Devolver la tierra a los que la trabajan

Devolver la tierra a los que la trabajan
Martes, Noviembre 27, 2012 | Por Leonardo Calvo Cardenas

LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org – Según se ha informado
oficialmente, el próximo día 9 de diciembre entrara en vigor el Decreto
Ley 300, que regula con nuevas posibilidades el arrendamiento en calidad
de usufructo a particulares o personas naturales de tierras ociosas.

La nueva norma deroga el Decreto 259, que por casi cuatro años, reguló
esta vía para paliar de alguna manera el desastre generalizado de
ineficiencia, improductividad, descapitalización que sufre la
agricultura cubana, motivadas por la deplorable gestión del monopolio
estatal del sector agropecuario, dimanado de las leyes de reforma
agraria de mayo de 1959 y de octubre de 1963.

El gobierno cubano, convertido en latifundista monopólico, con el
control del 85 % de la superficie cultivable del país, desarrolló a lo
largo de cinco décadas un sostenido proceso de destrucción del sector
agropecuario, que nos hizo entrar al siglo XXI tal vez con la más baja
tasa de seguridad alimentaria del mundo occidental, siendo importadores
del 84% de los alimentos que consumimos, y padeciendo el colapso casi
total de renglones tradicionales, como la industria azucarera –de siete
millones de toneladas, a menos de dos-; el café –de sesenta y seis mil
toneladas, a solo seis mil–; o el ganado bovino –de siete millones de
cabezas en 1959, a no se sabe cuántas pocas hoy día (muchos cubanos
avanzan de la adolescencia a la juventud sin haber visto nunca un bistec
de res). A esto se agregan miles de hectáreas de tierras ociosas, muchas
de ellas inundadas por el marabú y por la incapacidad del Estado para
hacerlas producir.

Una larga saga de experimentos descabellados y fallidos, arbitraria
depredación forestal, indiscriminada utilización de fertilizantes
químicos y la infaltable arbitrariedad burocrática, han acelerado y
profundizado la crisis de un sector otrora vanguardia de la economía
nacional. Y sobre todo dispararon las penurias y traumas de la familia
cubana, al punto que durante mucho tiempo recorrió la Isla un chiste
amargo, que señalaba como los tres principales problemas de nuestra
sociedad: el desayuno, el almuerzo y la cena.

En Cuba, los precios de los alimentos suben por día, y se cuenta cuántas
veces una familia necesita gastar los ingresos de que dispone sólo para
nutrirse medianamente.

En medio de esta hecatombe, siempre creciente, los campesinos
individuales, conocidos como pequeños agricultores –con haciendas de
hasta cinco caballerías, es decir 64 hectáreas–, han producido con
calidad y eficiencia sostenida durante este medio siglo, a pesar de ser
sometidos a todo género de presiones o restricciones. Los pequeños
agricultores se han convertido casi en los únicos productores, a pesar
de los incumplimientos del Estado, respecto a sus compromisos
contractuales y comerciales que tanto obstaculizan su labor productiva.

Ante tan desolador panorama, en el año 2008 el gobierno cubano se vio
obligado a arrendar las tierras ociosas a quien estuviera dispuesto a
cultivarlas. Sin embargo, la concepción misma del proyecto y las
múltiples restricciones y prohibiciones que incluía, han motivado el
rampante incumplimiento del objetivo de aumentar la producción y bajar
los precios de los productos agrícolas, inaccesibles para la mayoría.

Las posibilidades que brinda el nuevo Decreto ley significan un tácito
reconocimiento del fracaso de la primera vuelta del arrendamiento. A
partir de ahora, se amplía hasta cinco caballerías la cantidad de
tierras a arrendar, se incluyen la actividad forestal y frutales, así
como el cultivo de flores y plantas ornamentales, se permite la
construcción de nuevas bienhechurías –casas y otras instalaciones
necesarias a la producción– en el perímetro de la tierra arrendada, y se
da la posibilidad de establecer relaciones con otras entidades, como
cooperativas o granjas estatales, para recibir servicios imprescindibles
a la producción.

Los gobernantes cubanos se niegan a entender que solo cuando entreguen
la tierra en condición de propiedad a los ciudadanos dispuestos a
producir, y cuando, además, eliminen las restricciones al libre comercio
de los renglones cultivados, se comenzará a dar los pasos necesarios
hacia la recuperación del agro cubano.

Si en realidad los únicos que han mantenido una producción sostenida y
de calidad son los campesinos individuales, eso es lo que hay que
incentivar, para impulsar la producción más allá de las cifras
manipuladas y la abundancia que solo habita en la ficción de los
noticieros televisivos.

Por el aumento sostenido de la producción agrícola, pasa la posibilidad
de revertir la crisis permanente de nuestra maltrecha economía,
restaurar el poder adquisitivo de la población, así como el valor del
dinero y el trabajo. Pero las autoridades deben demostrar la valentía
política y la sensibilidad que les permita realizar una nueva reforma
agraria que cumpla el reclamo histórico de la nación cubana: devolver la
tierra a los que la trabajan. Este reclamo, incumplido al nacer la
república, en 1902, reiterado y frustrado en la Constitución de 1940 y
con la revolución de 1959, vuelve a ser decisivo a la hora de definir el
futuro de una nación que sufre y sueña con el renacimiento que le niega
la indolencia criminal de un poder tan cobarde e irresponsable.

elical2004@yahoo.es

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