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Wednesday, April 02, 2014

Sin pausa, pero con prisa

Sin pausa, pero con prisa
DIMAS CASTELLANOS | La Habana | 2 Abr 2014 - 9:34 am.

La nueva ley de inversiones, ¿va a dejar fuera a los cubanos residentes
en el extranjero? ¿Y contempla a los residentes en la Isla?

Con el tiempo en contra, a los múltiples fracasos por recuperar la
economía nacional se han unido la inminente pérdida de las subvenciones
de Venezuela y la escasa disposición del capital extranjero para
invertir en la Isla. La conjunción de esos hechos ha obligado al
Gobierno a la introducción de nuevos cambios y a sustituir —sin
declararlo— el contraproducente lema "Sin prisa pero sin pausa" por el
contrario: "Con prisa y sin pausa".

Como el marco legal para la inversión en Cuba es atípico para empresas
que operan con economías de mercado, ante el nulo efecto que tuvo el
Decreto Ley de septiembre de 2013 (mediante el cual se aprobó la Zona
Especial de Desarrollo Mariel con el objetivo de atraer la inversión
foránea), la necesidad de hacer evidente la disposición al cambio ha
conducido, con evidente prisa, a la sustitución de la Ley 77 de
Inversiones Extranjeras de 1995 por otra más moderna, flexible y
transparente. Una decisión que estaba pendiente desde el año 2012 y que,
por tanto, debió tomarse antes de iniciarse la obra del puerto de Mariel
y no ahora.

A partir de mediados del presente mes de marzo se efectuaron cinco
reuniones regionales en las que participaron diputados de todas las
provincias, especialistas, funcionarios de los gobiernos municipales y
provinciales, representantes de las consultorías jurídicas
internacionales y asesores de empresas. En una carrera maratónica entre
el sábado 15 y el miércoles 19 del citado mes, en cada una de esas
reuniones el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca, explicó la política aprobada por el Consejo de
Ministros para la redacción del Anteproyecto. A la vez, la prensa
oficial dedicó grandes espacios a los reportes, comentarios y
entrevistas relacionadas con el tema.

La nueva legislación, orientada a la diversificación y ampliación de los
mercados de exportación, la sustitución de importaciones, la
modernización, la creación de infraestructuras y al cambio de patrones
tecnológicos, reforzará las garantías a los inversionistas, permitirá el
carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los
sectores de la economía, la creación de una carpeta de inversiones, la
bonificaciones impositivas, excepciones totales en determinadas
circunstancias y mayor flexibilidad en materia aduanal, sin que el país
renuncie a su soberanía ni al socialismo. Es decir, sin "concesiones ni
retrocesos".

A pesar de los aspectos positivos, todo indica que las autoridades
cubanas, atadas a la mentalidad que predominó durante el último medio
siglo, han determinado que el Anteproyecto en "discusión" emerja preñado
de limitaciones y contradicciones.

Entre muchas de las limitaciones, uno de los problemas consiste en
definir si se brinda o no participación a los cubanos residentes en el
exterior; un derecho que nunca se debió prohibir y que resulta una justa
reivindicación. Una segunda parte de este problema consiste en si ese
derecho se hará extensible a los cubanos residentes en el país. Pues si
injusta e injustificada resulta la exclusión de los cubanos como ha
ocurrido hasta ahora, sería absurdo y contradictorio que se acepte a los
que residen fuera de la Isla y se mantenga en exclusión a los de adentro.

Muchos indicios conducen a pensar que ocurrirá esto último. Es decir,
que la Ley conservará el excluyente apellido de "Extranjera" para las
inversiones, con la inclusión de los cubanos residentes en el exterior.
De ser así, su título pudiera ser "Ley de Inversiones para todos, menos
para los cubanos que no optaron por no irse del país".

De ocurrir así, lo anterior convertiría a la nueva Ley en una
inaceptable violación de la Constitución vigente, la que en su artículo
14 reza: "la economía se basa en la propiedad socialista de todo el
pueblo sobre los medios fundamentales de producción". Es decir, ese
pueblo, supuesto propietario, queda excluido por razones de ubicación
geográfica del derecho de participar en el proceso inversionista de su
país, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos
parte y contrario a la dignidad humana.

Además, se trataría de una decisión sin previa consulta al supuesto
dueño, al soberano, para conocer si está dispuesto a renunciar a ese
derecho constitucional y limitarse a servir como mano de obra.

Según el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el
ejercicio de la voluntad general, un poder que se ejerce en nombre del
pueblo, pero en Cuba, a ese soberano, previamente limitado a realizar
por cuenta propia un listado de actividades casi todas de servicio
(carpintero, forrador de botones, desmochador de cocos, carretilleros o
vendedores de dulces), se les impide participar como empresarios en
pequeñas y medianas empresas.

Como puede verse, la nueva ley corrige algunos de los absurdos que han
espantado a los inversionistas del suelo cubano, pero a la vez, presenta
nuevas contradicciones que lastrarán sus posibles resultados. Si se
aprueba en la forma reseñada, la misma será, una vez más, la negación
del concepto martiano que falsamente enarbola el Gobierno, pues para
Martí el concepto de República era estado de igualdad de derecho de todo
el que haya nacido en Cuba.

En la realidad, Cuba es el único país de la región donde sus habitantes
carecen de un derecho tan elemental como el de participar, en calidad de
sujeto en las actividades económicas de su país, a pesar de contar con
sobradas iniciativas y formación profesional. Ojalá que, sin pausa, pero
con suficiente prisa, se rectifique una arbitrariedad que conduciría a
nuevos fracasos, ahora que el tiempo para los cambios está agotado y el
contexto nacional e internacional les son adversos.

Source: Sin pausa, pero con prisa | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1396391083_7931.html

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