por
tanto merecían todo el respeto y los derechos de cualquier trabajador.
Entre esos derechos, dijo, habría que reconocerles el tiempo de trabajo
para garantizarles una jubilación decorosa.

Sandra fue de las que se entusiasmó con esta noticia: ella ya tenía a su
favor 20 años como trabajadora por cuenta propia tributando los
impuestos que establecía la Ley. Sin embargo, en la ONAT le explicaron
que esa medida no tenía carácter retroactivo, de manera que si quería
contar con esos años anteriores debía aportar los 60 pesos mensuales de
seguridad social correspondientes a los 18 años en que había trabajado
antes de que existiera la disposición oficial, que traducido en cifras
equivalía a entregar al banco 12 960 pesos, en un término de tres meses
naturales, porque "no está establecido que se pueda pagar de otra manera".

Sandra se resignó a mirar cómo la promesa de jubilación se esfumaba: "Si
yo tuviera esos casi 13 mil pesos, ahora mismo se los daba a mi yerno
para ayudarlo a construir la balsa en la que nos fuéramos todos de aquí
p'al carajo. ¡Por más que lucha por mejorar su vida!, siempre acaba pisa'o".

Este año ha aparecido adicionalmente un nuevo recurso para exprimir a
los cuentapropistas, bajo la figura de "sub declarantes". Se trata de un
papelito deslizado bajo la rendija de la puerta de los cuentapropistas
cuando "el sistema informático" establece que se ha declarado menos
cantidad de ingresos anuales de los que realmente ha percibido. Dicho
documento trae impresa la cifra que "el sistema" considere correcta y
dicta la deuda exacta del interesado con el fisco. De no pagarla en el
término establecido, le será retirada la licencia.

Ahora bien, no existe mecanismo de control alguno para establecer cuánto
vende cada cuentapropista en cada caso, pero el estimado en cuestión es
inapelable. Ninguno de los demandados –la totalidad de los
cuentapropistas del pueblo de Sandra– conoce quién y en base a qué
parámetros se establece esta "sub-declaración". A ella, por ejemplo, la
han gravado con 1600 pesos por encima de lo ya tributado.

"Algunos fuimos a que nos aclararan esto, porque nunca antes había
pasado. Pero en la ONAT nos dicen que ellos no saben nada, que eso lo
pone 'el sistema'. ¡Les dije que claro que es 'el sistema' el que no
funciona, no tenemos dudas! Pero, ¿cómo lo cambiamos?".

Y aunque Sandra no es de las que renuncia, confiesa que ya se siente
agotada de esa guerra tan desigual. Ella, que tiene estudios de nivel
tecnológico en economía, afirma que el trabajador por cuenta propia ni
siquiera cuenta con el respaldo legal de un contrato firmado. "Cuando
solicitas una licencia te dan el carné y ya. No firmas nada, no te dicen
más que lo que debes tributar, nadie se compromete contigo aunque tú sí
tienes la obligación de pagar en tiempo todos los impuestos que te
pongan en la cantidad que ellos mismos determinen, a pesar de que el
Estado no invierte un centavo ni arriesga nada. Es injusto y abusivo. ¡Y
ahora resulta que también quieren obligarte a pagar sindicato, a marchar
y a estar gritando consignas!"

Sandra está convencida de que todo esto responde a una estrategia
gubernamental para impedir que el sector cuentapropista crezca y se
consolide. Por eso tantas trabas y tanto hostigamiento. "Nosotros, los
cuentapropistas, somos tan reprimidos como los opositores", bromea. Y no
anda muy desacertada con esto.

Por otra parte, ni ella ni sus compañeros del gremio tienen alternativas
legales, por lo que muchos están entregando sus licencias y eligiendo
entre conseguir un trabajo como empleado de algún cuentapropista más
próspero –quizás de los que tienen restaurantes o rentas de habitaciones
para turistas extranjeros–, pasar al comercio ilícito (del que provienen
muchos), o –la más radical– emigrar por cualquier vía posible y probar
suerte lejos de la garantía de pobreza que tienen en la Isla.

"Por el momento, yo no voy a entregar mi licencia después de 21 años
luchando. Sencillamente mantendré la fachada con la bisutería y tendré
que moverme en otros negocios por la izquierda, para emparejar. Si 'esta
gente' no me deja respirar trabajando, tendré que prosperar inventando.
Porque si me mato trabajando lo lógico es que vea las ganancias. No
merece la pena ser legal: te obligan a violar las leyes. Pero ahora ya
estoy pensando seriamente que lo mejor es que me vaya con mis hijas y mi
yerno. Aquí ya no queda mucho para nosotros".

Ahora, cuando vuelven a soplar vientos favorables a los inversionistas
extranjeros, los cubanos emprendedores siguen siendo los excluidos de
todo beneficio y tratan de sobrevivir al nuevo ciclo de supresión
simulada que están sufriendo. Sandra resume la situación con una frase
ilustrativa: "Cuando te entregan una licencia es como si cogieras una
metralleta entre las manos. A partir de ese momento, estarás viviendo en
una guerra permanente: la del Gobierno contra nosotros".

Pero en esto último Sandra se equivoca, porque la guerra del Gobierno es
contra todos los cubanos.

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